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¡AL DESCUBIERTO! Conozca la historia oscura de Econoinvest

Herman Sifontes Tovar

Cual Savonarola, el ministro Giordani alzó el dedo acusador sobre las casas de bolsa del país y así dar inicio a una caza de brujas de la que ni la más poderosa se salvaría. Los directivos de Econoinvest tenían razones para confiarse hasta pocos días antes de que la policía les tocara la puerta y se vieran de cara a un proceso que ni Kafka habría imaginado.

Los que debían estar ya estaban. Apoltronados en los butacones de cuero de la sala de juntas del Banco Central de Venezuela (BCV) y con café en mano, esperaban las palabras del, para entonces, recién nombrado Ministro de Planificación y Finanzas, Jorge Giordani. A su llegada, vestido de traje oscuro y observando a los presentes con su siempre rostro empalidecido, espetó

– Señores, la misión primaria: hay que acabar con los alacranes del sistema financiero.

– ¿Alacranes del sistema financiero, ministro? – preguntó ingenuo uno de los presentes – ¿esos quiénes son?

-Las casas de bolsa, camarada. ¡Las casas de bolsa, es ahí donde se centra la médula del capitalismo!

– Ah, caramba…

Este solo argumento bastó para que en los pasillos y meandros del BCV y del Ministerio de Finanzas, los militantes de la revolución bolivariana, por disposición y ordenanza de Giordani, comenzaran a gestar una suerte de cacería de brujas cuyo fin último era arrancarle de raíz el poderío a todas las casas de bolsa existentes en Venezuela. Así, en la madrugada del 19 de mayo de ese año, cayeron las primeras cuatro: Positiva Sociedad de Corretaje, Banvalor, empresa sobre la que recae una supuesta venta indebida de dólares en el extranjero por un valor superior al estipulado, seguida de Italbursátil Casa de Bolsa, donde, según el presidente Chávez, se incautaron discos duros donde hay información documental y registros de audio sobre las mesas operacionales y por último, Premier Valores, donde se colectaron soportes documentales de “algunas operaciones de mayor volumen”. Pero esta arremetida fue sólo calistenia para lo que el Ministerio de Finanzas y la Comisión Nacional de Valores (CNV) estaba preparando. El 19 de mayo de 2010, Giordani, en compañía de Tomás Sánchez, para entonces presidente de la CNV ( luego máxima autoridad de la Superintendencia de Valores), suspendieron la compra y venta de títulos en divisas por haber detectado “dudosas operaciones” en el mercado paralelo de dólares. Sánchez confirmó la intervención de 31 casas de bolsa y sociedades de corretaje por una serie de causas que incluían “problemas administrativos”.

