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Reactor El Palito, vendido como chatarra, generaría ganancias mil millonarias a sus nuevos dueños

Nueva información, recibida a raíz de la publicación de la primera versión de esta nota, señala que el mencionado reactor fue reemplazado hace unos 10 años a pesar de estar en perfectas condiciones para su uso. El equipo fue sustituido por el proyecto PICC, que iba ser ejecutado en 2003 pero fue terminado con un atraso de un quinquenio en 2008. Luego de ser desincorporado, el catalizador estuvo abandonado frente al edificio administrativo de PDVSA.

Posteriormente, fue vendido fraudulentamente como chatarra y ahora se asegura que el comprador final, que supuestamente está en Repúblia Dominicana, evalúa si dicha unidad será repotenciada (lo cual es absolutamente posible) y entregada a la refinería Refidomsa PDV como inversión, o desmantelada para vender por separado las toneladas de platino que están se su interior. Esta última opción permitiría lograr millones de dólares en ganancias.
Asimismo, uno de los señalados como presunto asociados de los contratistas de esta trama, niega su asociación y explica que nada tiene que ver con las empresas y los negocios bajo escrutinio. He aquí las actualizaciones de esta historia.
 Aun cuando existen normas expresas que lo prohíben, en la Refinería El Palito procedieron a la desincorporación de un reactor, que fue vendido como chatarra a la empresa mercantil Recuperadora de Materiales Platinum C.A., operación con la que violaron un decreto de la Presidencia de la República que prohíbe la exportación de materiales estratégicos. Una venta que se hizo por 25 millones de bolívares pero que podría significar ganancias milmillonarias en dólares para sus beneficiarios y, lo peor, escondería un fraude en razón de que el aparato en cuestión se encuentra realmente operativo.

Aun cuando existen normas expresas que lo prohíben, en la Refinería El Palito procedieron a la desincorporación de un reactor FCC, que fue vendido como chatarra a la empresa mercantil Recuperadora de Materiales Platinum C.A., operación con la que violaron un decreto de la Presidencia de la República que prohíbe la exportación de materiales estratégicos. Una venta que se hizo por 25 millones de bolívares pero que podría significar ganancias milmillonarias en dólares para sus beneficiarios y, lo peor, escondería un fraude en razón de que el aparato en cuestión se encuentra realmente operativo.

El reactor FCC es un recipiente grande donde ocurre el craqueo de los residuos pasados de otras unidades para producir gasolina y tiene en su interior toneladas de platino que es el material que se usa como catalizador. De acuerdo a una información suministrada por una fuente interna, que pidió mantenerse en el anonimato, “El reactor objeto de la venta fraudulenta fue reemplazado por un proyecto que se llamó en su momento PICC, cuya ejecución se suponía estaba prevista concluirse para el 2003 pero fue terminado en el 2008”.

El experto señala que el reactor FCC es de alta metalurgia y podría ser utilizado con algunas modificaciones en otra refinería. No obstante, advierte que “esos sobrantes pudieron ser desincorporados y vendidos buscando el mejor negocio para el dueño original (Petróleos de Venezuela S.A) . En este caso no parece ser así”.
Agrega además que en “PDVSA puede haber cientos de casos similares de equipos y tubería nuevos o usados que pueda estar siendo negociados bajo el mismo esquema. Lamentablemente, en estos momentos nadie controla nada la empresa estatal”.

Ganancias millonarias para el dueño final

Paralela a la explicación ofrecida por al citada fuente, quien trabajó en la planta para el momento de la desincorporación del equipo, otro informante consultado revela que “el reactor será supuestamente trasladado a República Dominicana para ser entregado al nuevo dueño, que aún no ha decidido si lo repotenciará para colocarlo en la refinería Refidomsa PDV, o mejor aún, se desmantelará para venderlo “pero no como chatarra como el níquel, cobre, acero Monel, refractario,sino como algo más valioso como lo son las casi 40 toneladas de platino, (que es el material usado como catalizador) y cuyo costo en el mercado en euros es de 23.292,15 € por kilogramo, con lo cual podría generar más de USD 900.000.000,00 en ganancias”.

