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Una red mundial de lavado y narcotráfico se tejió a través del Banco Peravia

José Luis Santoro se define en su blog como el “ejemplo de un venezolano luchador”. Es muy conocido en Maracay, Aragua, por su participación en compañías como la Televisora Sindoni (TVS), el diario El Aragüeño, TIC Televisión, Plásticos Celia, la compañía de productos de higiene personal Croma, Impresos Latinoamericanos, así como ferreterías, gasolineras y hasta un alquiler de carros en Doral Beach, Estados Unidos. El próspero empresario ha sido también presidente de Fedeindustria, de la Cámara Nacional de Juguetes y de la Cámara Venezolana de Televisoras Independientes.

Santoro, quien era accionista minoritario de TVS, no sólo logró obtener el control del canal luego de que su presidente, Filippo Sindoni, fuera asesinado en 2006, sino que además convenció a la Comisión Nacional de Telecomunicaciones (Conatel) de que la concesión de la televisora no debía cesar tras la muerte de su accionista mayoritario, como sí ocurrió con otras emisoras.

Cuando los herederos de Sindoni lograron que la justicia les devolviera el control del canal en 2011, Santoro partió a República Dominicana y en diciembre de aquel año adquirió el Banco Peravia junto a Gabriel Jiménez Aray, un abogado que participaba en el litigio por TVS, pero en representación de los Sindoni.

Su novel socio Jiménez Aray había tenido un cargo de poca influencia en el Ministerio de Finanzas, al que ingresó de la mano de Rafael Isea, quien en 2008 estuvo brevemente al mando de ese despacho antes de ganar la gobernación del estado Aragua como candidato del PSUV.

Fuentes de sectores económicos y políticos en Venezuela identifican a Santoro y Jiménez Aray como testaferros del exmandatario regional y los nexos son tan fuertes, que cuando Isea decidió negociar con la DEA (Drug Enforcement Administration) para convertirse en testigo protegido, lo hizo desde República Dominicana, motivado por las relaciones que mantenía con los directivos del Banco Peravia, según señaló el diario El Nacional en septiembre de 2013.

La investigación dominicana

La Superintendencia de Bancos de República Dominicana envió a la Fiscalía de ese país un informe para sustentar la acusación criminal contra Santoro, Jiménez Aray y otros involucrados por los manejos turbios del Banco Peravia. El documento de 157 páginas, que Contrapunto obtuvo en exclusiva, fue preparado por la Comisión de Disolución de la entidad y detalla las operaciones de lavado de dinero, estafas, préstamos a narcotraficantes que cumplen condenas en cárceles estadounidenses y hasta desvíos de transferencias bancarias, una que incluso afectó al Banco Central de Venezuela (BCV).

El ente emisor había transferido 3,59 millones de dólares a la cuenta que el Consorcio Kaya Armoring Blindados tenía en el Banco Peravia. La operación permitiría cumplir con el pago de unas camionetas que el BCV compró a la empresa colombiana, pero el dinero nunca llegó a su destino.

Las operaciones del Banco Peravia eran irregulares de varias formas. Las autoridades financieras dominicanas detectaron que la institución logró desviar recursos a través de suplantación de identidades, falsificaciones de documentos, el otorgamiento de préstamos fraudulentos para pagar a proveedores y acreedores, pero también se sustrajeron fondos mediante créditos ficticios para los que los directivos utilizaron los datos de sus clientes y también autorizaron préstamos a terceros que luego eran desviados hacia las cuentas de los directivos o ejecutivos del propio banco.

En el reporte de la Comisión de Disolución que la superintendencia dominicana preparó se demuestra que 80% de las operaciones del Banco Peravia eran simuladas y que la “instrumentación de fraudes de créditos fue implementada desde el año 2005 por parte de los directivos de entonces, y que continuó a partir del año 2012 tras la venta y traspaso a los nuevos accionistas”, es decir a Santoro y Jiménez Aray. Antes de ellos, el banco estaba en manos de la familia Serret, de origen dominicano, que tras la venta se quedó con una participación minoritaria en la entidad.

