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Human Rights Watch pide a la OEA solicitar inmediata liberación de menores presos en el Sebin

El director de Human Rights Watch, José Miguel Vivanco pidió al Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos, OEA, que solicite la inmediata liberación de menores de edad presos en el Sebin en Caracas.

Vivanco alertó que los menores fueron detenidos por fuerzas de seguridad venezolanas, incluyendo servicios de inteligencia, en casos vinculados con manifestaciones en contra del gobierno. “Estos casos fueron documentados por la ONG venezolana Foro Penal. Más de la mitad pasó por un centro de detención y fueron procesados penalmente”.

A continuación el comunicado de Vivanco

Entre abril de 2017 y abril de 2018, 442 niños (definidos en el derecho internacional como todo menor de 18 años) fueron detenidos por fuerzas de seguridad venezolana, incluyendo servicios de inteligencia, en casos vinculados con manifestaciones en contra del gobierno. Estos casos fueron documentados por la ONG venezolana Foro Penal. Más de la mitad pasó por un centro de detención y fueron procesados penalmente. Una práctica habitual ha sido condicionarles su libertad a la presentación y verificación de fiadores, lo cual demora indebidamente y en muchos casos de manera indefinida su libertad.

Al día de hoy más de 200 niños detenidos en esas circunstancias tienen un proceso penal abierto en su contra y varios de ellos permanecen detenidos, según el Foro Penal. Esta es la situación de Ender González y Dylan Canache, cuyos casos fueron documentados por Human Rights Watch.

Human Rights Wacht insta al Embajador Andrés González Díaz, embajador colombiano ante la OEA y el actual presidente del Consejo Permanente de la OEA, a incluir la situación de los niños detenidos en Venezuela en la agenda del Consejo Permanente. Los miembros de OEA deberían requerirle al gobierno de Maduro que dé cuenta cuántos menores de edad se encuentran actualmente y que ordena la inmediata e incondicional liberación de todo aquellos que sigan detenidos por motivos políticos, incluyendo en instalaciones de los servicio de inteligencia.

José Miguel Vivanco, Human Rights Watch.

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