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Persecución judicial, narcotráfico y “carteles nicaragüenses” salen a la luz tras demanda de PDVSA en Miami

Un oscuro aspecto de la demanda introducida en la corte federal de Miami el mes pasado por el Pdvsa Litigation Trust Fund contra más de 40 traders y firmas petroleras por el presunto delito de pago de sobornos, podría tener otras consecuencias para uno de los acusados e implicaciones para gobiernos en la región, de acuerdo a documentos de la demanda y fuentes consultadas.

De acuerdo a la declaración jurada del ex agente de Scotland Yard John Bannon, contratado como especialista por el Pdvsa Litigation Trust Fund para proveer experticia y documentar la acción legal, uno de los principales acusados en la demanda, Francisco Morillo, tendría lazos estrechos con dos venezolanos señaladas de estar implicadas en el “tráfico de drogas” y el “financiamiento al terrorismo”.

El detective Bannon dijo en una declaración presentada ante la Corte del Distrito Sur de la Florida el pasado 6 de marzo, que Morillo estaría vinculado a “gente asociada con carteles nicaragüenses de la droga”. Bannon, que basó su testimonio en información suministrada por la ex esposa de Morillo, Vanessa Friedman, una de las principales testigos del juicio, no suministró más detalles de las alegaciones.

Bannon afirmó también que el ex trader venezolano acusado en una corte federal de Miami de pago de sobornos y espionaje industrial, también estaba asociado a “personas extremadamente violentas”, y dijo que tenía estrechas relaciones con dos personas vinculadas al gobierno de Venezuela.

Entre ellas, el detective mencionó al Almirante retirado Carlos Aniasi Turchio, un ex oficial de alto rango de la Armada de Venezuela que fue acusado de participar en actividades de narcotráfico por el capo venezolano Walid Makled, en 2011.

El ex detective también mencionó en su declaración jurada que Morillo tenía una relación cercana con el empresario de origen libanés Majed Khalil. Brennan detalló que Khalil ha sido señalado de “presunto financista del terrorismo”.

Declaración del detective de Scotland Yard John Brennan, que vincula a Francisco Morillo con Carlos Aniasi Turchio y Majed Khalil.

En otra denuncia por separado, Morillo también fue acusado de haber presionado a autoridades en Venezuela para “acosar” judicialmente en cortes de Venezuela a familiares de su ex esposa Vannesa Friedman, mediante juicios presuntamente “amañados” y con la ayuda de funcionarios de la Fiscalía General de Venezuela.

Vinculos narco-terroristas

Tanto Carlos Aniasi Turchio como Majed Khalil han estado bajo investigación del gobierno norteamericano.

En 2011, Turchio fue incluido en la lista de objetivos de la DEA por su participación en presuntas operaciones de tráfico de cocaína a través del puerto de Puerto Cabello, en la costa central de Venezuela, tras denuncias en su contra por parte del capo de la droga Walid Makled.

Makled dijo a la DEA ese año que Turchio había recibido varios millones en pagos por supuesta protección, que fueron depositados en bancos norteamericanos. Las cuentas fueron posteriormente congeladas por orden del Departamento de Justicia.

En 2015, Turchio se habría acogido al programa de testigos del Departamento de Justicia, y desde entonces reside y opera en la localidad de Kissimmee, en el centro de la Florida, donde posee dos propiedades y dos empresas bajo su propio nombre y el de su esposa.

Por su parte el empresario Khalil ha tenido un largo historial de investigaciones por sus vínculos empresariales y estratégicos con el gobierno bolivariano. Una firma suya basada en Hialeah, Florida, Hardwell Computer, mantuvo grandes contratos con el Ministerio de Defensa de Venezuela para suministrar tecnología a programas informáticos de la inteligencia militar.

El gobierno norteamericano suspendió la visa a Khalil en 2004 no sólo por sus vínculos oficialistas, sino por su estrecha relación con las autoridades islámicas en Venezuela, vínculos que según el detective de Scotland Yard John Brennan, incluyeron posible financiamiento de actividades.

En la denuncia de Brennan no detalló de tipo de vínculos que Morillo supuestamente mantenía con Turchio y Khalil, y si estas relaciones violaron leyes en Estados Unidos. Pero tales detalles podrían salir durante el desarrollo del juicio.

“Ofensiva legal” desde 2016

En un testimonio enviado a este periodista por el empresario Peter Solis, padre de Friedman, Morillo es señalado de haber pagado miles de dólares a un fiscal público de Venezuela para perjudicar penal y patrimonialmente a la familia.

Peter Solís, que se casó en segundas nupcias con la madre de Friedman, detalló que tanto él como su esposa Raquel Friedman de Solís han sido objeto de acusaciones criminales en Venezuela sin que se les hubiera dado el derecho a la defensa.

El empresario dijo que un fiscal del Ministerio Público en Venezuela presuntamente pagado por Morillo, de nombre John Pérez, introdujo una acusación penal contra él y a su esposa “por los delitos de Asociación para Delinquir, Aprovechamiento de lo Proveniente del Delito, Apropiación Indebida y Calificada, y Estafa Agravada”, y solicitó una orden de captura en contra de la pareja. La supuesta víctima de tales delitos, que se mantuvo ilegalmente anónima durante más de un año, resultó ser según Solís el ciudadano venezolano Alberto León Izaguirre, pariente cercano de la entonces Fiscal General de Venezuela, Luisa Ortega Díaz.

