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Empresas chinas ganaron millones de dólares a costa del sistema eléctrico nacional

Empresas chinas fueron las principales beneficiadas para apuntalar la unificación eléctrica promovida desde 2008 a través del Fondo Chino. Se estima que sólo en este sector las inversiones alcanzaron la cifra de 20 mil millones de dólares. A pesar de esa gran inversión el sistema de energía termoeléctrica se encuentra inoperativo en la mitad del país; y es en esa área en donde se registraron los principales escándalos de corrupción con sobornos y sobreprecios en Venezuela.

Una de la empresas chinas señaladas en esa trama a la que se le entregó importantes contratos fue China CAMC Engineering, filial de China National Machinery Industry Corp. (Sinomach), especializada en energía eléctrica, infraestructura, manejo de aguas y residuos, con presencia en Asia, África, América Latina y Europa Oriental.

Entre los escándalos más sonados en el área eléctrica destaca la investigación que realizara el gobierno de Andorra en la que se hicieron públicas las millonarias comisiones que recibieron intermediarios y asesores por pago de sobornos, comisiones e intermediación por contratos con empresas chinas en los que estuvo involucrado el empresario venezolano Diego Salazar Carreño, actualmente en prisión en el Servicio Bolivariano de Inteligencia (Sebin) desde 2017. Era hijo del ex guerrillero, ex constituyentista y miembro fundador del Movimiento Quinta República (MVR), Diego Antonio Salazar Luongo. Es primo de Rafael Ramírez que manejó los ministerios de Petróleo, Energía y Minería junto con la presidencia de Petróleos de Venezuela, S.A. (PDVSA), Rafael Ramírez.

Según una reseña del caso, publicada por El País de España, en noviembre de 2018, Salazar llegó a cobrar 200 millones de dólares de cinco compañías chinas por su intermediación en los convenios firmados con PDVSA y Corpoelec en obras eléctricas; dinero que fue resguardado en la Banca Privada D´Andorra (BPA), cerrada en 2015 por blanqueo de capitales.

“En la documentación que aportó a la BPA para abrir sus cuentas (llegó a tener 11) Salazar acreditó mantener vínculos comerciales con las firmas China Calvic Engineering Co, China Machinery Engineering Corporation, China CAMC Engineering Co y Yutong Hongkong Limited, entre otras, según un documento de este banco de Andorra”, según refiere la investigación de El País.

El circuito Venezuela-China-Andorra funcionó a través de la empresa Highland Assets, una firma registrada en Panamá, tras de la cual estaba Salazar. Su representante era Luis Mariano Rodríguez Cabello. Esa compañía firmó un acuerdo con la empresa china CAMC en contratos suscritos a través de PDVSA y Corpoelec. Por cada contrato firmado, 10% iba directo a los fondos de Highland Assets en su cuenta de Andorra según el proceso que se ventiló en los tribunales de ese país.

Una de las principales obras adjudicadas a esta empresa china fue la Planta de generación eléctrica de El Vigía, en el estado Mérida, al sur del Lago de Maracaibo. La cuenta bancaria en Andorra de Salazar con su sociedad panameña Highland Assets recibió el primer pago por 31 millones de euros como “asesoría integral para la ejecución del proyecto de construcción de la mencionada planta termoeléctrica ubicada al suroeste de Venezuela”.

El contrato para esta planta fue por 1.150 millones de dólares y según los datos recogidos por la ONG Transparencia Venezuela, el sobreprecio que se pagó por su construcción fue de 720 millones de dólares que equivalen a 167% de sobreprecio. El convenio se firmó el 30 de mayo de 2014. La planta aún no está operativa.

China CAMC Engineering inició operaciones en 2001 en Venezuela. Su primer contrato data de 2003 para la construcción de un acueducto en Falcón por 100 millones de dólares con el Ministerio del Ambiente y de los Recursos Naturales. Un reportaje de ArmandoInfo reveló las observaciones realizadas por la Contraloría General de la República en 2007 sobre incumplimiento de especificaciones, irregularidades y sobrecostos en la obra del acueducto. Sin embargo estos antecedentes no frenaron su intensa actividad en el país en la que manejó más de 3 mil millones de dólares en asignaciones en distintas áreas con los presidentes Hugo Chávez y Nicolás Maduro.

La empresa China CAMC Engineering tiene abiertas seis indagaciones en la Fiscalía de Ecuador y el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (Contraloría) elaboró un informe con indicios de responsabilidad penal. Se encuentra en el grupo de “empresas proscritas internacionalmente por prácticas fraudulentas y corruptas del Banco Mundial”.

