loading…


¡NO ESCAPARAN! ONU llevó masacre de Oscar Pérez a la Corte Penal Internacional y pidió actuar

El informe hace abundantes referencias a la situación carcelaria y de abusos de las fuerzas de seguridad en el país, con énfasis en las 505 muertes en el marco de las llamadas “Operaciones de Liberación del Pueblo” (OLP, ahora rebautizadas por el presidente Nicolás Maduro con la H de “humanitaria”), y la muerte sin investigaciones posteriores de 43 reclusos en Puerto Ayacucho, estado Amazonas, en agosto de 2017.

En un informe titulado: “Situación de los Derechos Humanos en Venezuela: Una espiral descendente que parece no tener fin”, la Oficina del Alto Comisionado de la Organización de Naciones Unidas para los Derechos Humanos exige a la Corte Penal Internacional que “se implique” en el tema, en medio de la “impunidad generalizada” y la “inacción del Estado” que, según la oficina dirigida por Zeid Ra’ad Al Hussein, predominan en el país.

“Dado que el Estado parece no tener la capacidad ni la voluntad de enjuiciar a los responsables de las graves violaciones de los derechos humanos, existen sólidas razones para considerar una mayor implicación de la Corte Penal Internacional en esta materia”, señaló Al Hussein. El vocero destacó que toda la evaluación del caso venezolano se hizo a distancia, pues el Gobierno venezolano impide la entrada de una comisión de la Oficina de Derechos Humanos de la ONU desde hace más de una década.

Corte Penal Internacional
La ONU criticó el carácter opaco y represivo de las OLP

“Las OLP fueron sustituidas en enero de 2017 por otra operación denominada Operaciones Humanitarias de Liberación del Pueblo, que son mucho menos transparentes que las OLP y más difíciles de rastrear. En todo caso, según las informaciones comunicadas por la sociedad civil, los homicidios han continuado”, indica un comunicado de presentación del informe.

Además, denuncia la “Impunidad generalizada en beneficio de las fuerzas de seguridad, presuntamente responsables de la muerte de al menos 46 personas durante las protestas de 2017”. De las 54 investigaciones iniciadas por la fiscalía general, dirigida por Tarek William Saab, contra funcionarios por estos hechos, solo se conoce una detención, señaló Al Hussein. “Una nueva política interna, según la cual toda investigación relacionada con un agente de seguridad debe ser aprobada personalmente por el Fiscal General, introdujo preocupaciones sobre la pérdida de independencia de los fiscales”, indica el informe.

A Saab se le hace otra grave acusación: “desde el cambio de Fiscal General, a principios de agosto de 2017, las autoridades estatales no han actuado con la diligencia debida para investigar de manera oportuna y eficaz los casos de uso excesivo de la fuerza y de muertes de manifestantes tras la acción de las fuerzas de seguridad, castigar a los presuntos perpetradores y determinar las responsabilidades de las autoridades en los distintos niveles de la cadena de mando, deficiencia que constituyó una violación del derecho de las víctimas y sus familiares a la verdad y la justicia”, indica el informe. “A juicio del ACNUDH, durante la ola de manifestaciones masivas realizadas del 1 de abril al 31 de julio de 2017, las autoridades venezolanas infringieron sistemáticamente el derecho de reunión pacífica”, se destaca.

“Las organizaciones de la sociedad civil que se ocupan de cuestiones relativas a los derechos humanos también siguen confrontadas a severas restricciones legales, campañas de desprestigio, amenazas y acoso, así como a acusaciones de haber cometido delitos, tales como actos de terrorismo y de traición a la patria. Aunque el número de detenciones arbitrarias e ilegales es ahora menor que durante las manifestaciones masivas del año pasado, han continuado de una manera más selectiva”, indica el documento, que puede descargar completo en este enlace.

Además, reseña el informe que:

“Según interlocutores de la sociedad civil, al menos 12.320 opositores políticos o personas consideradas como opositoras, o como amenazas para el Gobierno, fueron detenidos arbitrariamente entre enero de 2014 y abril de 2018. De estas personas, más de 7.000 fueron liberadas con la condición de que acaten una serie de medidas que restringían sus libertades. Siguen enfrentando largos procedimientos penales incoados en su contra, en algunos casos ante los tribunales militares. Muchas de estas personas viven con el temor de ser detenidas nuevamente, y algunas han abandonado Venezuela”.

Caso Óscar Pérez

El informe también hace referencia a la masacre en la que fue ultimado el inspector del Cicpc Óscar Pérez y un grupo que se encontraba con él en El Junquito el 15 de enero de 2018: “El patrón de violaciones a derechos humanos identificado en el marco de las OLP también se observó (…) durante la operación que concluyó con la muerte de siete miembros de un presunto grupo armado en la zona de “El Junquito”, en enero de 2018. La información reunida por el ACNUDH indicó que en ambos casos los agentes de seguridad utilizaron fuerza excesiva y manipularon las escenas y evidencias para que las muertes parecieran haber resultado de los intercambios de fuego”.

Un Estado ilegal

El informe afirma que “la erosión del Estado de derecho se aceleró desde agosto de 2017 a medida que el Gobierno desmantelaba aún más los controles y contrapesos institucionales esenciales para mantener el sistema democrático. Diputados han denunciado que el Gobierno no ha proporcionado financiamiento alguno a la Asamblea Nacional desde agosto de 201618. En virtud de un decreto promulgado el 8 de agosto de 2017, todos los poderes del Estado se hallan ahora supeditados a la Asamblea Nacional Constituyente y a sus decisiones19. Incluso las disposiciones de la Constitución solo siguen siendo válidas si no contradicen los actos legislativos aprobados por la Asamblea Constituyente, infringiéndose así el principio fundamental de legalidad”.

Con información de: InfoVzla

Comentarios

Comentarios

loading...
Resistencia Venezuela
error: Maduro Chupalo !