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Grupo Urbano Fermín en la mira de la jusicia de República Domincana por lavado de activos

Un importante grupo empresarial de capital venezolano, establecido en el distrito turístico de Verón, en Punta Cana, República Dominicana, está siendo investigado por presunto lavado de activos, por lo que fue formalmente notificado mediante acto de alguacil para que comparezca el próximo 23 de mayo, a las 9:00 de la mañana, ante el Juzgado de Primera Instancia del Distrito Judicial de La Altagracia, con sede en la ciudad de Higüey.

Según se supo extraoficialmente, se trataría del Grupo Urbano Fermín, liderado por el empresario Carlos Eduardo Urbano Fermín. Al grupo pertenece CUFERCA y otras empresas investigadas por hechos de corrupción en la obtención y ejecución de contratos de Petróleos de Venezuela (PDVSA), motivo por el cual fue detenido en septiembre pasado Carlos Esteban Urbano Fermín, hermano del ante señalado empresario. Los demandantes en Verón son los señores Claudio Antonio González Rojas y Fabricio Saputelli Michetti, ambos de nacionalidad venezolana, domiciliados en Bávaro, quienes tienen como abogado apoderado especial al señor Francisco Álvarez Aquino.

Conforme al Acto Introductivo de Instancia Judicial Denuncia Internacional, al cual tuvo acceso el Grupo EB, ese grupo empresarial estaría involucrado en “la comisión de múltiples actos de corrupción contra la República Bolivariana de Venezuela, lavado de activos, distracción de fondos sociales por miles de millones de dólares”.

El documento, según consta en uno de sus párrafos, será remitido al presidente dominicano, Danilo Medina Sánchez; los ministerios de Relaciones Exteriores, Interior y Policía, la Dirección General de Migración y la Consultoría Jurídica del Poder Ejecutivo. Asimismo, a la Organización de Estados Americanos (OEA), Fondo Monetario Internacional (FMI), Banco Mundial, diversas entidades bancarias comerciales de la República Dominicana, cadenas hoteleras, la Junta Municipal Verón-Punta Cana y la Cámara de Comercio y Producción de la provincia La Altagracia. Además, al embajador de Venezuela en el país, Ali Uzcátegui, a la República Bolivariana de Venezuela, al fiscal general de esa nación, Tarek William Saab, a la Internacional Revenue Service (IRS) en la Florida, EEUU; Movimiento Cívico Participación Ciudadana y Transparencia Internacional. Según los demandantes, “solicitan la condena al grupo empresarial al pago de 6 millones de dólares norteamericanos, en provecho de los demandantes, a modo de resarcimiento de los daños y perjuicios”.

De acuerdo al Acto Introductivo de Instancia Judicial Denuncia Internacional, las supuestas acciones fraudulentas atribuidas al grupo empresarial cuestionarían “la credibilidad de los organismos, sistema financiero, el comercio nacional, por lo tanto República Dominicana quedaría envuelto en una tela de dudas que lo exponen, incluso, a conflictos internacionales innecesarios”.

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