La fiscal general, Luisa Ortega Díaz, reveló que antes de ser despedida por la nueva Asamblea Constituyente obtuvo copias digitales de los documentos de corrupción que vinculan a altos funcionarios del Gobierno con la empresa brasileña Odebrecht.
Sobre este caso, asegura que continúan las investigaciones y todo marcha al pie de la letra, publicó The Wall Street Journal.
El medio reseñó que, aunque sus investigaciones seguramente serán ignoradas en el país, podrían llevar a más sanciones y mayor aislamiento financiero para la cúpula madurista, según abogados y activistas de derechos humanos.
“Si no puedo pasar por los canales internos, iré a las organizaciones internacionales”, dijo Ortega, de 59 años, durante una entrevista en una oficina temporal, en el sótano de un edificio ubicado en el este de Caracas.
La funcionaria, más resteada que nunca y sin miedo a las amenazas del oficialismo, no descartó volver a La Haya: “tengo un cuerpo de evidencias que me permite hacerlo”, comentó refiriéndose a la Corte Penal Internacional con sede en la ciudad holandesa.
Leal durante mucho tiempo al PSUV, Ortega Díaz rompió con Maduro en el mes de mayo tras las decisiones tomadas por el Poder Judicial contra la Asamblea Nacional y la represión durante las protestas pacíficas.
Sin embargo, Maduro se ha movido rápidamente para reducir las deserciones de su partido. En el caso de Ortega, los aliados del presidente dentro de la judicatura y la policía se movieron para quitarle los poderes a la fiscal general y silenciar sus investigaciones.
Debido a que la Constitución le impidió despedir a Ortega, Maduro lanzó una constituyente para sustituir al Parlamento controlado por la oposición.
“Apenas horas después de asumir el cargo la semana pasada, la Asamblea Constituyente votó por unanimidad mi destitución y el Estado decidió cerrar mis investigaciones e intimidar a los fiscales leales a mí”, acotó.
No obstante, los fiscales brasileños señalaron que siguen considerando a Ortega Díaz como la abogada legal del país y continúan cooperando con ella en los casos de corrupción que involucran a ambos países. 12 países de las Américas emitieron una declaración el martes para apoyarla.
“La relación entre los fiscales en Brasil y en Venezuela es de confianza”, dijo Vladimir Aras, jefe de cooperación internacional de la fiscalía de Brasil.
La semana pasada, la titular envió a dos fiscales venezolanos a Brasil para entrevistar a dos personas conectadas con Odebrecht, según Aras. La compañía declaró casi 100 millones de dólares de sobornos no especificados en Venezuela, como parte de un acuerdo de $ 3,5 mil millones con el Departamento de Justicia de los Estados Unidos en diciembre.
Los fiscales entrevistaron a Mônica Moura y su esposo João Santana, consultores políticos brasileños que habían declarado que recibieron una donación no declarada de Odebrecht y otra empresa brasileña de construcción Andrade Gutierrez por 9 millones de dólares para financiar la campaña del fallecido predecesor de Maduro, Hugo Chávez, en 2012.
La señora Moura también había testificado que recibió otros 11 millones de dólares en efectivo personalmente de Maduro para la campaña.
De igual manera, se conoció que el Departamento de Justicia de Estados Unidos está compartiendo sus pruebas con Ortega y los ejecutivos de Odebrecht también están cooperando para obtener un cuerdo, según personas familiarizadas con el asunto.
Hasta el momento, el Estado se ha negado a comentar las acusaciones de Odebrecht, pero el mandatario ha dicho en el pasado que todas las acusaciones de agravio contra su gobierno forman parte de un plan respaldado por Estados Unidos para debilitarlo.