La amnistía no puede ser impunidad para violaciones de DDHH y crímenes de lesa humanidad en Nicaragua

El pasado 08 de Junio fue aprobada por parte de la Asamblea Nacional de Nicaragua la Ley de Amnistía General que llevaría posteriormente a la liberación con condiciones de 56 presos políticos de ese país. A la fecha de hoy, continúan según cifras del Comité Pro Liberación de los Presos Políticos, 86 personas privadas de libertad en distintas cárceles de Nicaragua.

La Ley de Amnistía en su articulo 3, priva a las personas beneficiadas de sus plenos derechos, como por ejemplo, el derecho a la manifestación pacifica contemplado en el articulo 53 de la constitución nicaragüense. Tampoco da ningún tipo de garantía de la restitución de los bienes incautados ilegalmente por el Estado Nicaragüense a varios de los privados de libertad que fueron “beneficiados”.

Cabe recordar que la mayoría de los presos políticos liberados en el transcurso del año, fueron objeto de detenciones arbitrarias, terribles torturas, tratos cueles, inhumanos y degradantes, cuyos crímenes fueron plasmados en los informes realizados por el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) y el Mecanismo Especial de Seguimiento para Nicaragua. (MESINI), creados por la CIDH y la Secretaria General de la OEA, que determinaron que el régimen nicaragüense había cometido Crímenes de Lesa Humanidad.

El Instituto CASLA celebra la libertad de quienes nunca debieron estar presos. No se puede recuperar el tiempo de vida cuando se está injustamente encarcelado, pero si se puede gritar al mundo que la dignidad en la lucha por la libertad es tan noble que compensa el sufrimiento que causa.

Sin embargo, exigimos la restitución plena de los derechos garantizados en la Constitución nicaragüense y en los Tratados y Convenios Internacionales de Protección de los DDHH a los que está suscrito Nicaragua.

Es importante destacar, que un sin número de nicaragüenses que se expresaron en las calles en las protestas masivas del pasado año, fueron injustamente despedidos de sus lugares de trabajo, como castigo por disentir, entre ellos, profesionales de la salud, periodistas, profesores, abogados, empleados públicos, entre otros.

Igualmente, manifestamos nuestra preocupación por la falta de investigaciones independientes y la impunidad que cierne sobre los asesinatos de manifestantes en los hechos sucedidos el pasado año 2018, las desapariciones forzadas y ejecuciones extrajudiciales, y los crímenes como la detención arbitraria, la tortura y la violencia sexual cometida por funcionarios del régimen de Daniel Ortega, en el marco de la represión sistemática que aún persiste al día de hoy, con la intimidación y acoso a la población en general y en especial, a quienes continúan manifestando en las calles.

La gente de Nicaragua tiene derecho a vivir en democracia y libertad y los miles de exiliados por la represión y persecución tienen derecho a retornar, con plenas garantías de respeto de sus derechos humanos. Respaldamos los esfuerzos que tanto la sociedad civil nicaragüense como los organismos regionales y mundiales realizan, para que la Democracia y el Estado de Derecho impere en Nicaragua.

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