En la página 6 del informe se explica que desde abril de 2011 la institución fue sometida a varios planes de fortalecimiento por parte de la Superintendencia de Bancos, con la finalidad de “corregir las múltiples debilidades detectadas durante las inspecciones”, pero sin éxito. Cuando finalmente las autoridades decidieron que ya era hora de liquidar al Peravia, en diciembre de 2014, se detectó un faltante de recursos por más de 31 millones de dólares.

Un narco beneficiado

El informe está lleno de pruebas de los préstamos que fueron otorgados a personas que aseguran no haberlos recibido, pero también otros casos en los que se actuó en connivencia con los beneficiarios de los créditos.

La superintendencia encontró un expediente que revela que el 23 de agosto de 2012 el Peravia le prestó 14.600 dólares al dominicano Wilson Darío Valdez Dietsch, quien se encuentra en una cárcel de Nueva Jersey, Estados Unidos, desde el año 2007. La justicia estadounidense demostró que Valdez, cuya condena se extiende hasta 2019, participaba en la distribución de cocaína en Jersey del Norte, Nueva York, Pittsburgh y Florida, en alianza con el colombiano Alejandro Cleves, conocido como el “Caballero de la Cocaína”, quien fue detenido en el año 2008 tras demostrarse amplias conexiones con carteles de la droga en Colombia.

En el expediente bancario había una planilla firmada por Valdez con la solicitud del préstamo que fue aprobada por miembros de la familia Serret, antiguos dueños y ahora accionistas minoritarios del Peravia, y que cuenta con firmas notariadas. También reposa en la carpeta una copia del reporte del Departamento de Corrección de Nueva Jersey con la información de la sentencia a Valdez y hasta un reporte que indica que el presidiario saldó su deuda el 30 de mayo de 2014.

La red de militares y policías

La Fiscalía dominicana investiga a 25 policías y militares por su presunta participación en los fraudes cometidos por el Banco Peravia. Fuentes cercanas al caso, que prefirieron no revelar su identidad por razones de seguridad, dijeron a Contrapunto que Santoro y Jiménez Aray eran “expertos en conformar células de militares, policías y jueces en República Dominicana y Venezuela para que los protegieran en el negocio del lavado de dinero”.

Yeni Berenice Reynoso, la fiscal dominicana del Distrito Nacional, dijo esta semana que no se descarta la acusación e imputación de algunos de ellos por la comisión de delitos vinculados con las irregularidades detectadas en la institución financiera, según publicó esta semana el periódico dominicano Listín Diario.

Ya el capitán de la Policía Nacional de República Dominicana, Brezhnev Jiménez, fue apresado junto a otros cuatro ciudadanos en diciembre de 2014 bajo cargos de lavado de dinero a través del Banco Peravia y de narcotráfico. En el local de Santo Domingo donde fue detenido se encontraron títulos de propiedad y otros documentos del banco, que entonces ya estaba intervenido, además de casi seis kilos de cocaína.

La Unidad Antilavado de la isla caribeña detectó que el policía era el líder y mecenas de una red para mover drogas desde Perú hasta Estados Unidos, pasando por República Dominicana. A cada uno de los cinco detenidos se les dictó un año de prisión preventiva, según reseñó el diario dominicano El Nacional.

También fueron relacionados a la investigación cuatro pilotos venezolanos y dos técnicos dominicanos que fueron detenidos el pasado 10 de marzo cuando intentaron volar una avioneta de los directivos del Banco Peravia sobre la que pesaba una medida judicial que impedía su uso. El plan era llevar la aeronave desde el aeropuerto Joaquín Balaguer de Santo Domingo a Venezuela. Se les acusó de robo, pero ellos aseguraron que fueron contratados para hacer el trayecto. Los pilotos fueron liberados por un tribunal dominicano el jueves 26 de marzo, tras demostrarse que no estaban vinculados con Santoro y Jiménez Aray.