La toma de decisiones

Los encargados de tomar decisiones en el complejo refinador de Petróleos de Venezuela S.A., tenían conocimiento de la normativa toda vez que existe una circular del SENIAT identificada bajo el Nº 000070, de fecha 17 de abril de 2018, dirigida a los gerentes de aduanas, en la cual se hace referencia al Decreto Nº 2.795 de fecha 30 de marzo de 2017, publicado en Gaceta Oficial Nº 41.125[1], de la misma fecha, en el que el Presidente de la República establece restricción para la exportación de los materiales estratégicos, entre los que se mencionan residuos sólidos de aluminio, cobre, hierro, bronce, acero, níquel, y demás metales comunes o chatarra ferrosa en cualquier condición.

Asimismo, la Providencia Administrativa Nº 002-2012, publicada en la Gaceta Oficial Nº 40.042[2], de fecha 2 de noviembre de 2012, establece que, previa autorización de la “Comisión de Enajenación de Bienes Públicos, corresponde a la Superintendencia de Bienes Públicos (SUDEBIP), ordenar el remate, venta, donación o destrucción de los bienes propiedad de la República cuya administración le corresponda”, reza en su artículo 1.

Del mismo modo, el artículo 2 de la providencia indica que “la enajenación de los Bienes Públicos bajo la modalidad de venta o permuta, salvo las excepciones de Ley, deberá realizarse mediante un proceso de Oferta Pública a cargo del Comité de Licitaciones del órgano o ente que enajenará el bien”.

Por otra parte, la Gaceta Nº 40.042 que publica la Providencia N° 003-2012[3], establece que para la enajenación de los Bienes propiedad del Sector Público Nacional regulados por la Ley Orgánica de Bienes Públicos, deberá contarse igualmente con la autorización previa de la Comisión de Enajenación de Bienes Públicos, debido a que dicha comisión determinará el precio que servirá de base para la enajenación de dichos bienes.

Agrega que el precio que servirá de base para la enajenación de los Bienes Públicos adscritos a los órganos y entes que conforman el Sector Público Nacional, será determinado por la Comisión de Enajenación de Bienes Públicos.

La revelación fue proporcionada por fuentes ligadas al caso, que aseguran que el reactor, cuyo peso es de 300 toneladas, fue vendido a la empresa mercantil Recuperadora de Materiales Platinum C.A. La negociación fue constatada oficialmente, ya que la misma quedó registrada en la Notaría Pública Cuadragésima Primera de Caracas, del Municipio Libertador, Nº 41, Tomo 27, Folios 130 al 133, de fecha 13 de abril de 2018, en la que Bassem Xavier Jammoul Hajali y David José Márquez Lovera, titulares de las cédulas de identidad Nº V- 18.290.6110 y V-11.742.747 y los Registros de Información Fiscal (RIF) J-18290611-1 y J-11742747-8, respectivamente, estamparon sus firmas en representación de la compañía compradora.

Jammoul Hajali y Márquez Lovera constituyeron la empresa Comercializadora de Metales Gold Main C.A., la cual se encuentra inscrita en el Registro Mercantil Séptimo del Distrito Capital, en fecha 16 de mayo de 2018, anotada bajo el Nº 71, Tomo 32-A. En la operación del registro se coloca el reactor como el capital de la empresa, afirma las fuentes consultadas.

El plan, agregan nuestros informantes, es desmantelar el reactor y exportarlo para venderlo en una alta cantidad de dólares en complicidad con algunos funcionarios.

Oficialmente, Recuperadora de Materiales Platinum C.A., registrada en el Registro Mercantil Primero del Estado Guárico, bajo el Nº 352-8764, Tomo 44-A PRO, Nº 16, del año 2017. RIF J-41056306-0, está representada por Eligio Molina Sandoval, C.I. V-10.740.505. Los récords oficiales revelan que la empresa habría comprado el reactor mediante documento de asignación emitido por la Gerencia de Comercialización de Recuvensa de PDVSA Industrial S.A., suscrito por su representante, José Villalobos. El referido documento, emitido por la petrolera y que sirvió para materializar la operación, está identificado con el Nº PDVSA-RECV-217-023 REF: 0018-2017-PIN-REC-A-OC, de fecha 15 de diciembre de 2017, el cual se encuentra en la sede de la Planta de Petróleos de Venezuela PDVSA de la Refinería El Palito, Municipio Puerto Cabello, Población El Palito, Estado Carabobo.El precio de la venta fue de Bs. 25.000.000, como señalamos al principio.

