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Medidas económicas dan carta blanca a Clap y milicianos para acosar a comerciantes

Desde el 20 de agosto, fecha en la cual inició la circulación del Bolívar Soberano, la Superintendencia Nacional para la Defensa de los Derechos Socioeconómicos (Sundde) y el Ministerio Público (MP), se mantienen desplegados buscando presuntos delitos socioeconómicos en comercios.

A esta supervisión se sumaron los Comités Locales de Abastecimiento y Producción (CLAP), Unidades de Batalla Bolívar Chávez (UBCh) y los integrantes de las Milicias Bolivarianas, que van a panaderías, clínicas, farmacias, supermercados y comercios, siendo los artífices de crear el camino hacia las multas que varían entre 12.500 y 60.000 unidades tributarias (UT).

Para ello atienden las denuncias del llamado “Poder Popular” sobre los que ellos consideran especulación, remarcaje y oferta engañosa. El paso que sigue luego es la detención de gerentes y subgerentes, y para luego mostrarlos como trofeos en las redes sociales.

Ahora los CLAP y las Milicias toman la justicia por sus manos, y las personas que laboran en los comercios se ven en la obligación de darles explicaciones. Un panorama sombrío que se repite como ocurrió con panaderías y zapaterías en años pasados.

En las redes sociales se les puede ver a los oficialistas burlándose de la manera cómo toman los comercios. Un grupo vestido de rojo va a los negocios vestidos de rojo, con banderas, afiches y gritando consignas para atacar a los productores y lograr que bajen los precios que ellos consideran injustos.

En una nota de prensa del Ejecutivo, se explica que luego de los operativos de fiscalización y verificación de precios, más de 30 ciudadanos, encargados de establecimientos, han resultado detenidos “por la comisión de delitos de usura, acaparamiento y especulación”.

Ahora los pocos que quedan trabajando en los comercios permanecen en la incertidumbre, mientras los gerentes son los nuevos objetivos del Gobierno, una suerte de cacería de brujas para tapar los errores que comete el Gobierno con sus medidas económicas.

El director de la ONG Foro Penal Venezolano, Gonzalo Himiob, explicó por las redes sociales que detener a gerentes, empleados o a dueños de negocios sin base jurídica, “solo para que sirvan de chivos expiatorios que permitan sustentar la narrativa o el discurso del poder (eso que llaman la verdad oficial) categoriza de inmediato a esos detenidos como presos políticos”.

Mientras permanece la incertidumbre sobre las medidas qué seguirá tomando el Gobierno y cómo afectarán a los ciudadanos de a pie y a los productores que quedan laborando en el país. Persiste la preocupación y los venezolanos temen que éstas precipiten la inflación aún más de lo previsto.

Con información de: Venezuela Al Día

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