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OLP: La máscara del terror oficial en Venezuela

Entre julio de 2015 y junio de 2017, al menos 560 personas fueron asesinadas en Venezuela en la puesta en marcha de una política de seguridad ciudadana denominada Operación de Liberación y Protección del Pueblo (OLP). Un plan para “combatir la delincuencia y, especialmente, el paramilitarismo colombiano”, según aseguró el presidente Nicolás Maduro.

Con la OLP se cometieron 44 masacres y violaciones sistemáticas de derechos humanos. El operativo fue usado para sustituir grupos delictivos por colectivos, también se prestó para proteger intereses de funcionarios del Gobierno y materializar venganzas personales. El estadounidense Joshua Holt es una de las víctimas de la OLP. Está detenido desde hace más de un año, sin juicio

*Los nombres de las víctimas fueron cambiados por su seguridad

La Operación de Liberación y Protección del Pueblo (OLP) es una política de seguridad que convirtió a los ciudadanos en objetivos de guerra. Esta investigación documenta el asesinato de 560 personas en operativos que se caracterizaron por la participación masiva de funcionarios policiales y militares, que actuaban en compañía de grupos paramilitares afines al gobierno, conocidos como colectivos.Se suponía que el objetivo era devolver la paz a los habitantes de los sectores populares “liberándolos” del sometimiento de las bandas delictivas. Un documento “reservado” del Ministerio de Relaciones Interiores, Justicia y Paz, obtenido para la realización de este reportaje, define este plan de seguridad: “Operación de Liberación y Protección del Pueblo (OLP), la cual fue activada en julio del 2015, para combatir la delincuencia y, especialmente, el paramilitarismo, una práctica colombiana que ha sido importada para vulnerar la tranquilidad en Venezuela y con ello, dar al traste con la Revolución Bolivariana y los logros sociales”.

Pero en los hechos, esa promesa no se cumplió. Al contrario, lo que demuestran los datos y entrevistas recabadas para este trabajo es que luego de estos operativos hubo cambios de “gobierno” (poder) en los territorios donde operan los diferentes grupos criminales de Venezuela, y que incluyen a miembros de la fuerza pública y poderosos. Mientras que el terror y la zozobra se mantienen entre la gente que vive en las zonas menos privilegiadas, ahora aderezados con un nuevo ingrediente: el miedo a la OLP.

“A mi hijo lo mandaron a ponerse la ropa y le dieron un tiro en el corazón”

Con testimonios reales, este video reconstruye el horror que vivieron las víctimas de la OLP

Los delitos siguieron aumentando. En 2016 se registraron 21.752 homicidios, 12 por ciento más que el año anterior, dice el informe anual del Ministerio Público. Además el supuesto uso de la OLP para perseguir a paramilitares colombianos que -según autoridades del Gobierno- operaban en territorio nacional, tampoco se percibió, entre otras cosas porque en los barrios de Caracas todos saben que no hay ese tipo de grupos irregulares.

En los estados fronterizos (Táchira, Apure, Barinas y Zulia) donde sí operan las organizaciones conocidas como bacrim (bandas criminales, derivadas de las desaparecidas Autodefensas Unidas de Colombia) casi no hubo OLP, ahí se registró 6,7 por ciento de víctimas de estos procedimientos. El contenido del documento denominado Actuaciones del Ministerio Público Relacionadas con la OLP en Venezuela y los datos recabados por el equipo de Runrun.es registra que 99,2 por ciento de las víctimas de estos operativos eran de nacionalidad venezolana y menos de 1 por ciento eran extranjeros.

Las OLP eran operaciones selectivas. Estaban dirigidas a personas previamente escogidas. Los funcionarios de la fuerza pública llevaban teléfonos móviles y tabletas con fotos o nombres de los presuntos delincuentes a los que buscaban. También usaron drones y prostitutas para identificarlos y ubicarlos. Aunque en sus inicios las motivación detrás de los procedimientos era hacer propaganda en los meses previos a las elecciones parlamentarias de 2015, estos operativos se prestaron para la venganza, la captación de territorios que pasaron al poder de bandas o colectivos afines al gobierno, y para dar protección a militares y personajes del Gobierno.

El improvisado plan estaba fuera de control desde el inicio, cuando se reportó la masacre de 15 personas en la primera OLP realizada en la Cota 905, al suroeste de Caracas. También hubo denuncias de destrucción de la propiedad y robo de bienes en las viviendas visitadas sin orden judicial. Estos maltratos y la violación sistemática de los derechos humanos se repitieron en todos los procedimientos. Testimonios de víctimas y victimarios, documentación rigurosamente contrastada, demuestran que 44 masacres se cometieron en silencio. Sin escándalos mediáticos, así murieron 338 personas, 60 por ciento de los asesinados en las OLP, pese a que estas operaciones estaban caracterizadas por una espectacularidad casi cinematográfica, que incluyó el uso de vehículos blindados, helicópteros, armas de guerra, dispositivos electrónicos, drones y máscaras de la muerte.

El investigador y profesor de la Universidad Central de Venezuela (UCV), Keymer Ávila, lo denominó: “Una masacre por goteo” cubierta con máscaras aterradoras, cuyo uso tuvo mayor impacto que el de las propias muertes de centenares de venezolanos. Solo la masacre de Barlovento, ocurrida entre octubre y noviembre de 2016 (se desconoce el día exacto en que fueron asesinados los 12 hombres que estuvieron desaparecidos 40 días), capturó la atención de la opinión pública y se convirtió en un escándalo, aunque las autoridades se esmeraron en desvincularla de la OLP.

El hijo de Kimberly tiene 9 años y ya no cree en el Niño Jesús (Santa Claus venezolano). Vive en Capaya, un pequeño pueblo de Barlovento, en el estado Miranda, a 81 kilómetros de Caracas. En diciembre le pidió que le trajera un telescopio y le devolviera a su papá para mirar juntos las estrellas. Pero el mágico personaje, que en realidad era su mamá, se había convertido un mes antes en una joven viuda que no tenía ni el dinero para comprar el juguete, ni el poder para regresarle la vida a su esposo Freddy Hernández.  “A él se lo llevaron el 16 de octubre 2016. Lo sacaron a golpes de la cama. Entraron destruyendo todo. Decían que era la OLP”, relató la mujer.

Cuarenta días después, el 26 de noviembre, el cuerpo de Freddy fue localizado en una fosa común junto a los cadáveres de otros 11 hombres. Eran las víctimas de la masacre de Barlovento. Kimberly seca las lágrimas de su rostro con las manos, y agradece la ayuda que ha recibido de la comunidad, porque su esposo era el sostén de la familia, trabajaba como mototaxista y mecánico.

La matanza fue ejecutada por funcionarios del Batallón Caribe del Ejército, un componente acostumbrado a trabajar en el control de los grupos irregulares en la frontera. Habían sido trasladados a esta zona desde el centro del país entre abril y mayo de 2016 para apoyar en las OLP. Se quedaron allí e improvisaron un comando en una vivienda abandonada en el pueblo El Café, vecino de Capaya, ambos ubicados en el municipio Acevedo en Barlovento.

A las víctimas se las llevaron de sus casas, las sacaron de vehículos de transporte público o las detuvieron en la calle en distintos procedimientos. La mayoría fue liberada después de haber sido torturados durante una semana. Pero los 12 hombres que quedaron en prisión, fueron ejecutados y desaparecidos. La presión de los familiares obligó a las autoridades a investigar y los cadáveres fueron localizados mutilados y enterrados. Los 18 militares responsables del crimen fueron detenidos.

OLP: La máscara del terror oficial

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