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“Maduro no quiere que se publique la información y trata de taparla”

En el Día del Periodista, comunicadores sociales e investigadores señalan al gobierno como el principal responsable de los ataques y amenazas contra los trabajadores de la prensa. El bloqueo de portales es la práctica más reciente

La libertad de expresión incomoda al presidente Nicolás Maduro y a sus colaboradores. Y no son pocos los mecanismos que ha empleado para atentar contra ese derecho: la censura, los procesos administrativos y judiciales, las amenazas, la violencia física y verbal contra periodistas y medios de comunicación, así como la impunidad y la opacidad en la información, han caracterizado sus cinco años de gobierno.

En el Día del Periodista, Marcelino Bisbal, periodista e investigador; Luisa Torrealba Mesa, investigadora del Ininco; Carlos Correa, director de Espacio Público, y Marco Ruiz, secretario general del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa, coinciden en que el Ejecutivo ha creado mecanismos legales, económicos y violentos para amedrentar y evitar que los periodistas reflejen la realidad de Venezuela.

Aunque el gobierno ha utilizado la legislación para coartar el libre ejercicio del periodismo, estudiosos de la comunicación y periodistas aseguran que informar es un derecho consagrado en los artículos 57 y 58 de la Constitución.  “Informar no es delito sino un derecho que debe ser protegido y respetado por Maduro, aun en Estado de excepción. La carta magna es clara”, asevera Ruiz.

En lo que va de año se han registrado 113 hechos de violación de la libertad de expresión y del derecho a la información, de los cuales 87 han sido agresiones directas a periodistas y demás trabajadores de la prensa. El gremio contó 24 detenciones arbitrarias, recuerda.

Espacio Público advierte en su más reciente informe que la Ley contra el odio, aprobada por la asamblea nacional constituyente, también se ha utilizado como herramienta para amedrentar. Hasta junio la ONG ha identificado nueve casos, de los cuales dos se relacionan con periodistas y medios de comunicación, y uno de ellos es el procedimiento administrativo contra El Nacional web.

Informarse e informar son derechos 

Marcelino Bisbal, periodista e investigador, señala que la libertad de recibir información y transmitirla es consustancial con la democracia: “Informar no es un delito. Lo que determina que una sociedad es democrática es la libertad que tiene el ciudadano no solo de hacer ejercicio de todos sus derechos, sino de poder recibir y transmitir información sin ningún tipo de cortapisas”.

La democracia se sostiene en la medida en que se ejerce ese derecho: “Lo que llama la atención es que el ciudadano no se percata de que  informarse e informar son derechos y si se violan pierde la posibilidad de llamar la atención sobre su situación”.

Bisbal asegura que el país está ante un régimen dictatorial. “Por eso el gobierno ha ido creando mecanismos para que no se informe lo que sucede, que no se diga hacia dónde nos ha conducido este proceso político. Es un gobierno que ha venido generando mecanismos para coartar la crítica y mantenerse en el poder”.

Una primera etapa, añade, estuvo signada por la retórica del fallecido presidente Hugo Chávez, que acusó a periodistas y medios de comunicación de ser los malos. Luego del golpe de Estado de 2002 se creó una plataforma grandísima de medios y no de servicio público: “Una hegemonía comunicacional que no tiene precedentes”.

En la tercera etapa, refiere Bisbal, se adelantó un diseño jurídico que limitó de manera importante la libertad de expresión y de información. En el gobierno de Maduro esa plataforma creció de un modo impresionante mediante decretos y normas que limitan la libertad de expresión; además se restringió el otorgamiento de divisas para adquirir insumos y papel periódico, y censuraron las redes sociales.

Se han sofisticado las agresiones 

Luisa Torrealba Mesa, investigadora del Ininco, asegura que el gobierno mantiene una política dirigida a censurar los medios de comunicación y evitar que la información de interés público llegue a los ciudadanos: “Cualquier información que resulte crítica representa para quien ejerce funciones de poder un peligro para su estabilidad y continuidad. Atenta contra un derecho que tienen los ciudadanos”.

El cerco que tiene el gobierno hacia el ejercicio del periodismo es de distinta índole. “Uno es lo legal. Se sigue usando el Código Penal para criminalizar a periodistas y medios, para acusar a los periodistas de dañar la honra, para acusar a los medios de  difamación agraviada”.

