Foro Penal y Colegio de Abogados de Carabobo rechazan allanamientos a magistrados en el exilio

Tras el allanamiento que se registró la mañana de este lunes en la residencia del vicepresidente del TSJ en el exilio, Antonio José Marval, el coordinador del Foro Penal Venezolano en la región, Luis Armando Betancourt, calificó la acción como “irregular”

Representantes del Foro Penal Venezolano y del Colegio de abogados de Carabobo rechazaron los allanamientos que, desde la semana pasada, se registran en los inmuebles de los magistrados del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) en el exilio.

Tras el allanamiento que se registrara la mañana de este lunes en la residencia del vicepresidente del TSJ en el exilio, Antonio José Marval, el coordinador del Foro Penal Venezolano en la región, Luis Armando Betancourt, calificó la acción como “irregular” por considerar que al magistrado no se le ha podido demostrar algún hecho que implique sanción.

“Sabemos el motivo por el cual se está persiguiendo a los magistrados y estamos completamente seguros que el abogado Antonio Marval no ha cometido ningún delito, ningún hecho punible que lo pueda vincular con este tipo de actuaciones, que sabemos buscan amedrentar a estas personas para que eviten continuar lo que están haciendo desde afuera”, señaló Betancourt.

Por su parte, el vicepresidente del Colegio de abogados en Carabobo, Alfonso Granadillo, aseguró que los allanamientos realizados a las oficinas de los magistrados se traducen en una violación a la Constitución.

Vicepresidente del Colegio de Abogados de Carabobo, Alfonso Granadillo | Foto: Nicolás Franco Katrich

“Es un mandato constitucional, por el delicado trabajo que realizamos los abogados. En la Constitución se establece que son inembargables los escritorios jurídicos por cuanto uno recibe la información de nuestros clientes y se puede obtener de manera fraudulenta esta información, lo cual viciaría todos los procedimientos que se hagan una vez que se realiza esta actividad que va reñida contra el Código Procesal Penal.

Del mismo modo, Granadillo señaló que “este tipo de prácticas no tienen sentido porque consideramos que, una vez los magistrados están fuera del país, pareciera inoficioso realizar estas actividades de amedrentamiento”.

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