El turno de Econoinvest

Mientras la CNV en conjunto con la División Contra la Delincuencia Organizada del Cuerpo de Investigaciones Científicas Penales y Criminalísticas (Cicpc) bajaba la Santamaría de más de 30 sociedades de corretaje y casas de bolsa, Gabriel Osío, Presidente de la Asociación Venezolana de Casas de Bolsa y directivo de Econoinvest, declaraba en Globovision los efectos en la modificación de la Ley de Ilícitos Cambiarios, su secuela en el mercado de capitales y el arbitraje en la emisión de los bonos de Títulos de Interés Capital Cubierto (Ticc), en las altas esferas del gobierno se preparaba el sablazo final contra la empresa privada: el allanamiento e intervención de Econoinvest Casa de Bolsa, firma líder del mercado de capitales en Venezuela, liderada por Herman Sifontes, acusada de comercialización ilícita de divisas y asociación para delinquir. Si bien el nombre de Sifontes no resonaba en el día a día del venezolano de a pie, en los círculos económicos y culturales de Venezuela, este personaje no sólo era bien recibido, sino que figuraba como protagonista y emprendedor de una vasta gama de proyectos, entre ellos, la creación, en 1996, del Grupo de Empresas Econoinvest (GEE) como holding controlado por Econoinvest S.A. e integrado por Econoinvest Casa de Bolsa, Seguros Carabobo C.A. y una institución que canaliza las acciones de Responsabilidad Social Empresarial, la Fundación para la Cultura Urbana (FCU) Pero esta imagen de empresario y emprendedor se vio truncada por la nota final del repertorio de allanamientos e intervenciones orquestado por Giordani y Sánchez. El 24 de mayo a las 12 del mediodía hace acto de presencia en la torre Econoinvest, ubicada en el edificio Mené Grande de la avenida Francisco de Miranda, una comisión del Ministerio Público que, a solicitud de los fiscales nacionales 20°, 23°, 61° y 74° procede, junto a funcionarios del Cicpc y de la CNV, a allanar la sede principal de la empresa por supuesta comercialización ilícita de divisas y asociación para delinquir. Una vez concluida la inspección, doce horas después, las autoridades deciden llevarse en calidad de detenidos a Hermán Sifontes, Ernesto Rangel, Juan Carlos Carvallo y Gabriel Osío, los cuatro directivos de Econoinvest Casa de Bolsa. La periodista Kaury Ramos, quien ocupaba el cargo de Especialista de Comunicaciones en la compañía, no estuvo presente durante la intervención. Al ser avisada, acudió el martes 25 de mayo a su oficina. “Ese día en el programa matutino de César Miguel Rondón se hace pública la detención de los directivos de la empresa y en la tarde leí en Internet un comunicado de la CNV en el que se dice que la empresa iba a sufrir una intervención a puertas abiertas. Al día siguiente, hace acto de presencia la interventora, Nahunimar Castillo, a quien los empleados comenzaron a rendirle cuentas a pesar de que casi todas las operaciones de la empresa estaban congeladas”, comenta. En el ínterin, los directivos de Econoinvest Casa de Bolsa, habían sido trasladados desde el módulo del Cicpc en El Rosal hacia las instalaciones de la Brigada de Acciones Especiales (BAE) donde permanecieron detenidos. El abogado mercantilista y defensor de los cuatro directivos de Econoinvest, Juan Ramón Carvallo, comenta sobre las acusaciones: “En la Ley de Mercados Capitales, vigente al momento de la intervención de Econoinvest Casa de Bolsa, se expresa claramente que las causas que justifican la intervención de un corredor público de valores o una sociedad de corretaje de valores, se limitan a ‘situación difícil de la cual pueda derivarse perjuicio para sus accionistas, acreedores o clientes’ e ‘infracciones a la Ley, su reglamento o las normas dictadas por la CNV”. Ante el primero de los supuestos, Carvallo comento que debe circunscribirse a una crisis patrimonial o financiera que pudiese ocasionar perjuicio en los accionistas. Y en el segundo, se remite a la existencia de infracciones a la Ley. “Al hacer referencia a infracciones se entiende que estas deben estar claramente establecidas en una norma legal previa y la culpabilidad del corredor de títulos valores debe haber sido establecida en forma fehaciente mediante el procedimiento legalmente establecido”, afirma. El director y vicepresidente de finanzas corporativas de Econoinvest, José González, quien además hizo el diseño de la emisión de bonos del Estado en 2007, se pregunta cómo puede comprobarse que Econoinvest era una asociación creada para delinquir. “Probar que Herman Sifontes y Gabriel Osío fundaron hace 15 años un sindicato criminal y que en el camino nos sumamos 1000 personas más para seguir delinquiendo, es completamente absurdo”. En aras de mantener la nómina de Econoinvest Casa de Bolsa lo más estable posible dentro del caos, la Gerente de Recursos Humanos de la empresa, Carmen Rincón, continuó sus labores en colaboración con la junta interventora en pro de resolver la situación laboral de los 400 empleados de la empresa. Días después fue llamada a interrogación y, una vez concluida la sesión de preguntas, fue detenida e imputada por robo agravado y asociación para delinquir. Días después fue liberada. Así, con imputaciones a pedir de boca, los cazadores divisaban presas en todas partes.

Lo que el Estado negoció con Econoinvest

– En 2007, Pdvsa colocó 7500$ millones en bonos e invitó a participar a todo el sistema financiero venezolano. – Econoinvest participa en esta emisión gracias a la experiencia en 2006 de la colocación de acciones sobre pequeños inversionistas.

–La emisión tuvo 498mil órdenes, todas, administradas por el BCV.

–La comisión recibida por Econoinvest fue de 3/ ½$ millones dada la participación de otros 14 bancos en la inversión. – Contrario a lo que alega el gobierno, Econoinvest no manejó la mayoría de esta emisión. Entendiendo que se trataba de un asunto políticamente delicado, se invitó a participar a todo el sistema financiero. – Una vez modificada la Ley de Ilícitos Cambiarios, ninguna casa de bolsa realizó transacciones de títulos soberanos.Entre podredumbres te veas

Según González, las acusaciones hechas contra Econoinvest, además de no tener fundamento procesal y jurídico alguno, respondieron a una agenda ideológica del gobierno. “El mismo presidente ha mencionado en más de una ocasión que en un régimen socialista no puede haber casas de bolsa, colocándolas en el mismo renglón de los alimentos podridos, hablando de podredumbre en las bolsas de valores”, dijo. Y al parecer, González no se equivocó: Karen Méndez, periodista de VTV, fue protagonista de un programa especial titulado Capitalismo: La verdadera podredumbre que, muy al estilo de la versión cinematográfica de The shinning, inicia con una musicalización de suspenso y tragedia para luego dar tribuna a esta reportera que, explayando sus “labores” investigativas sobre el caso Econoinvest, se remite únicamente a lo ya dicho por el máximo líder concluyendo que sus miembros son “unos delincuentes” y muy posiblemente, el destino de Econoinvest Casa de Bolsa, sea la liquidación. Todo esto, sin exponer en su labor reporteril las finanzas de la empresa que, para efectuarse su liquidación, deberían estar en rojo. Y no lo están. Desde Nueva York, González divisa que la posible liquidación de Econoinvest, además de responder a una agenda ideológica, tiene intereses subalternos. “No me cabe duda de que mediante la liquidación de Econoinvest se pretenda tomar el control de sus activos. La empresa nunca ha tenido problemas de solvencia; se habla de problemas legales y administrativos, pero no de patrimonio. En ninguna sanción administrativa aplica la liquidación”, comentó. El afán de una liquidación sin fundamento