No siempre las autoridades dominicanas estuvieron pendientes de que la medida para inmovilizar la avioneta Cessna de matrícula N61MA se cumpliera. El pasado 3 de febrero, ya vigente la orden, se registró un vuelo entre los aeropuertos Opa-Locka Executive, en Miami, y el Joaquín Balaguer, según reporta la web FlightAware, dedicada a registrar vuelos.

La conexión con la mafia siciliana

Las fuentes consultadas por Contrapunto aseguraron que una de las tantas vías que consiguieron Santoro y Jiménez Aray para lavar dinero fue a través de Casinos Dreams, una empresa de capital canadiense inmersa en un escándalo de grandes proporciones que involucra incluso a la mafia siciliana.

Los informantes relataron que Sasha Visser era uno de los trabajadores de la Corporación Dreams, propietaria de los casinos, y llegó a ser tan importante a mediados del año pasado que podía representar legalmente a la empresa, pero además estaba conectado con el Banco Peravia a través de una cuenta que poseía en esa institución.

Si bien el informe de la Superintendencia de Bancos no habla de las relaciones entre la entidad bancaria y la corporación, dos fuentes sin conexión entre sí confirmaron a Contrapunto que Santoro y Jiménez Aray conocían a Visser, hacían negocios con él y que, incluso, gozaban de los beneficios del personal de seguridad –serbios, en su mayoría– que Visser contrataba para Dreams. Uno de los consultados afirmó que la red de casinos funcionó para lavar el dinero del Peravia, pero también para muchos negocios más.

“Eso es lo que Vito Rizzuto aparentemente quería hacer con Casinos Dreams”, dijo una fuente. Rizzuto era el padrino de la mafia siciliana en Montreal, Canadá. Murió en diciembre de 2013, en medio de las investigaciones que las autoridades dominicanas y canadienses adelantaban sobre el lavado de dinero a través de los casinos y unas 1.000 bancas de apuestas en República Dominicana. Las autoridades no han culminado las pesquisas, pero medios canadienses reportan que Rizzuto habría presionado a los hermanos Franceso y Antonio Carbone, quienes estaban al frente de Casinos Dreams financiados por el multimillonario canadiense Michael DeGroote, para que blanquearan capitales a través de varias empresas.

El diario Global News señala que Vito había tomado el control de los negocios de su padre, Nicolo Rizzuto Sr., cuando éste fue condenado a cinco años prisión en 1988 por tráfico de cocaína desde Venezuela hasta Canadá, pasando por República Dominicana.

A Santoro y Jiménez, en su papel de directivos del Banco Peravia, no sólo se les relaciona con el blanqueo de capitales a través de Casinos Dreams. Las fuentes consultadas revelaron que cuentan con empresas en las islas Seychelles (África) y en Andorra (Europa) para lavar dinero, además de tener influencia en el South American International Bank de Curacao, la única entidad bancaria que no cesó sus alianzas con el Peravia cuando las autoridades dominicanas encendieron las alarmas.

La Fiscalía de República Dominicana ha señalado que solicitó a la Interpol (Policía Internacional) que incluya a los banqueros venezolanos en la lista de los delincuentes más buscados del mundo, pero todavía no aparecen en el sistema. Ahora prófugos de las autoridades dominicanas, a Santoro se le ha visto en estos días en Maracay, mientras que Jiménez Aray se encuentra en Florida, Estados Unidos, aseguraron fuentes.

Un falsificador de arte formó parte de la directiva del Banco Peravia

El gallego José Carlos Bergantiños aguarda a que la Audiencia Nacional de España decida su extradición a Estados Unidos. El FBI le solicita por estafa, lavado de dinero y ofensas contra la hacienda pública, delitos que fueron cometidos a través de la venta de más de 60 cuadros falsificados por un valor de más de 30 millones de dólares, en lo que los medios han calificado como uno de los más impactantes escándalos del mercado de arte en la última década.

