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Siete años de guisos: Las promesas incumplidas de Iris Varela en Min-Penitenciario

“Es una deuda muy grande la que nosotros tenemos con el sistema penitenciario y la justicia como un todo. Yo diría que es un mancha que tenemos ahí”, dijo el 26 de julio del 2011 el entonces presidente Hugo Chávez, fecha en la que firmó el decreto para la creación del Ministerio del Sistema Penitenciario (Minserp).

La fundación de este ministerio, contó con la aprobación de un grupo disciplinario en materia carcelaria, que para entonces, estuvo conformado por Luisa Ortega Díaz, Elías Jaua, Luisa Estella Morales y Tareck El Aissami. “Ese ministerio tiene que engancharse con lo real, con lo que pasa, no sólo quedarse en la cárcel y el cumplimiento burocrático, sino ir hacia la parte humana, profunda, hacia el socialismo”, sentenció Chávez, quien designó a Iris Varela para cumplir con esta meta.

Un mes antes de ser concretada la creación de la cartera penitenciaria, Varela había prometido la construcción de 24 recintos carcelarios para paliar la crisis de hacinamientos en los centros existentes. Según Últimas Noticias, la entonces diputada a la Asamblea Nacional (AN) por el Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), aseguró que los trabajos exploratorios para la construcción de las nuevas cárceles que serían ocupadas por los procesados judiciales, ya se habían adelantado y que tan solo en 24 meses, serían culminadas las obras.

Ya tenemos los terrenos y los recursos. En agosto comienza la primera etapa con los ocho primeros centros para procesados”, aseveró Varela, quien adelantó que “esos centros para procesados, además de canchas deportivas y áreas verdes, contarán con salón de usos múltiples donde se puede instalar un tribunal si se requiere”. No obstante, tras más de siete años al mando y varios millones de dólares asignados para llevar a cabo esta labor, la mujer de la cúpula chavista solo logró entregar uno de los 24 centros prometidos.

Hacinamiento de reclusos

Ya para finales de 2009, la situación carcelaria en Venezuela era crítica. De acuerdo con el informe anual del Observatorio Venezolano de Prisiones (OVP), el año cerró con 34.270 internos, de los cuales, 70% se encontraban condición de procesados y un 30% de penados, distribuidos en los recintos a escala nacional entre internados judiciales, centros de reclusión y cárceles. La cifra de hacinamiento, superaba los 17.500 reclusos, y doblaba la capacidad disponible para albergar a los privados de libertad.

Estas estadísticas se incrementaron notoriamente con el paso de los años, generando masacres en los recintos y condiciones deplorables en las infraestructuras y servicios de los mismos. Varela, designada para manejar los asuntos penitenciarios, aún no había empezado a ejercer funciones cuando la primera muestra de la crisis carcelaria le pisaba los talones. A mediados de junio de 2011, se generó una matanza en el Rodeo I, luego de que el pran del recinto saliera en libertad y designara a su sucesor. El enfrentamiento, culminó con la muerte de este y de otras 21 personas.

Esta masacre, dio inicio a una oleada que pondría en tela de juicio la labor de Varela. A finales de abril de 2012, se desató un enfrentamiento entre los reos de La Planta, el cual se mantuvo por tres semanas, y dejó una víctima fatal: un residente de la zona que recibió un impacto de bala cuando se encontraba en su apartamento.

Finalmente, el 18 de mayo, La Planta fue intervenida y se trasladaron a los presos al Rodeo I y Yare I. Ante la polémica del caso, Varela se pronunció días más tarde, asegurando que se iniciarían en agosto la construcción de 8 cárceles, parte del plan de las 24 anunciadas inicialmente. Estas, serían inauguradas en marzo de 2013. No obstante, los estragos del servicio penitenciario se hicieron notar una vez más, y en agosto de 2012, se desencadenó un enfrentamiento en Yare I que dejó 25 fallecidos.

Para entonces, este recinto era el quinto más sobrepoblado en todo el territorio nacional: 2.128 reclusos formaban parte del excedente. El incremento de la crisis carcelaria, obligó al Gobierno a declarar un decreto de emergencia de infraestructura penitenciaria durante tres meses, con el fin de agilizar la construcción de las cárceles y paliar el hacinamiento que se estaba haciendo notar.

Foto: El Estímulo

Al finalizar 2012, Varela concretó el cierre de La Planta y la Cárcel de Coro, y se reubicaron 3.437 reclusos en el restante de los centros penitenciarios, incrementando el hacinamiento ya existente de 192%. Asimismo, el informe anual del OVP, detalló que la población carcelaria cerró en 48.262, de los cuales, 62,73% eran privados de libertad a la espera de su juicio, es decir, el equivalente a 30.274 presos.

En 2013, las masacres entre reos como consecuencia de la sobrepoblación, aumentaron. En enero de ese año, se produjo el motín de Uribana, donde más de 60 reos y 19 funcionarios resultaron muertos, mientras que 120, fueron heridos. No obstante, las polémicas políticas carcelarias de Varela, siguieron rindiendo frutos, y en septiembre, uno de los pranes de Sabaneta, decidió gobernar todo el penal, e inició un enfrentamiento que acabó con la vida de 16 reclusos. Tras el hecho, esta cárcel fue clausurada. Para diciembre de 2013, la población carcelaria aumentó, pasando de 48.262 a 53.566. De estos, 34.624 eran procesados judiciales.

Presupuesto

Una investigación realizada por Runrunes, sostiene que en 2012, Chávez aprobó la inversión de 1.497 millones de bolívares que equivalían a USD 348.140.000, para la construcción de los primeros 8 recintos carcelarios, sin embargo, hasta la fecha, solo cuatro fueron inaugurados. Todas las construcciones, así como el resto por ejecutar, fueron delegadas al Fondo Nacional para Edificaciones Penitenciarias (Fonep), un organismo creado bajo el mandato de Rafael Caldera y que en 2011, fue adscrito al Ministerio de Servicios Penitenciarios.

