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La ONU pide que la Corte Penal Internacional investigue abusos en Venezuela

La Oficina del Alto Comisionado para los DD.HH. publicó su segundo informe sobre Venezuela en el que se denuncian cientos de muertes, torturas y detenciones arbitrarias a manos de las fuerzas de seguridad.

El Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Zeid Ra’ad al Hussein, recomendó este viernes (22.06.2018) que la Corte Penal Internacional (CPI) “se implique” en el caso de los graves abusos cometidos en Venezuela dada la inacción del Estado.

“Dado que el Estado parece no tener la capacidad ni la voluntad de enjuiciar a los responsables de las graves violaciones de los derechos humanos, existen sólidas razones para considerar una mayor implicación de la Corte Penal Internacional en esta materia”, afirmó Al Hussein en un comunicado.

Alto Comisionado denuncia “impunidad”

El Alto Comisionado denunció la “impunidad” que reina en Venezuela, donde las fuerzas de seguridad llevan años supuestamente cometiendo abusos sin que el Estado rinda cuentas por ello.

“El hecho de no haber responsabilizado a las fuerzas de seguridad por las violaciones tan graves de derechos humanos que se han perpetrado, sugiere que el Estado de Derecho está prácticamente ausente en Venezuela”, señaló.

505 ejecuciones extrajudiciales

El Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Zeid Ra’ad al Hussein.

Según la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACDH), han sido ejecutadas de manera extrajudicial 505 personas por parte de las fuerzas de seguridad, en el marco de las protestas iniciadas en 2014.

En el informe divulgado hoy, la OACDH actualizó un reporte anterior sobre la situación en Venezuela y afirma que existen testimonios “creíbles” e “impactantes” de ejecuciones extrajudiciales perpetradas por fuerzas de seguridad desde 2015, en el marco de supuestas acciones de lucha contra el crimen, conocidas como Operaciones de Liberación del Pueblo (OLP).

“Testimonios de víctimas suscitan preguntas sobre si las OLPs estaban realmente destinadas a desarmar grupos criminales”, subraya el informe. “Una serie de elementos parecen indicar que fueron un instrumento del Gobierno para exhibir supuestos resultados en la reducción del crimen”.

“Situación de DD.HH. es catastrófica”

El informe cita una investigación de la destituida fiscal general de Venezuela Luisa Ortega Díaz, que entre julio de 2015 y marzo de 2017 registró la muerte de 505 personas bajo esa modalidad.

“La situación de los derechos humanos del pueblo de Venezuela es catastrófica”, sostuvo Zeid Ra’ad Al Hussein. El informe fue elaborado en base a 150 entrevistas y encuentros con ciudadanos venezolanos, incluidos al menos 78 víctimas y testigos.

Con información de: DW

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