– Patrimonio en 2008 – 136.194.293BsF

– Patrimonio en 2009- 269. 518.063BsF

– Patrimonio en 2010 – 355.005.869

El patrimonio de Econoinvest en Utilidades No Distribuidas también demuestra la solvencia de la empresa – Patrimonio en 2008- 110.200.111BsF

– Patrimonio en 2009- 133.892.602BsF

– Patrimonio en 2010- 161.083.675

–El último Estado Financiero fechado de 30 de abril de 2010 fue presentado a la CNV. José González comentó que, dados estos valores en patrimonio, Econoinvest llegó a tener el patrimonio de un banco mediano, teniendo una participación de 50% en el mercado capital y financiero del país.

– Posteriormente se anunció la liquidación de Econoinvest Casa de Bolsa. No obstante, la pregunta de qué se hará con lo que queda de patrimonio –más de 150$ millones- que quedan a merced de Tomás Sánchez, presidente de la Superintendencia Nacional de Valores y la interventora, Nahunimar Castillo.

Índices de la sospecha

Muchos rumores rodearon a Econoinvest antes, durante y después del allanamiento y la intervención. Muchas especies no comprobadas fueron recogidas por las autoridades como pruebas para la acusación. El vicepresidente de la empresa, José González, sale al paso a las murmuraciones y los que considera son señalamientos infundados.

Econoinvest es acusada de comercialización ilícita de divisas / José González: La empresa trazaba títulos valores que eventualmente se convertían en divisas. Desde la reforma de la Ley de Ilícitos Cambiarios en abril de 2010, cesó la adquisición de estos títulos.

Por ser la casa de bolsa más grande de Venezuela, se especula una suerte de monopolio en la emisión de bonos de 2007 / José González: Econoinvest creció mucho. Tenía una red de distribución muy amplia, sin embargo, en la emisión se trabajó simultáneamente con 14 instituciones financieras.

Según el Estado, Econoinvest se hizo de una comisión de 300$ millones en la emisión de bonos de 2007 / José González: En la convocatoria estuvieron todas las instituciones financieras del país, exceptuando dos. Consta en documentos que la comisión de Econoinvest fue de 3 ½ $ millones.

El Ministerio de Finanzas alega que la distribución de los bonos Ticcs fue ilegal mientras la Fiscalía General de la República dice lo contrario / José González: Si el tema se tratara desde el punto de vista jurídico y procesal, los directivos recuperarían su libertad. Pero el asunto es meramente político.

Volver a empezar

Próxima a su liquidación, el gobierno logró no sólo desplazar del cotidiano de la opinión pública el suceso que le hizo perder su agenda política: el caso Pdval y las toneladas de comida abandonadas a la pudrición. También arremetió contra una empresa (hasta el momento de su intervención) sólida que a lo largo de su existencia, para muchos, reelaboró el concepto de país. Constituido el pandemónium, mientras la interventora Nahunimar Castillo anunció la liquidación de Econoinvest, el Estado dio a conocer una oferta de deuda denominada Bono Amortizado Soberano 2022 por 3000$ millones, con el objetivo de financiar la Gestión Fiscal del ejercicio económico financiero para 2010, destinando el 50% a las empresas inscritas en la Comisión de Administración de Divisas (Cadivi) y quizás, como Michael Corleone, aparezcan otros personajes, de otras empresas, que le hagan a alguien una oferta que no pueda rechazar. La culebra vuelve a comerse la cola.

*Trabajo publicado en la edición 240 de la revista Exceso, año 2010

Historia sin fin

Fundada por Hermán Sifontes y Gabriel Osío en Caracas en 1996, Econoinvest llegó a ser la empresa líder del mercado de Casas de Bolsa, con sus 1.000 empleados y oficinas en Caracas, Valencia, Margarita y Mérida. Se diversificó, fundó otras empresas y creó la Fundación para la Cultura Urbana. El éxito en sus negocios hizo que el gobierno la interviniera poniendo presos a sus directivos, porque para la revolución era necesario destruir todo progreso económico. Es el análisis y el recuento que hace Mercedes Montero en su artículo “Los olvidados ejecutivos de Econoinvest”.