Bergantiños ha repartido su vida entre Estados Unidos y República Dominicana, lugares en los que desarrolló vínculos con el mundo del arte. Fue en Nueva York donde conoció al artista chino Pei-Shen Qian, a quien contrató para falsificar las obras de íconos del arte moderno como Franz Kline, Jackson Pollock, Lee Krasner y Willem de Kooning, entre otros. Lo descubrió en las calles neoyorquinas, donde el pintor chino vendía sus obras.

Su negocio de la falsificación se extendió desde principios de los años 90 hasta junio de 2009 y en el mismo, aseguraron las autoridades estadounidenses, participaron su novia mexicana Glafira Rosales y su hermano Jesús Ángel Bergantiños, todos detenidos en la actualidad. Los cuadros pintados por Qian en el garaje de su casa, en Queens, eran luego envejecidos por Bergantiños a través de diversas técnicas, como el uso de bolsitas húmedas de té sobre el lienzo, de manera que el engaño pasara inadvertido y así luego poder venderlos. Una de las galerías que durante años cayó en la trampa fue la reconocida Knoedler & Company, que cerró en el año 2011, afectada por los rumores de las falsificaciones.

Antes de su detención en abril del año pasado, José Carlos Bergantiños ya era un hombre conocido en ciertos círculos por sus labores filantrópicas y por sus contactos con la élite neoyorquina. Incluso, era el embajador del Rotary Club de Nueva York, un papel que le otorgó a finales de 2012 la influencia suficiente para apadrinar el ingreso al exclusivo club social de los directivos del banco dominicano Peravia, los venezolanos José Luis Santoro y Gabriel Jiménez Aray, ahora prófugos de la justicia.

Los banqueros tenían claras intenciones de dar el salto hacia la Gran Manzana y así lo hicieron saber durante ese debut en el Rotary Club. El propio Santoro declaró entonces que pronto ofrecerían servicios bancarios para la comunidad dominicana radicada en Nueva York, según reportó el diario La Nación Dominicana. En ese acto el Banco Peravia hizo una donación a las víctimas del huracán Sandy, ocurrido en octubre de 2012, “un gran acto de humanidad por primera vez en el club”, reseñó el portal Dominican Today, que no ofreció detalles sobre el monto.

El aporte del falsificador

Las autoridades caribeñas quieren detener a Santoro y a Jiménez Aray por las operaciones fraudulentas que hirieron de muerte al Banco Peravia. La fiscalía dominicana solicitó recientemente a la policía internacional, la Interpol, que active un alerta a fin de que los venezolanos sean incorporados a la base de datos de los delincuentes más buscados del mundo.

La Superintendencia de Bancos de República Dominicana detectó que durante años se desviaron recursos mediante la suplantación de identidades, falsificación de documentos, otorgamiento de préstamos fraudulentos para pagar a proveedores y acreedores. Se sustrajeron fondos del Peravia mediante créditos ficticios y se autorizaron préstamos a terceros que luego eran desviados hacia las cuentas de los directivos o ejecutivos del banco.

Una de las situaciones que la Comisión de Disolución del Banco Peravia relató en un informe al que Contrapunto tuvo acceso exclusivo fue precisamente el momento en que la historia de Bergantiños se cruza con la de la institución financiera. Fue en febrero de 2013 cuando Santoro y Jiménez Aray muestran interés en comprar los activos y pasivos del Banco de Ahorro y Crédito Micro, que recién había quebrado. El beneficio que veían los venezolanos con la compra es que esta entidad contaba con la licencia para emitir tarjetas de crédito con el aval de Master Card.

Micro había decidido firmar una especie de copatrocinio que permitía al Peravia emitir tarjetas de crédito con la misma licencia. Fue justamente con esos instrumentos de pago que los banqueros venezolanos lograron concretar algunos de los fraudes por los que ahora están solicitados por las autoridades.

Pero en la Superintendencia de Bancos dominicana temían que el fin de Micro llevara a una crisis de reputación entre los tarjetahabientes del Peravia, que verían extinguirse sus instrumentos de pago. Por eso en mayo de 2013 decidieron escuchar las ofertas que Santoro y Jiménez Aray hicieron por la quebrada institución, pero además exigieron a los venezolanos que le inyectaran un capital de 50 millones de pesos dominicanos (equivalente a 1,12 millones de dólares) a cambio de acceder a un millonario fondo de garantía que ayudaría a sanear los activos del Banco de Ahorro y Crédito Micro.

