Venezuela en la CPI y el cambio de la política en Latinoamérica

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Colombia, otros cuatro países latinoamericanos y Canadá, le solicitaron a la Corte Penal Internacional que investigue cómo el gobierno venezolano estaría violando los derechos humanos de sus ciudadanos. ¿Por qué el alto tribunal internacional debería revisar esta solicitud con cautela?

Por: Daniel Marín López* y Aaron Acosta / El Tiempo 

“Hechos políticos como el de hoy honran la memoria de los asesinados y restituyen la esperanza de justicia en los torturados, los presos políticos y sus familias, los exiliados forzosamente y todos los venezolanos que sufren, que pasan hambre, que rebuscan comida en la basura, que carecen de medicinas…”.

Así reaccionó Luis Almagro, Secretario General de la Organización de los Estados Americanos (OEA), a la petición que Argentina, Colombia, Chile, Paraguay, Perú, y Canadá le hicieron a la Corte Penal Internacional (CPI) para que considere la posibilidad de abrir una investigación en contra del gobierno de Venezuela por presuntas violaciones de derechos humanos en ese país.

La noticia se conoció el pasado 27 de septiembre y rápidamente la comunidad reaccionó a favor de estos seis gobiernos, catalogando la situación como un hecho histórico, pues es la primera vez que un grupo de Estados miembros del Estatuto de Roma denuncian presuntas violaciones ocurridas en territorio de otro país-miembro.

La solicitud marca un cambio trascendental en la política y diplomacia de la región latinoaméricana pues rompe con la norma regional del principio de no intervención –contemplado en el artículo 19 de la Carta de la OEA- y la cultura tácita de fraternidad entre sus países.

“Ningún Estado o grupo de Estados tiene derecho de intervenir, directa o indirectamente, y sea cual fuere el motivo, en los asuntos internos o externos de cualquier otro”, se lee en Carta de la OEA.

Romper con este principio sin duda genera tensiones entre los gobiernos y podría abrir una ventana peligrosa, pues además de poner a la CPI en el ojo de las disputas políticas de la región puede acrecentar el clima hostil que se vive de este lado del Atlántico.

La noticia coincide con el auge en la elección de gobiernos de derecha en Latinoamérica, situación que ha incrementado las tensiones y los discursos polarizados en política exterior.

Desde la elección de Mauricio Macri como presidente de Argentina en 2015, una nueva diplomacia de derechas se ha arraigado en algunos de los países más poderosos de América Latina, tal como lo demuestran las recientes elecciones de 2018 de Iván Duque en Colombia, Sebastián Piñera de Chile y Mario Abdo Benítez de Paraguay y la reciente victoria presidencial en Brasil del candidato de extrema derecha Jair Bolsonaro.

Con este giro político regional, que promete ser bastante confrontacional, la CPI debe tener cuidado y estar al tanto sobre el riesgo de que este tipo de peticiones sean utilizadas por estos gobiernos para promover sus agendas políticas en la región, instrumentalizando su rol como tribunal internacional y poniéndola a terciar en desencuentros políticos.

Esto podría derivar en un peligroso embrollo político en el que las víctimas de violaciones de derechos Humanos en Venezuela y el objetivo común de buscar que se haga justicia, podrían dejar de ser una prioridad en la diplomacia latinoamericana.

Estos ánimos caldeados ya han empezado a surgir, en especial sobre cómo lidiar con fenómenos tan complejos como el éxodo de venezolanas y venezolanos o la presión que tiene la OEA para enfrentar la tragedia.

El presidente Vizcarra de Perú dijo a la Asamblea General de la ONU en septiembre de 2018 que “la magnitud de este éxodo no tiene precedentes en nuestra región … [y] Exige una acción colectiva de la comunidad internacional.”

Quizás los países de América Latina, agobiados por el éxodo de venezolanas y venezolanos, esperan que la remisión a la CPI ayude a frenar esta afluencia o, al menos, a condenar sus causas estructurales.

Además, las presiones que han recaído sobre el Secretario General de la OEA han extremado su función diplomática. Reaccionando a los reclamos de su ineficacia
en la región, Luis Almagro ha hecho de su proyecto personal conseguir una investigación de la CPI sobre la situación en Venezuela.

De hecho, a mediados de septiembre el Secretario desató una tormenta de críticas cuando comentó que “en cuanto a una intervención militar para derrocar al Régimen de Nicolás Maduro, creo que no debemos descartar ninguna opción…”.

Aunque posteriormente negó su defensa del uso de la fuerza militar en Venezuela, el asediado Secretario General ha mantenido su firme apoyo a la remisión a la CPI.

A todo esto se suma las reacciones internas frente a la jurisdicción de la CPI. Considerando que el pasado 25 de abril Venezuela anunció su retiro de la OEA, para muchos el camino que le queda a Maduro es también renunciar al Estatuto de Roma para evitar que avancen futuras investigaciones.

Sin embargo, en marzo de este año la Fiscal de la CPI, Fatou Bensouda, recordó que “la CPI retiene su jurisdicción sobre los delitos cometidos durante el tiempo en que el Estado era parte en el Estatuto y puede ejercer esta jurisdicción sobre estos delitos incluso después de hacerse efectivo el retiro”, esto lo dijo a propósito del anuncio de Filipinas de renunciar al Estatuto.

“La CPI debe tener cuidado y estar al tanto sobre el riesgo de que este tipo de peticiones sean utilizadas por estos gobiernos para promover sus agendas políticas en la región”

Además, si un Estado decide abandonarlo, su retiro se hace efectivo sólo un año después de que sea anunciada la renuncia.

Sin minimizar la severidad de la crisis humanitaria que enfrenta Venezuela y la fuerte probabilidad de que se hayan cometido crímenes de lesa humanidad en su territorio, la Fiscal Bensouda debería analizar la remisión teniendo en cuenta el drástico cambio político que está ocurriendo actualmente en América Latina y debe tener cautela si decide implementar medidas que puedan llevar a una investigación. Así podría asegurar que sus acciones resulten en la paz, en lugar del caos.

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