Añade que  otro mecanismo son las providencias de Conatel para los medios radioeléctricos, pero que recientemente lo han comenzado a usar contra los medios digitales. “Se abre una investigación y se acompaña el procedimiento de una medida cautelar que tiene de manera directa una sanción”.

La otra vía de censura es la económica. “El gobierno utiliza la publicidad como mecanismo de premio o de castigo”, enfatiza.

La investigadora advierte que se institucionalizó la violencia: “Se pasó de la agresión física al hecho de que los propios funcionarios y los cuerpos de seguridad del Estado agreden directamente a los periodistas”.

Torrealba  considera que el cerco al ejercicio del periodismo es una estrategia del Ejecutivo. “Es sistemática, se ha extendido por muchísimos años, se han ido sofisticando las formas de cómo se ataca y cómo se criminaliza, aunque informar no es un delito, y con un elemento común que es la impunidad”.

La práctica es censurar a periodistas 

El secretario general del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa, Marco Ruiz, indica que el periodismo ha vivido varias etapas de persecución. La primera fue verbal, cuando los funcionarios, incluso Hugo Chávez, señalaron y cuestionaron la labor de los comunicadores. Luego manipularon las leyes para provocar que los periodistas se inhibieran y autocensuraran. Además, emplearon la Comisión Nacional de Telecomunicaciones yla Corporación Alfredo Maneiro para otorgar concesiones y asignar papel periódico discrecionalmente; lo que ha afectado la labor de periodistas y trabajadores de la prensa.

“La práctica más reciente del gobierno, referida a la violación de la libertad de expresión, es el bloqueo de portales digitales, con lo que incumple el derecho de recibir información que tienen todos los venezolanos, de acuerdo con la Constitución”, recuerda Ruiz. El Nacional Web fue uno de los medios bloqueados por la Cantv.

Destaca que la violencia contra los periodistas se ha evidenciado en cuatro fases. “Maduro es responsable del mayor número de violaciones de la libertad de expresión en la historia democrática”, asevera.

La persecución que ha ejercido el Ejecutivo y la crisis económica ha obligado a los periodistas a migrar a otros países, donde casi nunca ejercen su labor. El SNTP informa que desde 2012 han salido de Venezuela 1.328 comunicadores. No obstante, en aras de hacerlos parte del mercado laboral, la Federación de Periodistas de América Latina y el Caribe se comprometió a apoyarlos y a denunciar cualquier explotación a la que sean sometidos.

Periodismo condicionado no es opción 

El director de Espacio Público, Carlos Correa, destaca que debido a la política de persecución y hostigamiento que ha implantado el presidente Nicolás Maduro, los periodistas ejercen su tarea bajo una libertad condicionada: no pueden hacer coberturas oficiales ni mencionar a determinados funcionarios para evitar ser blanco de ataques.

“No hay que acostumbrarse al condicionamiento. La pretensión es convertir lo incómodo en delito y con ello ejercen el poder de manera arbitraria. Informar no es delito, pero Maduro no quiere que se publique la información, y trata de taparla”, subraya.

Aunque este año no se han registrado protestas como las de 2017, cuando periodistas y trabajadores de la prensa fueron agredidos y detenidos, la persecución continúa. Correa asegura que ahora la ofensiva es contra la fuente, sobre todo las que están relacionadas con la crisis de salud y económica. “Hay un castigo a la fuente. También descalifican al periodista para dañar su honor. Eso ha aumentado notablemente”, agrega.

“Desde el año pasado la violencia de los funcionarios del Estado ha sido más abierta. En años anteriores solo eran cómplices de grupos civiles armados que robaban y golpeaban a periodistas y al equipo técnico”, asevera.

Uno de los casos más recientes ocurrió en mayo cuando el coronel de la Guardia Nacional Bladimir Lugo golpeó a un camarógrafo de Venevisión y lanzó su equipo al suelo cuando se disponía a entrar a la Asamblea Nacional.

Los comunicadores también deben sortear la opacidad de la información. En lugar de verificar los datos, los periodistas deben buscarlos porque no existe información oficial, apunta.

Con información de: El Nacional

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