A continuación, el artículo completo de Mercedes Montero:

“Econoinvest fue la Casa de Bolsa más grande de Venezuela, un país que fue próspero hasta que llegó al poder un gobernante que tenía una agenda oculta en la cual estaba formulado como objetivo fundamental, acabar con la propiedad privada y destrozar simultáneamente al país, hasta transformarlo en una fotocopia de la arruinada Cuba castrista. Con semejante objetivo a empresas como las casas de bolsa el único futuro que les esperaba era su intervención, y, luego cierre definitivo, sin alguna otra motivación que la de actuar a favor del proyecto político oficialista.

Es necesario describir la empresa que era Econoinvest para poder medir la clase de daño causado a la economía nacional, a los inversores, al mercado de trabajo y a unos jóvenes empresarios, por parte de los representantes de una “revolución” que parece no entender que mientras más prosperidad exista en el país, mayor arraigamiento habrá en su población.

Econoinvest fue fundada por Hermán Sifontes y Gabriel Osío en Caracas en 1996, después de la crisis bancaria que llevó al cierre de 14 bancos de larga trayectoria en el mercado. Luego sería registrada como miembro de la Bolsa de Caracas – en el mismo año. Con una administración excelente logró conquistar el sector y expandirse nacionalmente hasta llegar a ser su empresa líder, con 1000 empleados en nómina y oficinas en Caracas, Valencia, Margarita y Mérida.

Econoinvest se diversificó al adquirir y fundar otras empresas. En el año 2000 creo la Fundación Cultura Urbana con el fin de promover responsabilidad social, nombrando como presidente de la Fundación al historiador Rafael Arraiz Lucca.

En el año 2005 fue fundada Econoinvest Capital Holding Company que pasó a ser la mayor accionista de Econoinvest; que ese mismo año adquiere Seguros Carabobo, empresa que tenía 16 sucursales en todo el país. En el año 2006, Econoinvest Capital S. A registró sus acciones en la Bolsa de Valores de Caracas y de paso estimula a sus empleados a adquirir acciones de la Empresa mediante la creación de un Plan Especial de Compra de Acciones por parte de sus trabajadores para que de esa forma pasaran a ser accionistas de las empresas en las que trabajaban. El Plan tuvo una aceptación del 88% por parte de los empleados, lo cual incrementó el número de nuevos accionistas hasta la cifra de 540.

La Casa de Bolsa participó en la emisión de bonos de empresas tales como Electricidad de Caracas, Banesco, Banco Mercantil, Banco del Caribe, Intercable, ABN Amo, fue el “Local advisor” de la oferta de bonos de PDVSA en el 2007 (la mayor oferta de bonos corporativos que haya conocido Latinoamérica), además participó en la oferta de CANTV y del Banco de Venezuela. Tales operaciones le valieron la clasificación en el cuarto lugar (4to) en “Latin American Capital League Tables de Bloomberg – 2007. Además, debido a su estricto apego a las reglas y procedimientos de los mercados de capitales y su cumplimiento de las leyes que rigen las operaciones, la casa de Bolsa Econoinvest obtuvo la acreditación dada por ACAMS (International Association of Anti – Money Laundering) en el mismo Año.

En el 2009 la Kroll International Agency para el Anti-Money Laundering le hizo un reconocimiento oficial a Econoinvest por su trabajo, llegando a ser una de las pocas instituciones financieras venezolanas que ha obtenido tal reconocimiento.

El 25 de Mayo, 2010, la Superintendencia Nacional de Seguros suspendió las operaciones de Econoinvest y otras 36 casas de bolsa, así como también cerro el mercado de aseguradoras para otras 70 firmas.

Los ejecutivos de Econoinvest Miguel Osío, Herman Sifontes, Juan Carlos Carballo y Ernesto Rangel fueron hechos presos sin razón alguna, sin embargo han sido acusados de presunta “comercialización indebida de divisas y agavillamiento”, han estado encarcelados durante dos años, y, estuvieron esperando casi un año completo para que la sala de Casación del Tribunal Supremo de Justicia decidiera si admitía o no la solicitud introducida por sus defensores por supuestas irregularidades en el proceso judicial en su contra.

Estos jóvenes profesionales no han cometido delito alguno, simplemente representan la contradicción a un mezquino proyecto político que no soporta ver el profesionalismo y éxito empresarial, porque demuestra evidentemente el anacronismo y la sinrazón oficialista. El simple hecho de que alguien sea exitoso es un delito para la revolución o Socialismo del Siglo XXI

Para la revolución, es necesario destruir todo el progreso, confiscar la propiedad privada (siempre que no sea la de ellos) , dejar a todo el pueblo en la miseria para luego re fundar el país aplicando la ideología Castro comunista y hacer de Venezuela una Venecuba, igual a la Isla cárcel”.