Según el informe de las autoridades dominicanas que fue revisado por Contrapunto, se descubrió que 88% de los recursos para inyectar capital a Micro provenían de unos certificados financieros que habían cobrado los hermanos Bergantiños, “los cuales están vinculados a un caso de estafa a través de falsificación de obras de arte en Nueva York, Estados Unidos”, indica la página 20 del reporte de la superintendencia que sirve para sustentar la acusación criminal contra los accionistas del Banco Peravia en República Dominicana.

Una vez que se aprobó la operación de compra de los activos y pasivos de Micro, José Carlos Bergantiños pasó a formar parte del consejo de administración del Peravia. Santoro contó que se sumaba a la junta directiva “bajo el compromiso de orientar sus esfuerzos a impulsar los planes de crecimiento del Banco Peravia en República Dominicana”, según publicó en su blog en el mes de mayo de 2013.

Pero el 25 de abril del año pasado, cuando tocaba renovar el consejo de administración, Bergantiños salió del cuadro directivo del Banco Peravia. Cinco días antes había sido apresado en un lujoso hotel en Sevilla, España, por la falsificación de las obras de arte por la que el FBI llevaba meses buscándole.

Ese fue el principio del fin para la aventura bancaria de Santoro y Jiménez Aray en suelo dominicano. Las autoridades de la nación caribeña comenzaron a reforzar la supervisión y a hacer visitas sorpresa a la entidad, tras detectar operaciones sospechosas, lo que culminó en diciembre del año pasado con la orden de cerrar la institución. La historia del Banco Peravia, una que acabó ligada al narcotráfico y a la mafia, llegó a su final.

Un centenar de venezolanos fueron estafados con pagarés por el Banco Peravia

Los manejos del Banco Peravia, con sede en República Dominicana y propiedad de los venezolanos José Luis Santoro y Gabriel Jiménez Aray, ocasionaron que al menos 100 clientes venezolanos perdieran sumas millonarias en dólares.

Las autoridades de la isla caribeña han descubierto otras irregularidades, que van desde lavado de dinero hasta préstamos fraudulentos, por las que esperan imputar a Santoro y Jiménez Aray, quienes deberán regresar a la República Dominicana a una audiencia que se realizará el próximo 30 de junio en el tribunal que lleva el caso.

Fuentes judiciales revelaron que los banqueros esperan que en esa cita se declare inadmisible la demanda penal, mientras que la Fiscalía dominicana está pidiendo la imposición de un régimen de presentación, el pago de una fianza y la prohibición de salida del país.

Las operaciones que directamente afectaron a un centenar de venezolanos quedaron plasmadas en el “Informe del proceso de disolución del Banco Peravia”, que fue presentado por la Superintendencia de Bancos de República Dominicana el 20 de enero, y al que Contrapunto tuvo acceso exclusivo. Allí se indica que los accionistas y directivos principales de la entidad emitieron unos pagarés notariales (conocidos en Venezuela como letras de cambio), canjeables por dólares, a los venezolanos interesados en abrir cuentas en ese banco.

Fuentes cercanas a la investigación revelaron que los afectados entregaban las divisas de manera informal a este banco en Venezuela y que posteriormente se les otorgaban letras de cambio en la nación isleña.

Pero había un detalle: estos certificados notariales no podían ser depositados de inmediato para hacerse efectivos, porque la entidad bancaria no tenía permiso para captar recursos en monedas distintas al peso dominicano. “Nos decían que los mantuviéramos por tres meses para que no se viera sospechoso, pero luego nos pedían que esperáramos más porque no tenían liquidez. Nunca nos depositaron“, dijo uno de los afectados, que declaró a Contrapunto bajo condición de anonimato.