No es chatarra

 

El objeto de discusión de la operación no estaría centrada en la venta de materiales estratégicas a pesar de estar expresamente prohibido por todas las disposiciones legales antes señaladas que prohíben la comercialización de bienes públicos, sino en el hecho de que existe una denuncia que advierte de que el referido reactor no sería desmantelado, ni convertido chatarra, sino en que presumiblemente el aparato se encuentra operativo y sería sacado de Venezuela en perfecto estado de funcionamiento, asegura la denuncia.

Es de alertar que en el documento de asignación emitido por la Gerencia de Comercialización de Recuvensa de PDVSA Industrial S.A., la petrolera se compromete al desmantelamiento del reactor y a obtener los permisos necesarios, de lo contrario devolvería los Bs. 25.000.000 y Bs. 200.000.000 como indemnización.

Tal desmantelamiento —de acuerdo a la denuncia— estaría muy lejos de concretarse. Las fuentes señalan que  “David Márquez Lovera y Bassem Xavier Jammoul Hajaly estarían en conversaciones con Humberto José Requena Marcovitch, para concretar la venta del reactor por una suma mil millonaria en dólares”.

Requena Marcovitch es propietario de la constructora Maniobras Civiles C.A., empresa contratista del Estado que realizó varias obras en el estado Carabobo durante el mandato de Francisco Ameliach. Igualmente, posee empresas en Orlando y Miami donde tiene negocios desde 2012. En Orlando es dueño de Maniobras Civiles INC en la cual se encuentra asociado a las siguientes personas: Marcelo Tunoni, Carlos Marcovitch, Rolando Quintero, Carlos Sequera, José G. Pérez, Lohannis Carrillo.

La empresas y los responsables están vinculadas con las direcciones que aparecen a continuación:

Requena Marcovitch aparece como propietario de otras cuatro empresas que por ahora están inactivas, a saber:
Materiales Terreos C.A. Inc (2011); Rkg Designs, Inc.(2012); Maniobras Civiles, Inc. (2011) y Avamusa Commodities LLC (2013); CHPM Development 1 INC, (2,3,4)  en asociación con Marcelo Marcial Tutoni, Carlos Marcovitch, Rolando Quintero, y otros.  Las últimas cuatro corporaciones pasaron al estatus de inactivas voluntariamente en 2013.
Tutoni, a su vez,  representa a la empresa AMK Construcciones C.A. registrada por ante el Registro Mercantil III, de la Circunscripción Judicial del Distrito Capital y Estado Miranda, en fecha 10 de junio de 1999, bajo el Nº 08, tomo 11-A Pro; modificados sus Estatutos Sociales en fecha 22 de abril de 2008, bajo el Nº 79, Tomo 7-A Pro. Esta firma es concesionaria en la explotación de minas de oro en el estado Bolívar.
Una de las fuentes citadas, vinculada al caso, dice que Tunoni está vinculado con el oficial del Ejército, Said Aurelio Cabrera Abraham, con quien mantendría supuestamente negocios ilícitos y una relación de prestanombre. Cabrera ha sido señalado de supuestamente hacer uso incorrecto de las divisas otorgadas por Cencoex.  Cabrera Abraham aparece asociado con Rafael Ernesto Reiter Muñoz en una empresa creada en  Panamá el 15 de octubre de 2014 denominada Inversiones RC 58 INC, bajo el registro 846641y el número de compañía 846641S.

El portal Poderopedia informó que el coronel el ejército Cabrera Abraham tiene otra empresa que funciona en Caracas llamada Plymouth Overseas Limited, registrada en el RNC, donde aparece como inhabilitada para contratar con el Estado. Además, esta tiene su propio portal web, en el que se relata que la compañía presta servicios tecnológicos en el área de consultoría, seguridad de datos y diseño de redes.

Pedro Antar no es socio de Marcelo y Marcial Tutoni

En la primera versión de esta nota periodística basada en una denuncia en nuestro poder se hace mención a Pedro Antar como supuesto socio de Marcelo Marcial Tutoni un relacionado a Humberto José Requena Marcovitchen en una trama de empresas que estarían involucradas en hechos irregulares. Específicamente, la información por nosotros emitida dice que “El otro socio relacionado es Pedro Antar, acusado de fraude por ser el responsable de mantener una red de exportaciones ficticias entre Venezuela y Ecuador que le permitió millonarias ganancias a través de dólares preferenciales otorgados por Cadivi y el Sucre, sistema de compensación de pagos creado por los países del Alba”.