La versión de los implicados

LOS DIRECTORES DE ECONOINVEST AL CUMPLIRSE DOS AÑOS DE SU ENCARCELAMIENTO

  1. Nosotros, Herman Sifontes, Miguel Osío, Juan Carlos Carvallo y Ernesto Rangel, directores de Econoinvest, fuimos privados de libertad el 24 de mayo de 2010 sin que mediaran denuncia ni investigación previas sobre nuestra casa de bolsa. Hoy 24 de mayo de 2012 estamos cumpliendo dos años de encarcelamiento, sin juicio ni delito.
  1. Los motivos invocados a posteriori para justificar tanto el allanamiento como la prolongación ilegal de nuestra detención fueron, primero, la realización de actos de intermediación de divisas con particulares en el mercado alternativo y, segundo, el haber constituido la compañía Econoinvest ¡catorce años atrás!
  1. Ambos hechos, a pesar de su obvia legalidad, fueron catalogados absurdamente como hechos punibles y calificados, respectivamente, como delito de comercialización ilícita de divisas -a pesar de haberse realizado siempre mediante títulos valores, es decir, conforme al artículo 9 de la Ley de Ilícitos Cambiarios-, por una parte y, por la otra, como delito de asociación para delinquir, sustituido después por agavillamiento y fundamentados ambos en el solo hecho de que estábamos “organizados” como empresarios dentro del marco de la legislación venezolana.
  1. Todas las operaciones cuestionadas cumplieron estrictamente con la Ley de Ilícitos Cambiarios y se desarrollaron dentro de los mecanismos y controles instituidos para esos fines por el Banco Central de Venezuela, especialmente por el Sistema Integrado de Custodia Electrónica de Títulos (SICET). Es paradójico que los elementos de convicción invocados para demostrar los delitos que se nos imputan sean, precisamente, la mejor prueba de nuestra inocencia ya que las operaciones realizadas por Econoinvest compartían las siguientes características:
  • contaron siempre con el respaldo de títulos valores,
  • no eran ficticias, se celebraron efectivamente,
  • fueron confirmadas por los clientes,
  • fueron registradas en la contabilidad de la empresa y
  • las trazas de los movimientos de dinero asociados a ellas quedaron documentadas en el Banco Central de Venezuela y las autoridades los seguían desde su origen hasta su destino final.
  1. La única convicción que podría provenir de estos elementos es que Econoinvest cumplía con todo el ordenamiento jurídico que regía la intermediación de divisas en el mercado alternativo, actividad estrictamente regulada mas no prohibida. Es más, los sistemas de Econoinvest se diseñaron en función del cumplimiento normativo exigible a una empresa sujeta a la supervisión del Estado venezolano.
  1. Acerca de la denuncia interpuesta por la primera interventora designada en Econoinvest, según la cual, colaboradores nuestros habrían sustraído computadoras y obras de arte de la empresa, quedó demostrada su falsedad al punto de que el Ministerio Público solicitó el levantamiento de las medidas cautelares que pesaban contra estas personas. Por el contrario, lo que se investiga ahora es una denuncia interpuesta ante el Ministerio Público por presuntas irregularidades en la administración del patrimonio de Econoinvest a partir de la gestión de la interventora Nahunimar Castillo, quien fue destituida.
  1. En contraste, la labor del interventor Víctor Moreira, quien le sucedió en el cargo, permitió que todos los clientes y acreedores de Econoinvest recuperaran su dinero, y que aún así la empresa mantenga hoy un sólido patrimonio, el cual debe quedar en un fideicomiso a disposición de sus accionistas.
  1. En relación con otro señalamiento público que nos atribuye la supuesta usurpación de la identidad de personas para la adquisición de bonos, afirmamos categóricamente que Econoinvest jamás realizó operaciones que obviasen la autorización de sus clientes. Nuestros mecanismos de control interno impedían activar operaciones con personas no registradas como clientes. Tal vez esto es lo que impidió que la falsa especie se concretase en lo legal dada la imposibilidad absoluta de hallar operaciones que nunca se materializaron.
  1. A la improcedencia de nuestra detención y el desorden y manejo irregular del caso, se sumó la dilación indebida del juicio provocada por el avocamiento tardío e inoportuno del Presidente de la Sala Penal del Tribunal Supremo de Justicia para la fecha, quien, tras reservarse la ponencia, mantuvo paralizada nuestra causa durante largos meses en lugar de corregir los vicios y restaurar el orden procesal infringido.
  1. Es irónico que, precisamente, el mecanismo expedito y reparador de las infracciones que estuvo en manos de la Sala Penal haya sido el que nos sumió en un limbo que paralizó nuestro juicio durante casi un año y frustró la oportunidad de someter a consideración del tribunal de la causa, en vísperas de la pasada Navidad, la revisión de la medida de detención que pesa en contra nuestra.
  1. Nuestra detención, ilegal e improcedente desde un principio, debe ser calificada a partir del 24 de mayo de 2012 como PRIVACIÓN ILEGÍTIMA DE LIBERTAD ante la ausencia de un pronunciamiento oportuno sobre la prórroga de la medida cautelar de detención, al expirar fatalmente el término fijado por la Ley y señalado por la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia como el máximo posible para mantener recluida a una persona sin que medie sentencia condenatoria. Por si fuera poco, estos dos años representan también, en nuestro caso específico, la materialización del cumplimiento anticipado de la pena que, efectivamente, tendríamos que haber sufrido si nos hubiesen encontrado culpables de los delitos de los que se nos acusa.
  1. Queremos afrontar por fin, de inmediato y en libertad, el juicio oral y público, para demostrar nuestra más que evidente inocencia. Ahí dejaremos esclarecidas, por encima de cualquier duda, nuestra seriedad y honestidad profesional y la de nuestra querida Econoinvest, la empresa que concebimos como instrumento para contribuir al desarrollo de nuestro país y donde volcamos todos nuestros esfuerzos y nuestros sueños.

