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La AN registra más de 3.200 ataques a la libertad de expresión desde 2011

El Parlamento acordó llevar a la Organización de Naciones Unidas los testimonios y denuncias sobre violaciones y ataques a la prensa libre en este último año

La cifra de violaciones a la libertad expresión y el cierre de medios de comunicación independientes han venido aumentando en la última década, sobre todo durante el período de gobierno del presidente Nicolás Maduro. De acuerdo con la Asamblea Nacional esto se traduce en una alarma para la democracia y representa una preocupación debido a los escasos espacios libres que están quedando para que los venezolanos se informen.

Ayer, los parlamentarios aprobaron por unanimidad un proyecto de acuerdo en rechazo al desarrollo de un patrón sistemático de violación de los derechos civiles y políticos de los venezolanos, y de ataque a los medios de comunicación “que es una nueva forma de afectación del sistema democrático y de los derechos humanos”.

En la discusión los parlamentarios expusieron las cifras y casos de ataques por parte del gobierno y personas afectas a él, contra los medios independientes y periodistas.

Desde 2011 ha habido un incremento constante de los ataques a la prensa libre, de acuerdo con la base de datos de la ONG Espacio Público, que defiende el derecho a la libertad de expresión. En ese año se registraron 224 casos de acciones que cercenaron las garantías de libre expresión, establecidas en los artículos 57 y 58 de la Constitución.

2017 fue el año más grave para la libertad de expresión en la última década: la ONG recibió 1.022 denuncias de ataques, amenazas e intimidación contra medios y trabajadores de la prensa. Si bien este año la cifra ha disminuido –solo han registrado 219 casos– las consecuencias han sido fatales para el derecho a la información de los ciudadanos, pues esas acciones han desencadenado en cierres de medios de comunicación o, en algunos casos, censura y autocensura por parte de las empresas y sus trabajadores.

El diputado Biagio Pilieri, integrante de la Comisión de Medios del Parlamento, expuso las cifras durante su intervención en la discusión del proyecto. Indicó que los ciudadanos que habitan en las regiones son los más afectados por la falta de espacios informativos. Afirmó que este año han cerrado 13 medios, de los cuales 10 se han originado en los últimos 2 meses debido a las medidas económicas decretadas por el gobierno.

El parlamentario de Yaracuy agregó que en lo que va de año ha habido 24 detenciones de trabajadores de la prensa y 117 medios de comunicación afectados por ataques del gobierno.

“En Venezuela se viola sistemáticamente la libertad de expresión y eso solo pasa en dictadura. En los últimos dos meses la arremetida del régimen ha sobrepasado los umbrales de lo que puede esperarse de una dictadura, ha utilizado amenazas, el terrorismo, las detenciones irregulares y allanamientos para cercenar el derecho a la información”, expresó la diputada Bolivia Lozano.

Los parlamentarios indicaron que entre los medios afectados están El Nacional, NTN24, Armando Info, Tal Cual Digital, El Pitazo, La Patilla, El Diario de Los AndesDiario Visión Apureña, el Diario de LaraEl Caroreño, Tv Bolívar y Universal Televisión. Estos dos últimos salieron del aire “por el  acoso del régimen”.

El acuerdo indica que los ataques usados son los siguientes: secuestros, amenazas, ataques con armas blancas, deportaciones, hostigamiento y detenciones que están expresamente prohibidas en la Constitución.

Los parlamentarios acordaron recoger en el “Libro negro de la libertad de expresión” los testimonios y denuncias sobre violaciones de la libertad de expresión, para consignarlos ante la Organización de las Naciones Unidas, la Sociedad Interamericana de Prensa, la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos y la Organización de Estados Americanos.


La AN apoya acciones de la CPI

El Parlamento aprobó un proyecto de acuerdo en respaldo a las acciones de organismos internacionales sobre la situación de Venezuela, entre estas la solicitud de siete países a la Corte Penal Internacional para que investigue posibles delitos de lesa humanidad por parte del gobierno del presidente Nicolás Maduro.

Los parlamentarios acordaron remitir a la CPI toda la documentación y elementos de convicción que puedan servir de sustento a sus averiguaciones. Así también instaron a la Alta Comisionada de la ONU para los derechos humanos, Michelle Bachelet, a visitar el país para que conozca in situ la crisis humanitaria.

El acuerdo será remitido al Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas, a la oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos de la ONU y a las embajadas de los países que respaldan la investigación de la CPI, en Caracas.

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