Apegados a la ética procedemos a publicar la versión sobre este hecho ofrecida por Antar, quien aseguró en una comunicación enviada a nuestro correo que su persona no tiene participación alguna en la trama de corrupción denunciada en la nota publicada el 30 de julio de 2018 en estas páginas y afirmar que, por el contrario fue víctima de un fraude que lo involucró en esta situación.

Sobre lo afirmado en esa primera versión de la información, Antar sostiene lo siguiente:

“Mi dirección de casilla postal quien (sic) existe bajo mi nombre por mas de 20 años fue utilizada sin mi consentimiento ni autorizacion (sic) por El representante de la Empresa INVERSIONES SILTOR 2009 Pedro Silva quien conozco (sic) hace mas de diez años”.

En tal sentido, Pedro Antar explica que:

“Según Publicación de el (sic) periódico el universo en Ecuador (sic) quien inicio esa investigación y luego de entrevistarme y someter a mi esa pruebas se determino (sic) y está (sic) publicado correctamente que esa Empresa cometió un fraude y abuso de utilizar mi dirección de casilla postal como referencia en la transferencia que ellos enviaron a su misma cuenta en USA pero es imposible que un dinero enviado a su banco via transferencia bancaria llegue a mi casilla”.

Se refería Pedro Antar a una investigación desarrollada por el diario El Universo (Ecuador), El Nuevo Herald (Miami) y Armando.Info (Caracas), en la que Pedro Emilio Silva Conde valiéndose del Sistema Único de Compensación Regional (Sucre), había establecido un mecanismo de legitimación de capitales que en Ecuador se conoció como el caso Escastel, una empresa de Quito que “exportaba maquinarias y verduras con precios sobrevalorados a Venezuela”, refiere una nota aparecida en el medio de comunicación ecuatoriano.

Esa misma información de El Universo señalaba que “Silva recibió también $ 2 millones de Escastell y otra compañía de Tulcán que también fue investigada. Los recibió en una cuenta a nombre de la empresa estadounidense Inversiones Siltor 2009. Para realizar esos giros se consignó como dirección una casilla postal en Miami, cuyo titular es el abogado Pedro Antar. Este aseguró que no conocía sobre esas transacciones y que Silva lo había hecho a sus espaldas”[9].

Antar nos remite una comunicación de Mónica Almeida, directora del El Universo, en la que la periodista reproduce una publicación en la se da fe de las aclaratorias de Antar sobre el caso que lo involucraba y en la que este asegura que había sido víctima de un fraude por parte de Silva.

Asimismo, Pedro Antar nos envía una comunicación de la empresa Brickell Mail, fechada el 24 de abril de 2015, en la que el representante de la misma, Jorge Baez, deja constancia de que Pedro Antar ha sido cliente de Brickell Mail Receiving, Inc. desde el 31 de agosto de 1999 y donde certifica que él (Antar) es el único propietario de la dirección 444 Brickell Avenue, Suite 51-448 Miami, FI 33131.

Pedro Antar nos formula una segunda aclaratoria con respecto al siguiente párrafo aparecido en nuestra publicación y en el que él aparece referenciado junto a empresas de su propiedad:

“En estos momentos, Pedro Antar posee tres empresas activa en Miami, Florida bajo las siguientes denominaciones: Von Suckow Trade Group, Inc (creada en 2008); FS Property Holding LLC (activa desde 2013) y Rocawell Corporation (2012). También aparecen en los récords las siguientes firmas inactivas Energreen S A Corp (2012), Sysco Wireless Corp. (2000); Red Bud Bay, Inc. (2006); Hypermedia Systems Corp (2006) y Gsl Limited Group Inc. (2012)”.

Al respecto, Pedro Antar señala que:

“Las empresas que nombran en su artículo (sic) son 100$ mías (sic) y no tienen ningún tipo de sociedad con las personas que nombran en el artículo (sic) más que ellos son clientes míos y no socios, los cuales están demandados en las corte de justicia en Miami-Dade por incumplimiento de contrato y que esas demandas reposan en el archivo online del Miami Dade Court donde pueden acceder libremente”.

Un informe sobre el reactor

Según la data registrada, el caso de venta fraudulenta del reactor formó parte de un informe que se entregó al Ministerio del Poder Popular de Petróleo.

Las evidencias a las que se hace referencia en esta nota son parte de una serie de documentos entregados a las autoridades federales de los Estados Unidos.

 

Con información de: Venezuela Al Día

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