Después de 2 años y 7 meses liberaron a directivos de Econoinvest

Herman Sifontes, Juan Carlos Carvallo, Ernesto Rangel y Miguel Osío estaban con sus abogados en la sede de la Dirección de Inteligencia Militar, cuando ya habían recibido la boleta con la medida cautelar sustitutiva de libertad. El 24 de diciembre del 2012, los cuatro directivos de la casa de bolsa Econoinvest cumplieron dos años y siete meses detenidos sin juicio. El tribunal 5° de primera instancia en funciones de juicio del área metropolitana de Caracas emitió la orden judicial con presentación periódica en tribunales, prohibición de salida del país y de declarar a los medios de comunicación. Aunque la medida se produjo en la mañana, algunos trámites administrativos demoraron su salida. Los directivos serían enjuiciados en libertad. El 24 de mayo de 2010 fue allanada Econoinvest, una de las casas de bolsa más grandes del país, por una comisión integrada por funcionarios del Cicpc, la Fiscalía y la Comisión Nacional de Valores, como parte de un operativo de inspección a casas de bolsa y sociedades de corretaje. Días después de su detención, el tribunal 16 de control dictó medida privativa de libertad contra Sifontes, Osío, Rangel y Carvallo, y los señaló con los delitos de comercialización ilícita de divisas y agavillamiento. El 22 de junio de 2012 el Consejo de Derechos Humanos de la Organización de Naciones Unidas concluyó que los delitos imputados eran inexistentes. Las audiencias del juicio sufrían recurrentes dilaciones. Voces del mundo de las artes y la literatura ­la casa de bolsa era dueña de la Fundación para la Cultura Urbana­ fueron solidarias con los acusados. Además, el Departamento de Justicia y Paz de la Conferencia Episcopal Venezolana exigió en agosto la libertad inmediata para los detenidos. Acercamiento. A mediados de octubre se conoció que el viceministro para el Servicio Penitenciario, Ramón García Utrera, había visitado la DIM como parte de un proceso de acercamiento del Gobierno hacia los presos políticos, a los que les había asegurado la revisión de cada uno de sus expedientes. Fuentes cercanas a los directivos de Econoinvest aseguraron no conocer si su liberación está relacionada con estos trámites. “Se hizo todo tipo de gestión y actos de defensa ante todas las instancias que había que invocar. Al final, no sabes con cuál se logró. Todas las instancias se agotaron”, indicaron. Se conoció además que varios de los banqueros detenidos durante la crisis bancaria de 2009 y 2010 también quedaron libres, entre ellos Arné Chacón, ex presidente de Banco Real y hermano de Jesse Chacón; Miguel Vaz y Freddy Gómez Rangel, también de Banco Real, y Carlos Ponce, ex presidente del Banco Canarias. Mario Dickson y Antonio Márquez, que fueran directivos de la Comisión Nacional de Valores, se beneficiaron con esta medida. Eduardo Sacco, de Venevalores, y José Ignacio Rivero, de Banvalor, también salieron en libertad.

