Ventas en mercados municipales cayeron 50% por temor a toma del gobierno

Habrá más escasez al convertir los establecimientos en centros CLAP porque se cierran opciones de suministro a la gente, afirmaron fuentes del sector

Las ventas en los mercados municipales de la Gran Caracas se derrumbaron 50% debido a la poca afluencia de clientes ante una posible acción violenta de las policías y la Guardia Nacional Bolivariana, cuando ocurran las tomas de los establecimientos por orden el gobierno, señaló Germán Mora, dirigente gremial del sector.

Consumidores les han manifestado que no quieren repetir las experiencias anteriores de confiscaciones e inspecciones en las que los cuerpos de seguridad han maltratado a los usuarios por observar los operativos. “La gente prefiere no ir al mercado para no pasar un mal rato”, afirmó.

El presidente Nicolás Maduro anunció la semana pasada la toma de los mercados municipales para “expulsar a las mafias que ocasionan el incremento de los precios de los productos” al consumidor. “Las mafias no son los comerciantes de los puestos, sino los funcionarios y terceros que se encargan de acaparar y especular”, insistió.

Mora destacó que los concesionarios no venden en los puestos productos con precios regulados como harina de maíz, azúcar y arroz porque los colectivos, consejos comunales y el director representante de Inmerca se llevan para su distribución 75% y 25%, respectivamente, de la mercancía de los camiones que llegan.

Recordó que los mercados municipales de Caracas están de hecho intervenidos desde hace 10 años mediante la orden ejecutiva que invirtió la composición de los directores integrantes de las juntas administradoras. “La ordenanza, todavía vigente, establece 3 representante de los concesionarios, 1 de Inmerca y otro del consejo comunal, pero desde hace 10 años Inmerca y la alcaldía tienen 3 representantes dejando un solo concesionario”, explicó.

La orden ejecutiva permite la presencia de agentes de las policías, municipal y nacional, y de guardias nacionales en las instalaciones, estacionamientos, depósitos y puestos comerciales de los mercados. Otra queja de los concesionarios es el aumento constante del condominio: el último alquiler de un puesto estaba entre 2 millones y 20 millones de bolívares.

Con respecto a la intención de convertir los mercados en centros de distribución de los Comités Locales deAbastecimiento y Producción, Mora indicó que la medida es contraproducente porque se les cierran a los usuarios las opciones independientes para abastecerse de alimentos y otros productos básicos, lo cual generará más escasez.

Fuentes sindicales, que pidieron no mencionar sus nombres, informaron que el gobierno se contradice con la medida de convertir los mercados municipales en centros de abastecimiento. “Los automercados Bicentenario, que fueron cerrados hace casi un año para transformarlos en tiendas CLAP, todavía no han sido abiertos al público y ¿ahora quieren sumar los mercados municipales?”, dijo una de las fuentes.

Refirió que la remodelación del espacio en los Bicentenario es completa, sin embargo, “es un misterio si allí venderán las cajas y bolsas de los comités de abastecimiento completas o por producto. También se ignora las condiciones de trabajo del personal que está o van a contratar”.

En la puerta del otrora Abasto Bicentenario de San Bernardino, la vigilancia privada se mantiene hermética cuando los transeúntes les solicitan información de cuándo abrirán y si van a vender los CLAP directamente a los usuarios o a través de los consejos comunales.

“El gobierno delegó en concesionarios privados, varios cercanos al sector militar, la administración y manejo de las tiendas CLAP como ocurre con algunas distribuidoras mayoristas de alimentos ubicadas en el exterior del país, que suministran los artículos para las cajas de comida”, indicó otra fuente.

Usuarios de las bolsas y cajas CLAP expresaron que la entrega se regularizó días antes de las elecciones del 20 de mayo, pero persisten los problemas de sustitución de los alimentos como más paquetes de un arroz de baja calidad por el azúcar y el atún.

Otro reclamo es el aumento continuo del transporte a cargo de choferes privados. “Para enero pasado pagábamos 1.000 bolívares por cada caja, pero subió a 9.000 bolívares en mayo”, refirió un residente de un edificio en el centro de Caracas.

Con información de: El Nacional

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