Transparencia Venezuela presenta Informe Corrupión 2017

El hecho más importante en contra de la justicia, la lucha anticorrupción y a favor de la impunidad en 2017 fue la creación por parte del Gobierno de la Constituyente, poder legislativo paralelo que terminó de destruir la independencia y autonomía entre poderes, indispensable para garantizar la equidad y el estado de derecho.

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Mientras los países de América Latina trabajan en mejorar los planes y la implementación de gobierno abierto y lucha contra la corrupción, en Venezuela volvimos al Estado pre democrático de indefensión ante un grupo poderoso que utiliza con discreción el Estado y sus instituciones, adaptando las leyes y hasta la Constitución a sus requerimientos de poder.

El drama de Venezuela es que la corrupción está institucionalizada. Frente a este mal, que minó la estructura de los órganos de justicia y de control en nuestro país, el compromiso es enorme, pues no basta con decisiones de gobierno a nivel local, regional, ni siquiera nacional. Necesita de un esfuerzo que traspase las fronteras.

No se trata solo de manejos irregulares, de trampas de mediana monta que se registran también en muchos de los países de la región. Es mucho más que esas triquiñuelas que sembraron en los venezolanos la certeza de que es necesario pagar para facilitar cualquier trámite. Es mucho peor que esa “pequeña corrupción”, aunque esta hace muy cara la relación con el Estado y genera desconfianza sobre el propio sistema democrático como modelo político que garantiza el Estado de derecho con libertad, con equidad y con respeto a los derechos.

En Venezuela está instaurada la “gran corrupción”. De hecho, en el país se cumple con todos los elementos de su definición: 1. participan funcionarios del alto nivel de gobierno que involucran distintos entes públicos; 2. los casos de corrupción impactan a grandes sectores de la población porque no reciben los beneficios esperados, no pueden acceder a los servicios, pierden sus empleos o son victimas de represión e injusticias; 3. los mecanismos de corrupción traspasan las fronteras del país teniendo vinculación con redes internacionales para legalizar los recursos y bienes producto de la corrupción o porque participan empresas o grupos internacionales de diversa manera; y 4. logran impunidad absoluta gracias al control que ejercen sobre el sistema de justicia.

En el presente informe presentamos una selección de los casos de 2017, las áreas de mayor riesgo de corrupción que sobresalieron en el periodo y que dibujan, parcialmente, cómo funciona la opacidad, la impunidad, el control político sobre poderes que deberían ser autónomos e independientes y cómo estos elementos impactan la vida de los venezolanos. En los próximos 12 capítulos exponemos los casos más destacados, bien por el alto perfil de los involucrados, el impacto en la sociedad, los montos desmesurados o el costo político de cada negociación. Se incluyó un análisis sobre la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB), porque los militares han expandido su presencia en el control de los entes del Estado, en los espacios de negocios en los que hay mayor riesgo de corrupción como son el sector de los alimentos -de producción, industriales, de distribución, importación y en los programas sociales- y el sector de minas e hidrocarburos.

Odebrecht es un caso emblemático donde hay acusaciones, sin respuesta ni investigación conocida, de soborno a altos funcionarios del Estado, incluido el Presidente, por millones de dólares, que sospechamos son muchos más de los confesados en Nueva York, para obtener tratos favorables en contrataciones públicas. Es el entramado de negocios turbios de mayor impacto no solo en el país, sino en el hemisferio, por la cantidad de dinero que estaba en juego en cada contrato y el alto nivel de los involucrados. El daño causado a los venezolanos se evidencia, más allá de los sobornos y sobreprecios, en las obras de envergadura que no se construyeron.

También presentamos un análisis de la debilidad en materia presupuestaria. El presupuesto de 2017, con el que se echó por tierra el control que impone la Constitución a través de la Asamblea Nacional, pasó de 8 a 56 billones de bolívares con la “aprobación“ indiscriminada de créditos adicionales, sin ningún tipo de fiscalización.

El Poder Judicial, como un instrumento de impunidad, es objeto de este análisis. Con un sistema de administración de justicia autónomo, independiente, con recursos y capacidades serían posible las necesarias sanciones y la recuperación de capitales producto de la corrupción. Mientras los corruptos no tengan miedo a la acción judicial y puedan disfrutar de los bienes mal habidos, el terreno para la corrupción sigue siendo fértil.

Hemos centrado la atención en el sometimiento social y político ejercido a través de los programas sociales, que encuentra su expresión más clara en el uso del Carnet de la Patria como instrumento de control ciudadano. Otro poder que requiere de autonomía e independencia, y que es objeto también de este informe, es el Sistema Electoral, por el uso que da a los recursos públicos y la bendición que otorga a la perversa relación entre el voto y el derecho a recibir beneficios sociales del Estado. Asimismo, se le señala como responsable de la pérdida de la confianza ciudadana en el voto, después de que en las elecciones regionales del 15 de octubre de 2017, se le arrebataran las gobernaciones de Zulia y Bolívar a Tomás Guanipa y Andrés Velázquez, respectivamente.

Los invitamos a leer los capítulos sobre la acción de la Fiscalía, la Contraloría, la Asamblea Nacional desactivada como parlamento nacional y el rol de la opacidad como política de Estado. Estos capítulos aportan elementos para comprender el alcance y el ámbito de actuación de la corrupción en Venezuela. Faltan muchos casos, muchos sectores, muchos mecanismos de corrupción, pero este informe no pretender ser exhaustivo, sino poner luz sobre lo que consideramos más impactante en 2017 en temas de corrupción. Estamos seguros que cada lector podría agregar casos o sus propias experiencias como víctima o testigo de abuso de poder donde unos pocos se benefician de lo que es de todos.

No en balde, el Índice de Percepción de Corrupción coloca a Venzuela en la cola y último entre los países de América. Una efectiva lucha anticorrupción requiere de un esfuerzo gigantesco por parte del Estado, de los ciudadanos y también de la comunidad internacional para reconocer la entramada red de cómplices y colaboradores internacionales que han permitido ocultar el producto de la corrupción bajo un manto de legalidad, cuentas, bienes y privilegios, recibiendo grandes beneficios, pero a costa de la desgracia, el hambre y la muerte de miles de venezolanos.

Es hora de pensar en un órgano antiimpunidad y anticorrupción en Venezuela que tenga relación estrecha con las instituciones internacionales de control que fiscalizan los espacios donde se maneja el dinero. Es una tarea titánica que exige una reingeniería del sistema de justicia, Contraloría General y policías, que logre autonomía, independencia, recursos y la participación de lo más capaces. La crisis que vive Venezuela requiere eficiencia y claridad en la distribución del gasto, para que los beneficios lleguen a quienes más los necesitan. Si no se tiene éxito en la lucha anticorrupción, no se podrá acceder a préstamos, negociar la deuda, ni recibir la ayuda humanitaria, que más que necesaria, es imprescindible en estos momentos.

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