Resumen del caso Econoinvest (mea culpa y versión de los afectados antes de su excarcelación)

  1. Los ciudadanos Miguel Osío Zamora (Director Legal) Herman Sifontes, Juan Carlos Carvallo y Ernesto Rangel, directores y accionistas de la empresa Econoinvest se encuentran privados de libertad desde el 24 de mayo de 2010 y fueron acusados -y acordado su pase a juicio oral y público- por la presunta comisión de los delitos de comercialización ilícita de divisas previsto en la Ley de Ilícitos Cambiarios y agavillamiento, contemplado en el Código Penal.
  1. La comercialización ilícita de divisas se les atribuyó a pesar de haber realizado siempre la intermediación de divisas en el mercado alternativo mediante el uso de títulos valores, de modo que su actividad estaba amparada por la disposición prevista en el artículo 9 de la Ley de Ilícitos Cambiarios que excluía estas operaciones de los supuestos delictivos. Hay que recordar que la denuncia que dio origen a este proceso se refirió a la comercialización de divisas sin que mediaran los títulos valores y, paradójicamente, los elementos de convicción de la acusación contra Econoinvest no hacen más que poner de manifiesto que esta empresa sí hacía uso de los títulos valores para la intermediación de las divisas, tal como lo exigía el régimen cambiario venezolano.
  1. Es importante aclarar que todas las operaciones realizadas por Econoinvest no solamente contaron siempre con el respaldo de los títulos valores, sino que jamás fueron simuladas, todas obtuvieron la confirmación de los respectivos clientes, sus trazas quedaron totalmente documentadas por ante el Banco Central de Venezuela y contaron con sus registros contables. Ni siquiera podrían ser objeto de calificación como irregularidad administrativa, ya que hasta sus requisitos formales quedaron cubiertos.
  1. En cuanto a los títulos valores utilizados para documentar las operaciones de intermediación de divisas que se cuestionan, se trata de los Títulos de Interés y Capital Cubierto (TICC), denominados en dólares y pagaderos en bolívares, emitidos por la República Bolivariana de Venezuela a partir del año 2006 y cuya utilización para estas operaciones no solo era perfectamente legal, ya que el Banco Central de Venezuela oportunamente dictó las resoluciones que expresamente autorizaban al público a negociarlos en el mercado secundario en las dos monedas, sino que también representaba una fórmula más transparente que el uso de títulos provenientes de mercados foráneos, cuya existencia real y custodia efectiva escapaba al control de las autoridades venezolanas. En cambio, la custodia de los TICC estaba atribuida al Banco Central de Venezuela, de manera que este organismo estaba en capacidad de controlar todos los movimientos realizados con los TICC y, por ende, monitorear y controlar las operaciones subyacentes de intercambio de divisas en el mercado alternativo realizadas a través de estos títulos.
  1. El delito de agavillamiento se les atribuye con el inexplicable fundamento de tener una compañía constituida y registrada como casa de bolsa, formalidad ésta que “constituiría la evidencia” de que se organizaron para cometer delitos, todo lo cual constituye un despropósito si tomamos en cuenta que precisamente, como casa de bolsa, la actividad de esta compañía estaba completamente regulada y fiscalizada por el Estado venezolano desde su constitución en el año 1996.
  1. Se han ventilado ante la opinión pública otras imputaciones, una de ellas derivada de una denuncia por la supuesta sustracción de equipos, computadoras y obras de arte por parte de empleados de Econoinvest, la cual ha quedado desvirtuada al punto de que el propio Ministerio Público ha emitido sucesivos actos que reconocen la ausencia de responsabilidad de las personas señaladas originalmente y, por el contrario, la autora de la denuncia, quien fungía como interventora de la empresa, fue destituida por la comisión de presuntas irregularidades en la administración del patrimonio de Econoinvest.
  1. La otra imputación pública que jamás ha dado lugar a acción penal alguna por parte del Ministerio Público pero que fue profusamente difundida en varios medios de comunicación ha sido la de una supuesta usurpación de la identidad de personas cuyas cédulas de identidad habrían sido utilizadas para la adquisición de bonos a su nombre. Econoinvest jamás realizó operaciones que no estuviesen autorizadas por sus clientes, a quienes previamente debía abrírseles una cuenta de inversión. La empresa, además, mantenía un mecanismo de control interno que impedía hacer operaciones con personas no registradas como clientes.
  1. La situación procesal actual es compleja puesto que existe un conflicto de competencia entre el tribunal natural al cual le fue distribuida la causa, que es el Juzgado Quinto de Primera Instancia en funciones de Juicio del Área Metropolitana de Caracas, a cargo de la abogada Fabiola Gerdel Santamaría y la Sala Penal del Tribunal Supremo de Justicia, que se avocó al conocimiento de la causa después de un año de solicitado este procedimiento.
  1. La aspiración de los directores de Econoinvest es la de poder afrontar el juicio oral y público en libertad, a través de la concesión de una medida sustitutiva de la detención que resulte menos gravosa que ésta, con el objeto de tener la oportunidad de poner de manifiesto la legalidad y transparencia de su conducta. De hecho, como ellos están realizando estudios a distancia desde su sitio de reclusión, la pena aplicable en su caso estaría prácticamente cumplida para el momento de la sentencia definitiva; sin embargo, la prolongación de esta detención durante todo el juicio vulneraría seriamente su derecho a la presunción de inocencia puesto que ellos mantienen la expectativa legítima de ser absueltos al concluir el juicio.
  1. Los directores de Econoinvest siempre han estado y están dispuestos a someterse al proceso y a dejar esclarecida, por encima de toda duda, la seriedad y honestidad de la gestión de la casa de bolsa.