Es a través de este, que Varela habría aprovechado para designar contrataciones a dedo, y así, obtener ganancias por la ejecución de las obras y del mantenimiento de las mismas. En 2016, la Comisión de Contraloría de la Asamblea Nacional (AN), denunció los supuestos de corrupción que involucran a la ministra, quien fue señalada por la malversación de al menos USD 6.5 millones

No obstante, esta no era la primera vez que Varela era vinculada a casos de corrupción con el Fonep. La investigación de Runrunes, detalla que en agosto de 2014, el diputado Jesús Díaz, solicitó ante el Parlamento una investigación a la ciudadana, por irregularidades en las contrataciones con el ente adscrito.

Según Díaz, los fondos para las diversas construcciones relacionadas a los centros penitenciarios, le fueron adjudicadas a M.M. Ingeniería Construcción Servicio C.A., una compañía radicada en Táchira, estado oriundo de Varela, y que era presidida por José Gregorio Maldonado, el director general de la Recursos Humanos del Minserp y supuesto progenitor de la hija de la ministra. Además, el diputado copeyano solicitó ante el Poder Legislativo, que se investigaran otras tres contratistas, las cuales, no estaban aptas para contratar con el Estado.

Pero los recursos entregados a Varela, no se limitaron a los primeros aprobados por Chávez para la ejecución de las ocho obras iniciales. Para la construcción del cuarto recinto, fueron presupuestados Bs. 3.275.804.490,67, sin embargo, esta cárcel no fue culminada en su totalidad al momento de su apertura. La obra, que constaba de 15 edificios, solo fue inaugurada para recibir la capacidad de 173 privados de libertad.

Planes fallidos

Hasta la fecha, la cartera de Penitenciaría ha puesto en marcha cuatro planes para abordar las diversas problemáticas que agobiaban al sistema antes de la creación de esta, sin embargo, a cinco años del primer plan, la crisis carcelaria se mantiene. Durante el quinto aniversario del Ministerio, Varela aseguró que no existía retardo procesal, una de las principales causas del hacinamientos en los recintos carcelarios del país.

 

No es verdad que exista retraso procesal en los centros penitenciarios que están bajo la dirección”, sostuvo, a la vez que aseveró que esas acusaciones las hacían quienes no estaban al tanto de su gestión. Esta versión la afirmó a inicios de 2017, alegando que el régimen penitenciario del país es uno de los mejores y más avanzados del mundo. “Estamos más avanzados en tratamientos de los reclusos. Nuestro régimen penitenciario es el mejor del planeta”, indicó durante una entrevista ofrecida a Vladimir Villegas.

Asimismo, aclaró que los retrasos que existen son responsabilidad de los alcaldes y gobernadores que ejercen en los estados y municipios donde están ubicados los 90 centros penitenciarios que, según esta, contabiliza el Minserp. Varela, también aprovechó el espacio televisado por Globovisión, para negar la existencia de pranes en las cárceles, así como el control impuesto por estos líderes negativos. “No hay control de pranes en ninguna cárcel, hay un control del Estado”, sostuvo la exministra.

Promesas incumplidas

2011: desde su designación como titular de Servicios Penitenciarios, Varela prometió la construcción de un total de 24 recintos carcelarios en un periodo de 24 meses, de los cuales, hasta la fecha, solo han sido inaugurados cuatro.

2012: Varela anunció que se iniciaría la construcción de las primeras ocho cárceles en agosto, y prometió que serían entregadas en marzo de 2013.

2013: sin embargo, solo un recinto fue inaugurado este año y presentó un retraso de siete meses: “Comunidad Penitenciaria Fénix”, ubicada en Lara, abrió sus puertas el 30 de octubre.

2015: inauguró el segundo recinto carcelario, “Centro de Reclusión para Procesados Judiciales ’26 de julio’”, el cual está ubicado en Guárico, y prometió entregar otros siete durante el primer y segundo semestre del año. Sin embargo, esto no se cumplió

2016: Varela inauguró el primer recinto para féminas bajo su gestión: “Centro de Formación para mujeres Ana María Campo”, aperturado en noviembre, y un mes más tarde, el “Centro de Formación del Hombre Nuevo Libertador”, ubicado en Tocuyito. Fue prometido para 2015, pero aperturado en diciembre de 2016, con casi dos años de retraso y solo una parte de la construcción total.

Hasta el 16 de junio de 2017, cuando fue destituida del ministerio para los Servicios Penitenciarios, Varela solo logró culminar un centro de los 24 prometidos. Aunque inauguró cuatro, solo el “Centro de Reclusión para Procesados Judiciales ’26 de julio’”, cumplió con la meta de ser exclusivo para los privados de libertad en espera de juicio. Inicialmente, Varela anunció que los 24 recintos, serían exclusivos para estos reos, sin embargo, no fue así.

Siete meses después, durante una alocución especial desde el Cuartel de la Montaña, en el marco de la presentación del Balance correspondiente a la gestión del Gobierno Nacional durante el año 2017, el presidente de la República, Nicolás Maduro anunció la designación de Iris Varela nuevamente como ministra del Poder Popular para el Servicio Penitenciario.

Desde entonces, solo ha puesto en funcionamiento el Centro de Formación Femenina Ana Maria Campos, ubicado en la parroquia Domitila Flores del municipio San Francisco, estado Zulia. El centro tiene una capacidad de 130 privadas de libertad y cuenta con cocina, comedor, sala de usos múltiples, aulas de clases, espacios deportivos, entre otros.

Con información de: El Cooperante

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