Como regla general, este Gobierno moribundo no castiga a los peores guiseros de nuestra nación, pues ¿por qué encarcelaría a sus mejores socios en la corrupción? Por eso, los intermediarios venezolanos involucrados en el mega guiso rojo de Odebrecht todavía están disfrutando de los fondos robados en plena libertad. Sin embargo, ¡el presidente Maduro está dando un paso más allá! Resulta que Nicolás busca transferir la rampante corrupción descubierta en los podridos contratos con Odebrecht hacia nuevos contratos sospechosos, los cuales también debemos abordar con un alto grado de desconfianza.
Como ya reportamos, una investigación del Departamento de Justicia de Estados Unidos reveló que la empresa constructora brasileña Odebrecht –la más grande de América Latina– pagó a partir de 2001 aproximadamente 788 millones de dólares en sobornos a 11 países, además de Brasil. Fuera de su país de origen, Venezuela fue el país que recibió la mayor parte de este dinero ilícito, pues Odebrecht entregó aproximadamente 98 millones de dólares a funcionarios gubernamentales venezolanos y a intermediarios, con el fin de obtener y mantener los contratos de obras públicas.
La gran reacción inicial del régimen de Maduro fue decir y hacer absolutamente nada, menos detener a periodistas que investigaban los casos de Odebrecht en Venezuela. Mientras países como México, Argentina, Ecuador, Colombia, Perú, República Dominicana, Panamá y Guatemala estaban tomando decisiones judiciales como apertura de investigaciones, detenciones y suspensión de contratos, Venezuela solo silenció su responsabilidad. De hecho, nuestro Presidente mencionó por primera vez a la constructora Odebrecht el 5 de febrero del 2017, un mes y medio después de que estallara el escándalo, en su absurdo programa dominical.
¿Y qué dijo Maduro sobre Odebrecht cuando finalmente abrió su boca? ¿Acaso aclaró el destino de los 98 millones de dólares? ¿Reveló cuáles fueron los funcionarios de su administración y del gobierno de Chávez recibieron los sobornos? ¡Claro que no! En cambio, dijo curiosamente que Odebrecht “se autodisolvió” –cuando en realidad debió suspender su trabajo por orden de la operación anticorrupción Lava Jato en Brasil– antes asegurando que se concluirán las obras de Odebrecht en Venezuela… a través de nuevos contratos con empresas estatales, ¡los cuales sin duda también estarán llenos de corrupción!
En realidad, el gobierno de Maduro solo está cocinando un nuevo guiso rojo bien sabroso para sus amigos enchufados. De acuerdo con la ONG Transparencia Venezuela, el Gobierno debe reasignar las obras de Odebrecht mediante contrataciones públicas transparentes que respondan a claros criterios de capacidad, precios y calidad, y no por adjudicación directa, como sucedió, no solo con Odebrecht, sino con otras empresas brasileras como Camargo Corrêa, QueirozGalvão y Andrade Gutierrez. Pues ¿qué garantía tiene el Gobierno para terminar las obras iniciadas? ¿De dónde saldrán los recursos financieros para culminar este conjunto de importantes proyectos? Si el Gobierno podía asumir los trabajos, ¿por qué contrató a una empresa extranjera como Odebrecht en primer lugar?
Según la Comisión de Contraloría de la Asamblea Nacional, por solo cinco obras de Odebrecht se cancelaron 16.000 millones de dólares, y la mayoría de ellas están sin terminar. El diputado Juan Guaidó, presidente de dicha comisión, ha señalado: “Hay obras como el segundo puente sobre el Lago (de Maracaibo) que han recibido siete veces más recursos de lo que está contemplado en el mercado internacional”. Por su parte, el diputado Julio Montoya ha estimado que los sobornos y sobreprecios de Odebrecht en Venezuela ascienden a unos 1.000 millones de dólares y ha denunciado que para las obras del Metro y ferrocarriles, el costo de cada kilómetro fue 300 veces superior a lo que cuesta en otros países.
En fin, el Gobierno no ha arrojado luz sobre la opacidad que lo caracteriza en el manejo y otorgamiento de concesiones de las grandes obras de ingeniería del país. Si el presidente Maduro solo reasigna los elefantes blancos que dejaron el caso Odebrecht a empresas nacionales para su culminación, sin tener que medir fuerzas contra sus rivales en licitaciones, o proveer información sobre la calidad de las obras exigidas, los plazos de entrega, los planes de diseños o subcontrataciones, ¡el carrusel de la corrupción de Odebrecht solo seguirá girando!
Además, se incrementan las dudas y sospechas ante la promesa de terminar las obras cuando se revisan las cifras de la construcción pública. Según los medios de comunicación, éstas cayeron en un 12% en el cuarto trimestre de 2014 y en un 42,8% en el último trimestre de 2015, y sin duda las cifras para el 2016 tampoco serán positivas. Maduro también dijo que las obras de Odebrecht se terminarán con “trabajo nacional, porque eso es cabilla, cemento y eso lo sabemos hacer los venezolanos”, pero ¡tampoco está garantizado el suministro de estos materiales! Desde que la Siderúgica del Orinoco (Sidor) fue expropiada en 2008, la producción de cabillas se ha desplomado, y en este momento la empresa se encuentra tan paralizada que está sembrando girasoles. La nacionalización de nuestra industria cementera, además, resultó en la escasez de insumos básicos de la construcción pues lleva ocho años en declive.
Mientras estos sinvergüenzas del régimen de Maduro se mantengan el poder, nosotros esperaremos toda una eternidad para que la verdad sobre los culpables del desfalco de Odebrecht, salga a la luz. Mientras tanto, seguirán llenando sus bolsillos a través de nuevos contratos – aparentemente, ¡nunca se agota el guiso de Odebrecht!