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¡SANAR Y RECONSTRUIR! La Psicóloga Elizabeth Lira explica los retos de la reparación social en Venezuela

Sanar y reconstruir un tejido social roto requiere encontrar puntos en común y hacer justicia a quien ha resultado herido pero, sobre todo, necesita tiempo para procesar las consecuencias. Así lo expuso la profesora Elizabeth Lira, decana de la Facultad de Psicología de la Universidad Alberto Hurtado en Chile, quien estuvo involucrada en los procesos de reparación para las víctimas de violación de derechos humanos durante la dictadura militar de Augusto Pinochet.

MARIA VICTORIA FERMIN KANCEV | @VICKYFERMIN / Efecto Cocuyo

Su impresión, tras una visita al país invitada por universidades nacionales y varios encuentros con estudiantes y profesionales de psicología, con miembros de organizaciones sociales y defensoras de derechos humanos, es que muchas personas (especialmente los jóvenes) parecen estar afectadas emocionalmente por las incertidumbres respecto a su futuro y por “las condiciones de sobrevivencia cotidiana que son complicadas”.

Advirtió que es difícil definir lo que ocurre porque no se trata de un país en guerra. Y, sin embargo, la situación se ha venido complicando para muchos, lo que obliga a redefinir los proyectos personales, percibiendo que “la única solución para lograr esos proyectos es irse del país… muchas personas lo ven como la única posibilidad de recuperar el control de su vida”.

“Es muy complejo para un país cuando su gente más educada, más calificada, decide hacer su vida en otra parte. Eso fragmenta la familia, genera muchas angustias en los que se quedan y pone un poco la obligación en quienes se van en ayudar económicamente a los que están aquí”, concluyó.

Reparación social y justicia
La psicóloga, Premio Nacional de Humanidades y Ciencias Sociales en Chile, explicó que la reparación social es un concepto que tiene un origen legal y social que implica “reconocer daños e identificar a las personas afectadas”. Señaló que el Estado chileno reconoció a más de 41 mil víctimas de prisión política y tortura, desaparición forzada, ejecuciones extrajudiciales y violencia política, durante la dictadura desde 1990 hasta el presente.

En ese país las políticas de reparación incluyeron desde 1992 reconocer a las víctimas de desaparición forzada, ejecuciones extrajudiciales y violencia política.

Se otorgaron pensiones vitalicias para los familiares de las víctimas, becas para estudios secundarios y universitarios para los hijos menores de 35 años de desaparecidos y ejecutados durante el régimen militar, así como atención médica y psicológica especializada y gratuita en un programa de atención y de reparación en salud (Prais) para todas las víctimas reconocidas por el Estado.

A esto, se sumó un plan especial para el retorno de los chilenos en el exilio entre 1990 y 1994 (alrededor de 200 mil). No obstante, solo un 25% volvió a su tierra. Hubo un programa de reconocimiento de los exonerados por motivos políticos, una política de reparación para los dirigentes campesinos que fueron expulsados del proceso de reforma agraria y una política de reparación para las víctimas de prisión política y tortura.

Lira señaló que, para la mayoría de las víctimas, la reparación más importante es la justicia. Los procesos judiciales establecen la verdad individual de los hechos de violación de DDHH, sancionan a los responsables e indemnizan a las víctimas: “Comparativamente ha sido un proceso lento y tardío”, opinó, ya que los responsables han muerto o son de avanzada edad”.

La profesora manifestó que el indicador de logro de una política de esta naturaleza “es que cada persona se sienta reparada”. Reconoció que estos procesos tienden a dejar por fuera a un gran número de ciudadanos que también han sufrido durante estos conflictos, aunque no llegan al extremo de perder la vida o tener que huir de su país.

La reparación del sufrimiento de la gente común no ha formado parte de las políticas de reconocimiento, especialmente de quienes sufrieron miedo y angustia por las condiciones económicas, opresivas y represivas de la época.

En este sentido, señaló que en América Latina se han realizado esfuerzos para emprender procesos de memoria, en paralelo a esas políticas de reparación, que permita reconocer ese daño a la convivencia y contrarrestar la discriminación y la exclusión.

Consideró que es necesario educar a los niños, niñas y adolescentes sobre los hechos que han producido el quiebre en la convivencia de los ciudadanos, pero lo más importante es hacer énfasis en la formación en valores, identificando las discriminaciones instaladas en la convivencia, no solo por motivos políticos, sino en materia de género, orientación sexual, entre otras.

Consensos y transiciones
Catorce años transcurrieron para que el Estado en Chile reconociera a las víctimas prisión política y tortura. Explicó Lira que esas políticas requieren de “consensos internos” para poder dictar una ley que reconozca a las personas afectadas, en una sociedad que ha estado dividida y conflictuada por las violaciones a los derechos humanos y por visiones políticas antagónicas.

La responsabilidad del Estado se hace visible cuando lo ocurrido a las víctimas “se ha documentado y se puede probar que estos hechos sucedieron, lo que hace muy difícil a los victimarios sostener la negación de los hechos mismos, aunque su interpretación pueda diferir”.

En Chile, la documentación dio lugar a la creación de archivos en los organismos de derechos humanos. Estos archivos han sido fundamentales en los procesos judiciales posteriores y en el reconocimiento de las víctimas en las comisiones creadas para ello. Destacó el rol de la sociedad civil en esta tarea.

La psicóloga, miembro de las comisiones Valech I y II en Chile, detalló que a través de los archivos se pueden establecer patrones de abuso que, a su vez, “permiten mostrar la sistematicidad y que se trata de una política de Estado” y no de abusos individuales indebidos.

En su momento, las denuncias quedaron presentadas, en particular en los casos de desaparición forzada. Pero la dictadura negó toda responsabilidad en los hechos y no emprendió las investigaciones necesarias para dar con el paradero de las personas desaparecidas.

Los procesos judiciales en ese país han demostrado que se trató de una política represiva deliberada para ocultar el destino final y el paradero de algunas de las víctimas que fueron asesinadas, generando gran temor en la sociedad.

Respecto a los procesos de transición mencionó que “cada país tiene un modo propio de hacer las cosas”. El proceso de paz en Colombia fue antecedido por diversas iniciativas de reconocimiento de las consecuencias de la guerra y de reconocimiento de las víctimas. Entre ellos, ha sido crucial el trabajo del Centro Nacional de Memoria Histórica en los últimos 10 años.

Este organismo se ha dado cuenta de numerosas masacres cometidas por los distintos sectores que han sido parte del conflicto a lo largo del tiempo. “Estos insumos fueron muy importantes para convencer a las partes de que había que conversar”. Los diálogos de paz duraron más de cuatro años.

“Los diálogos deben ir más allá de los convencidos”, añadió la especialista. Recalcó la necesidad de identificar valores comunes y compartidos entre las partes: “El propósito debiera ser sumar a la mayoría del país en torno a los valores compartidos que son la base de la unidad necesaria para todo proceso de transición”.

En otros tiempos, las amnistías parecían la única forma de asegurar la paz. Pero la tortura y la desaparición forzada son delitos contra la humanidad y no son amnistiables, recordó.

El proceso de la transición en cada país deberá ponderar las condiciones particulares del momento político, teniendo como horizonte las condiciones para transitar a un cambio político y a una paz estable y duradera, en acuerdo con la mayoría del país. La negociación sobre los grados de justicia e impunidad forman parte de las negociaciones indispensables para el tratamiento del pasado y la apertura de un futuro democrático.

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