El atractivo para embarcarse en esas operaciones era un interés de 8% anual, muy por encima de lo que pagan los bancos de Estados Unidos en cuentas similares, en las que apenas superan el 0%.

En total pasaban seis meses hasta que los directivos del Peravia buscaban soluciones alternativas. Las fuentes relataron que Santoro y Jiménez Aray, en algunos casos, ofrecieron terrenos en Boca Chica, una zona playera a 40 kilómetros de Santo Domingo, para saldar las deudas por los certificados notariales, pero en realidad esas tierras no les pertenecían.

Otra de las soluciones que encontraron los directivos del Banco Peravia para resolver la situación fue otorgar tarjetas de crédito a los tenedores de los certificados.

Los consumos eran pagados por “el Banco a través de operaciones fraudulentas”, según consta en el informe de la Superintendencia de Bancos de República Dominicana. En algunos casos retiraban dinero de cuentas que tenían otros clientes en la institución, sin consultarles, y autorizaban préstamos a personas vinculadas a la directiva del banco, como familiares o empleados, o a clientes que no los habían solicitado y ni siquiera llegaban a enterarse de estas operaciones.

Los tenedores de los pagarés sí llegaron a tener cuentas de ahorro en el Banco Peravia, donde les depositaban los intereses que no podían ser plasmados contablemente porque el dinero principal no existía allí. Esas remuneraciones eran pagadas por las empresas relacionadas con el Banco Peravia: Unión de Seguros, Peravia Group LLC y Murviel Trading, todas propiedad de Santoro y de Jiménez Aray, según revelaron los documentos de las autoridades del país caribeño.

La superintendencia dominicana aseguró en su reporte, que sirve para sustentar la acusación administrativa y penal contra los banqueros, que estas empresas actuaron a nombre del Banco Peravia “para obtener sus ventajas ilícitas” y que “eran manejadas desde la Presidencia del Banco en el Piso 8 del edificio Fivalores, en Santo Domingo, con la finalidad de captar del público valores y dinero”. Desde esa oficina comenzó a despachar Jiménez Aray en abril del año pasado, de acuerdo a lo indicado en el informe.

Perfiles de los afectados

Medios de comunicación dominicanos han recogido las denuncias de algunos de los afectados que han demandado a Santoro y Jiménez Aray en República Dominicana. Entre ellos figuran:

– Bertha Fernández Veliz: la venezolana reclama 3 millones de dólares, más 35 millones de pesos dominicanos (que equivalen a más de 780.000 dólares). Es dueña de la compañía Nespir, con sede en Puerto Cabello, dedicada al sector de fertilizantes. Según una decisión de la Corte de Apelaciones y de Responsabilidad Penal de Adolescentes del estado Carabobo, en 2010 se le dictó a ella y a otras personas un bloqueo a sus cuentas bancarias por un caso relacionado con el tráfico ilícito de sustancias estupefacientes y psicotrópicas. En su caso está vigente una orden de aprehensión desde entonces.

– Juan Carlos Gómez Urdaneta: el empresario zuliano exige al Banco Peravia que le reconozca pagarés notariales por 1,8 millones de dólares. Es directivo de la empresa 404 Brickell Investments LLC, la cual fue registrada en Estados Unidos en marzo del año pasado y está ubicada en Miami, Florida, a escasos metros de la antigua sede de Peravia Group LLC, en el exclusivo distrito financiero de Brickell Avenue, según refieren los registros públicos estadounidenses.

– Luis Ríos Virla: también zuliano, es socio de Gómez Urdaneta en la compañía 404 Brickell Investments LLC y demanda al Peravia el pago de 2,5 millones de dólares. Tiene una empresa, Beyond Tech Com, que está registrada en España y tiene una oficina en Caracas. Ha tenido alta exposición en los medios dominicanos luego de un confuso episodio en octubre del año pasado, cuando una comisión intentó apresarlo en el hotel Holiday Inn de Santo Domingo. El empresario dijo que se trató de un intento de secuestro, con el objetivo de amedrentarlo para que no siguiera exigiendo el dinero, pero representantes de los banqueros dijeron que Ríos Virla intentaba extorsionarlos.