Conexiones políticas

Herman Sifontes Tovar, el cuñado de Leopoldo López Mendoza, a quien el gobierno español otorgó la nacionalidad, fue uno de los directivos del consorcio financiero Econoinvest investigado en 2010 por usurpar la identidad de más de un millar de personas para adquirir bonos de la deuda pública y luego canjearlos por divisas que eran colocadas en el mercado paralelo.

Los afectados denunciaron los hechos ante el Ministerio Público (MP), en agosto de 2010, con el fin de exigir el enjuiciamiento de los responsables de las transacciones de fraude que realizaron los representantes de esta casa de bolsa, reportó el diario Ciudad Ccs.

María Providencia Aponte, una de las perjudicadas, expresó que ella desconocía las transacciones que efectuaron con su nombre, y que ante lo grave de esta situacion los denunciantes decidieron asistir de manera voluntaria ante el Ministerio Público.

Se enteró que había sido utilizada para solicitar divisas ante el Ejecutivo Nacional, cuando funcionarios del Cuerpo de Investigaciones, Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc) fueron a su casa y le informaron que era solicitada por fraude.

Informó que grupos de compañeros se encuentran en la misma situación. “No podemos permitir que nuestro nombre se ensucie, no tenemos dinero, pero tenemos dignidad”.

Enrique Rafael Urdaneta, persona afectada, manifestó, que ni siquiera posee cuentas bancarias y menos tarjetas de crédito. Dijo que desconocía de las transacciones que se hicieron con sus datos, donde usaron su nombre sin autorización.

Asimismo, pidió que fuese escuchada su denuncia y se tomen medidas en el caso. “Estamos como delincuentes, exigimos que se limpie nuestro nombre, no somos delincuentes (…) desconoce como tienen sus datos” finalizó Urdaneta.

Descubrió su situación cuando pretendía abrir una cuenta bancaria y lo llamaron estafador.

Si bien Sifontes y otros directivos de esa y otras casas de bolsa, fueron liberados en 2014 tras el sobreseimiento de la causa por una modificación de la Ley de Ilícitos Cambiarios, vale precisar que la usurpación de identidad fue demostrada. Sin embargo Econoinvest alegó que tal delito fue cometido por los trabajadores de una empresa relacionada.

Serra Carmona, burócrata de grupos empresariales

El otro beneficiario de la medida de nacionalización especial es Luis Carlos Serra Carmona, un exdiputado del partido Acción Democrática e hijo de Isabel Carmona, una figura histórica de esa agrupación política.

Serra Carmona es una especie de gestor político de importantes grupos empresariales y figura como directivo de compañías de distintos sectores productivos, Desde 1992 está vinculado con la familia de banqueros Velutini y es un alto directivo del Fondo de Valores Inmobiliarios (FIV), que preside Luis Emilio Velutini,

Esta organización es una empresa de especulación financiero-inmobiliaria que ha encarecido el suelo urbano a través de un proceso de adquisición de activos inmobiliarios y reorientando el negocio al alquiler de espacios de oficina en Caracas para fines corporativos.

Serra Carmona (a la izquierda) y el banquero Luis Emilio Velutini (derecha) en el Blue Mall de Santo Domingo

Asimismo destaca un desmesurado incremento de las inversiones del grupo en República Dominicana, donde en los últimos años ha desarrollado proyectos inmobiliarios por un valor superior a los 400 millones de dólares, en lo que a todas luces es un proceso de fuga de capitales.

Otro directivo de esta firma, Guillermo Velutini, es uno de los firmantes en el decreto que pretendió “legalizar” el ascenso al poder del dirigente empresarial Pedro Carmona Estanga, durante el fallido golpe de Estado de abril de 1992.

Además de ser parte de la directiva de la C.A. Editora El Nacional, Serra Carmona es parte del equipo ejecutivo de la compañía propietaria de la Universidad del Caribe, un centro de educación superior privado creado en Panamá en 2007, y cuyo inversionista más prominente es el empresario de seguros Tobías Carrero Nácar.

En la directiva de dicha organización figuran dos exmagistrados del Tribunal Supremo de Justicia, Franklin Arriechi y Pedro Rondon Haaz. Cabe destacar que Arriechi fue el ponente de la decisión que exoneró de responsabilidad a los altos oficiales que participaron en el golpe de 2002, y que Rondón Haaz aun era magistrado cuando comenzó a ocupar el cargo en la dirección de la universidad panameña.

Con información de: Fuera de Pauta

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