Juan Sebastián Montes y Peggy Camacho aceptaron sobornos por $35,7 millones de PDVSA

Casos de Corrupción
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Juan Montes, ex empleado de Pdvsa, recibió dinero a cambio facilitar acceso a fondos.

Dos nuevos nombres se suman a la lista de implicados en el caso que se sigue en la Corte de Connecticut en contra de Francisco Illaramendi, ex asesor financiero de Pdvsa.

De acuerdo con par de demanda civiles presentadas por el síndico procurador de la causa, John J. Carney, el ex funcionario de la Dirección de Administración de la estatal petrolera, Juan Montes; y el empresario venezolano vinculado al área de las telecomunicaciones y financiera, Moris Beracha, figuran entre las personas que participaron en el esquema fraudulento montado por Illaramendi, con el cual el economista venezolano-estadounidense generó $300 millones de pérdidas a los fondos administrados.

La trampa del ex asesor de Pdvsa incluye el uso del mercado permuta y de los recursos depositados en los fondos de ahorro y pensiones de los trabajadores y los jubilados de Pdvsa.

Carney presentó el mismo 3 de febrero las dos demandas civiles. La primera contra Montes, por recibir comisiones y sobornos, por lo que debería pagar más de $35 millones de ser hallado culpable. En esta incluye a Movilway, compañía de Beracha por donde se transfirieron los pagos.

La segunda va dirigida solo a Beracha, quien tendría que cancelar más de $171 millones de comprobarse su participación en el sostenimiento del esquema fraudulento armado por Illaramendi.

La semana pasada, Juan Carlos Horna, fue sentenciado a 14 meses de prisión porque se declaró culpable de haber participado en la realización del esquema Ponzi, al ayudar a Illaramendi en la falsificación de documentos de una entidad bancaria europea. La misma decisión se tomó en contra de Juan Carlos Guillén en diciembre de 2011, por igual motivo.

Según el relato de los hechos realizado en el escrito de Carney, Illaramendi ha cometido irregularidades con los recursos manejados en High View Point y Michael Kenwood Capital desde 2005, cuando comenzó a utilizar una serie de maniobras financieras para ocultar una pérdida inicial de un poco más de $5 millones. “Fue el principio del agujero”, manifiesta el síndico.

En esa oportunidad llegó a utilizar las firmas de su cuñado, Rufino González-Miranda, propietario de la casa de bolsa Fidevalores, para ocultar los problemas financieros que presentaba su fondo de inversión.

La relación con Montes se inició en 2006, cuando el funcionario de Pdvsa, encargado de la administración de los fondos de ahorro de los trabajadores y de pensiones de los jubilados, orquestó una operación con el ex asesor de Pdvsa.

“Al leal saber y entender, Illarramendi usó el ‘mercado permuta’ -un tipo de mercado de cambio de divisa en la operación en Venezuela- para participar en una complicada serie de transacciones con los fondos de pensiones de Pdvsa… Montes organizó estas transacciones permuta con Illarramendi, en nombre de los fondos de pensiones de Pdvsa a cambio de pagos de sobornos… Illarramendi se basó en el acceso al mercado permuta para ayudar en su funcionamiento del esquema de Ponzi”, indica el documento oficial.

Los pagos de sobornos, comisión y peaje a favor de Montes comenzaron en noviembre de 2006. Para ello, según la demanda presentada en la corte, Illaramendi utilizó cuentas de la empresa Movilway en ciudades de Europa.

La compañía Movilway pertenece al holdings de empresas de Moris Beracha, ex asesor financiero del Ministerio de Finanzas, en los tiempos en que el hoy gobernador de Aragua, Rafael Isea, estaba al frente de ese despacho.

Este financiero, de acuerdo la segunda de las demandas, conocía desde hace cinco años los movimientos efectuados por Illaramendi para sostener el esquema Ponzi. Incluso habría prestado dinero con un interés de 80% o servido de intermediario para que miembros del sector financiero del Gobierno venezolano, realizaran negocios con Illaramendi.
Para demostrar la triangulación efectuada entre Illaramendi, Montes y Beracha, Carney hace referencia a cruces de correos electrónicos, donde los dos primeros aparecen con diferentes alias, entre ellos Tony Olson y Black, respectivamente.

Montes, quien actualmente vive en Sunny Isle Beach, en Florida, ya declaró ante las autoridades de EEUU y se sometió a la Quinta Enmienda para no verse obligado a declarar sobre temas comprometedores.

Fuentes del sector financiero aseguran que los correos y demás documentos donde se evidencian las transacciones para el pago de soborno, fueron entregados a la corte por Illaramendi, en búsqueda de una reducción de la pena.

También, una fuente cercana a Beracha dijo que éste -quien aún no ha definido la fecha en que regresará a EEUU- presentará la documentación para demostrar que estaba cumpliendo órdenes de Illaramendi.

Además, el empresario venezolano habría manifestado su intención de colaborar con las autoridades estadounidenses para explicar el esquema de las operaciones realizadas alrededor de los permutas.

Se espera que otros empresarios y financieros que colocaron dinero en los fondos administrados por Illaramendi, también sean citados en los próximos días

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