– New Asia Novelty: la empresa reclama al Banco Peravia que le reconozca dos millones de dólares que estaban representados en pagarés notariales. La compañía fue registrada en Hong Kong en el año 2011, pero el dominio de la página web (que no tiene contenido) fue inscrito por Undex Solutions, una agencia creativa con sede en el estado Carabobo.

– Sol María Sthormes: la empresaria le reclama al banco el pago de 37 millones de pesos dominicanos (equivalentes a 827.000 dólares). En Venezuela ella está al frente de las empresas Producciones del Sol (Prosolca), Prosol Servicios, Prosol Suministros y hasta de una funeraria en Maracaibo. Las compañías aparecen habilitadas en el Registro Nacional de Contratistas y no figuran contrataciones con el Estado.

– Improal 2008: la Importadora de Productos Alimenticios 2008 espera que la entidad dominicana le devuelva los 700.000 dólares que fueron entregados a cambio de un pagaré que nunca fue reconocido. La empresa venezolana lleva un par de años intentando por la vía judicial que les regresen los recursos, pero hasta los momentos los tribunales han desestimado las demandas, según reseñaron medios de comunicación de República Dominicana.

Otros nombres de venezolanos que han surgido en medio de los reclamos judiciales al Banco Peravia son los de Carmen Magaly Gamargo, la Corporación Den 11 y la empresa colombiana Kaya Armoring Blindados, con sede en Panamá, que mantiene una demanda contra la entidad bancaria por una transferencia de 3,5 millones de dólares que le hizo el Banco Central de Venezuela como pago por una compra de vehículos, pero esta jamás se hizo efectiva.

Préstamos irregulares durante gestión venezolana

En agosto del año pasado la Superintendencia de Bancos dominicana detectó operaciones extrañas y comenzó a hacer visitas sorpresas al Peravia. Globalmente descubrieron la entrega de 1.292 préstamos irregulares, equivalentes a cerca de 32 millones de dólares, que ocurrieron entre los años 2005 y finales de 2014, cuando la institución fue intervenida y obligada a cerrar por la Superintendencia de Bancos.

Cuando Santoro y Jiménez Aray compraron el banco, en mayo de 2012, las operaciones fraudulentas registraron un fuerte incremento. El informe que el ente de supervisión bancaria preparó para sustentar la acusación contra los banqueros reveló que 96% de los préstamos irregulares ocurrieron durante la gestión de los venezolanos. Los datos indican que entre 2012 y 2014 sumaron 28,78 millones de dólares entregados en 1.242 operaciones anormales.

Al menos 833 préstamos fueron otorgados a Santoro, Jiménez Aray y a miembros de la familia Serret (accionistas minoritarios del banco), “a través de un mecanismo en el que ellos documentaban préstamos a personas vinculadas, a empleados de sus empresas y a otras personas que cobraban una comisión y que en su mayoría no presentaban capacidad de pago para cubrir esas obligaciones”, indica el informe de la superintendencia en la página 81.

Los recursos eran devueltos “ocasionalmente por los ejecutivos” a través de la figura de los pagos administrativos, práctica que se mantuvo hasta que las autoridades pusieron la lupa sobre el banco. Después de ello comenzó un deterioro acelerado de la cartera de créditos, porque 75,8% de la misma constituían operaciones irregulares que eran sensibles de ser descubiertas, de manera que cesó el reciclaje de dinero para mantener la apariencia sana del banco.

Audiencia aplazada

Los banqueros venezolanos enfrentan dos procesos en República Dominicana: un juicio de carácter administrativo y otro de tipo penal.

Ángel Lockward es el abogado defensor del Banco Peravia en el proceso administrativo que siguen las autoridades dominicanas por las irregularidades que se descubrieron en esa institución y que llevaron a su cierre. A su juicio, la Superintendencia de Bancos de República Dominicana no actuó apegada a los procedimientos regulares y a las leyes.