Demanda contra los padres de Vanessa Friedman donde aparece como acusador León Izaguirre, familiar de la ex fiscal general Luisa Ortega Díaz.

Pérez, que formalmente es el Fiscal Auxiliar 58 Nacional, introdujo la petición en la Fiscalia Sexta de Higuerote, una localidad costanera en el centro norte de Venezuela donde se ubica la sede de la firma Aquaboats, propiedad de Solís, también incluida en la acusación del fiscal.

Solís aseguró que pese a la gravedad de la acusación, “pasamos meses en esta fiscalía en donde nunca se nos daba acceso al expediente, no nos aceptaban diligencias, hasta que denunciamos (el caso) a la Fiscalía General de la República cuando la titular era la propia Luisa Ortega Díaz, y también procedimos a denunciar en la Defensoría del Pueblo cuando el titular era el doctor Tarek William Saab”.

El empresario añadió que lejos de aclararse, la situación se complicó. “Nos cambiaron a otra fiscalía que sí nos atendía, pero sorpresivamente nos movieron de fiscalía en fiscalía”. Adicionalmente,

Solís aseguró que durante el proceso de investigación, que se prolongó durante dos años, “fuimos allanados por el CICPC (policía judicial venezolana), se llevaron todas las facturas de la compañía, que a la fecha no aparecen, (y las) computadoras”.

“Citaban a mi administrador y a mis empleados a declarar, en (audiencias) donde eran maltratados, amenazados y vejados. Nos mandaban a todos los entes gubernamentales casi mensualmente: Seniat, Alcaldía, Ipsasel, Sundeco, Indepavi, etc., nos acosaron durante todo este tiempo que duró la investigación”, dijo Solis.

A la pareja Solís-Friedman también le impusieron una orden de salida del país, y de bloqueo de todas las cuentas personales. También se les prohibió vender sus bienes, y a la empresa Aquaboats, fabricante de botes, le bloquearon sus cuentas bancarias y se les prohibió vender sus productos.

Solís también acusó como responsable de la persecución judicial al ciudadano Alberto León Izaguirre,

Intento de expropiación

El empresario venezolano también denunció un intento de expropiación de un apartamento en el exclusivo sector de La Lagunita, en Caracas, cuya propiedad era compartida entre Vanessa Friedman y Francisco Morillo.

Solís explicó que el 2 de agosto de 2016 tuvo lugar un operativo judicial en el citado apartamento “no sólo poco común sino muy ilegal y de una manera muy sospechosa”. Detalló que cuando fue notificada de la acción, su esposa Raquel acudió al sitio y se encontró que “había un herrero tratando de abrir la puerta”.

“La sorpresa más grande fue ver al Fiscal Nacional John Pérez parado en la puerta dirigiendo el operativo, y con un documento en la mano en donde (indicaba que) el apartamento era suyo cedido por Francisco (Morillo) y que él era uno de los abogados particulares de Francisco Morillo”.

“Raquel llamó a las autoridades tanto locales de El Hatillo como del CICPC y se tuvieron que retirar del sitio no sin antes amenazar a Raquel y decirle que esto no se iba a quedar así y que se lo iba a pagar”, relató.

Solís aseguró que “como el Fiscal John Pérez es muy conocido en la zona de Guarenas, Guatire y Barlovento se pudo conocer por su propia boca que Francisco Morillo le habia pagado US$10.000 para tratar de quitarle el apartamento a Vanessa (Friedman) y no se sabe exactamente el monto que recibió para llevar adelante el caso penal y perjudicarnos, pero esto es un hecho”.

Disclamer

Este periodista envió cuestionarios sobre las declaraciones y denuncias reportadas en esta historia a los abogados de Francisco Morillo en Washington, específicamente a Kimberly Ann Pathman, de la firma Akin Gump Strauss Hauer & Feld LLP. Al cierre de esta edición no había recibido correos de respuesta. (Se realizarán updates si es las repuestas a los cuestionarios son recibidos después de la publicación de este reportaje).

Un cuestionario fue enviado al abogado del Pdvsa Litigation Trust Fund, David Boies, de la firma Boies, Schiller, Flexner, también de Nueva York, para ampliar los aspectos relacionados a la declaración del detective John Brennan sobre los vínculos de Morillo con los venezolanos Carlos Aniasi Turchio y Majed Khalil, y sobre los señalamientos de vínculos con “carteles nicaragüenses de la droga”. Otro cuestionario también fue enviado a Boies para intentar aclarar el testimonio de Vanessa Friedman sobre el cual está basdado en parte el testimiono de Brennan. Al cierre de esta edición ambos cuestionarios no habían sido respondido.

Fue imposible para este periodista contactar al acusador de la familia Solís-Friedman, Alberto León Izaguirre, ni al Fiscal Auxiliar 58 Nacional John Pérez, sobre su supuesta actuación de persecución judicial y por haber presuntamente recibido dinero de Morillo para tales actuaciones.

(Cualquier persona que quiera enviar su comentario relacionado a esta historia o quiera ofrecer su versión de los hechos, puede comunicarse con el autor al correo [email protected]).

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