Debieron poner en mora al banco, notificar a los accionistas de las consideraciones y de las violaciones de las que se les imputaban, pero en este caso no ocurrió“, dijo Lockward vía telefónica a Contrapunto.

El abogado, quien destacó que no tiene contacto con Santoro o con Jiménez Aray desde que se fueron de la nación isleña a fines de noviembre de 2014, aseguró que ha advertido acerca de esos errores que ponen en entredicho la posibilidad de que los banqueros venezolanos y la familia Serret, como socios minoritarios, tengan un adecuado derecho a la defensa. “Considero que la autoridad (monetaria) faltó a la Constitución”, expresó Lockward.

El 24 de noviembre del año pasado el defensor le envió una carta a los miembros de la Junta Monetaria del Banco Central de República Dominicana, en la que los acusa de acabar con el plan de regularización que pretendía sanear al Peravia.

En la misiva, Lockward argumenta que los dueños del Peravia resultaron perjudicados por la decisión de la superintendencia de obligarlos a inyectar dos millones de dólares a la institución y devolver los fondos de la cartera del Banco Micro, que había sido adquirido por Santoro y Jiménez Aray en mayo de 2013, y sobre la que pesaba una prohibición de venta dictada por un tribunal dominicano. Insiste en que esas operaciones causaron el desequilibrio en las cuentas del banco, y no la mayor supervisión ejercida por las autoridades, que hizo visible las irregularidades.

Mientras tanto, la audiencia penal contra los ejecutivos del Peravia fue aplazada para el próximo 30 de junio. El Juzgado Segundo de Instrucción del Distrito Nacional de República Dominicana tomó esa decisión con la intención de que los banqueros sean citados por la vía diplomática, por lo que se expedirán las notificaciones del Ministerio de Relaciones Exteriores de ese país hacia Venezuela y a Estados Unidos, donde se encuentran Santoro y Jiménez Aray, respectivamente.

Fuentes judiciales señalaron que todavía no se ha iniciado ese proceso, que dura 60 días. El tribunal remitirá a la Fiscalía dominicana un citatorio que, a su vez, debe ser enviado a la Cancillería en Santo Domingo para despacharlo a su consulado en Caracas. Esta instancia diplomática hará llegar el documento a la dirección en Venezuela que haya reportado Santoro por medio de sus abogados. Este procedimiento se repetirá en Estados Unidos, donde se encuentra Jiménez Aray.

Los abogados de los banqueros venezolanos señalaron, a mediados del mes pasado, que ambos están dispuestos a ponerse a derecho ante los tribunales dominicanos, según reseñó el portal dominicano Desde el Estrado.

Santoro está en Maracay, atendiendo sus negocios, según aseguraron a Contrapunto representantes del empresario. A través de ellos se le envió un cuestionario, pero hasta el momento de publicarse esta nota no ha sido respondido.

La dirección más reciente de Jiménez Aray es en Miami, Florida. Lo último que se supo de él fue que vendió su apartamento, en un exclusivo condominio en Brickell (The Plaza 901), el pasado 31 de enero. Por la propiedad, valorada en 435.000 dólares, se pagaron 600.000 dólares y el nuevo dueño es Bere Investments, una empresa con tres meses de vida, de la que existen pocas señas en los registros públicos de empresas de Estados Unidos.

Entre tanto, los clientes afectados por el Banco Peravia están a la expectativa. El abogado Jorge Lora Castillo, quien defiende los intereses de la empresa Kaya Armoring Blindados (la del caso de la transferencia fallida del BCV), puntualizó que todos los casos están en pausa hasta tanto se concrete la audiencia del 30 de junio, en la que se espera que se dicten medidas cautelares contra los banqueros venezolanos.

Las investigaciones de las autoridades dominicanas han destapado en el Banco Peravia operaciones que denotan lavado de dinero, vínculos con narcotraficantes, mafias y la inyección de capitales a la institución con dinero proveniente de un falsificador de arte, quien luego se convirtió en directivo de la institución.

Con información de: Contrapunto

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