Transmisión eléctrica

Represa de Tocoma

En junio de 2012, tres empresas chinas firmaron un contrato con el Ministerio de Energía y Minas y Corpoelec para construir la línea de transmisión eléctrica de la planta hidroeléctrica Manuel Piar, en la represa Tocoma, en el estado Bolívar, hasta la represa Uribante-Caparo, ubicada en el estado Táchira. El acuerdo fue por un monto de 1.315 millones de dólares. En ese convenio han participado tres empresas chinas: China Electric Power Equipment and Technology, China Gezhouba Group International Engineering (CGGC) y China CAMC Enginneering.

China Gezhouba Group International Engineering (CGGC), especializada en construcción de centrales eléctricas, represas, carreteras y puentes, fue inhabilitada por 18 meses por el Banco Mundial en junio de 2015; tras reconocer mala praxis en tres proyectos financiados por el organismo sobre agua, recuperación tras terremotos y gestión de inundaciones. CGGC forma parte de la estatal China Energy Engineering Group. Tiene presencia en más de 90 países, entre ellos Venezuela, Perú, Ecuador, Argentina, Colombia y Brasil.

También en este caso los recursos provenían del Fondo Chino-Venezuela. El tendido eléctrico entre Tocoma y Uribante tiene una extensión total de 1.300 kilómetros que se construiría en 30 meses. En una primera etapa se instalarían 70 kilómetros de 400 kilovoltios, 140 kilómetros de 230 kilovoltios (KV) y 220 kilómetros de 115 kilovoltios, enumeró el presidente de Corpoelec.

El proyecto completo de la planta de generación hidroeléctrica eléctrica Tocoma, cuyas obras comenzaron en 2002, aún se encuentra en construcción y ya se le han invertido cerca de 20 mil millones de dólares, aparte del tendido eléctrico. Este es el último proyecto hidroeléctrico ubicado en la cuenca del río Caroní. Transparencia Venezuela estima el sobreprecio de esta obra en 7 mil 193 millones de dólares.

Otros contratos

Termoeléctrica Planta Centro

Otra de las adjudicaciones de este grupo de empresas chinas fue el contrato que se firmó con China Machinery Engineering Corporation (CMEC), que forma parte del grupo de empresas Sinomach, de la cual también es filial CAMC, para la construcción de la estación eléctrica de emergencia del estado de Zulia. En este caso, igualmente, trascendió durante el proceso de Andorra que la empresa china entregó al grupo de Salazar un pago de 55 millones de dólares por su intermediación.

Es de resaltar que el proceso en Andorra por legitimación de capitales se dirigió contra 27 personas y las estimaciones del desfalco fueron de 2 mil millones de dólares. La paradoja es que las regiones en donde se proyectaron tan importantes proyectos como Los Andes y el estado Zulia, en la actualidad sufren una trágica carencia de energía eléctrica.

Esta empresa también recibió contratos para la planta de El Vigía, al igual que su filial CAMC, y para la construcción de la Unidad 6 de la termoeléctrica Planta Centro por un monto de 1.465 millones de dólares, ubicada en Morón, estado Carabobo. La ONG Transparencia Venezuela estimó el sobreprecio en el contrato en 805 millones de dólares, 122%

La planta debió ser entregada en funcionamiento en mayo de 2014 pero aún se encuentra semiparalizada, según denuncias de sus propios trabajadores. Esta planta está considerada como la más grande termoeléctrica del país, para cuya ampliación se contrató a esta empresa china. En 2018 ya se denunciaba que la generación eléctrica de esta planta presentaba problemas. Pese a que la capacidad instalada es de 2.600 MW solo generaba 505 MW según información suministrada por los miembros de la Federación Eléctrica. Asimismo para ese año las subestaciones estaban trabajando a mínima capacidad. Dada la precaria situación de sus trabajadores, los sindicatos tomaron la planta; al mismo tiempo que se registró una fuga masiva de personal por las pésimas condiciones salariales y laborales.

En la actualidad Planta Centro presenta una paralización de 80% de su capacidad. De seis turbinas con las que cuenta solo está activa una de ellas, la cual trabaja a 50% de su capacidad, según explicó el presidente del Colegio de Ingenieros, Enzo Betancourt a medios informativos el pasado mes de abril. Durante el “apagón” ocurrido en el mes de julio, las bombas de los tanques de Planta Centro dejaron de funcionar por lo que se filtró el fuel oil, generando un derrame que afectó a las costas de la región.

La señalada empresa CAMC Engineering, filial de CMEC, también recibió contratos adicionales en otras tareas como la fabricación de conductores. Uno de estos contratos se realizó por la fabricación de 470 toneladas de cable ACAR de aluminio con refuerzo de aleación utilizado como cable aéreo para distribución eléctrica primaria y secundaria. Este convenio se firmó para producir ese tipo de cable con la empresa Cabelum, perteneciente a Corpoelec, para el estado Cojedes. El convenio fue por 77 millones de bolívares.

Los escándalos de Sinohydro

Sinohydro referencial

La empresa china, Sinohydro que opera especialmente en el área de energía eléctrica, cobró relevancia cuando le fue entregada de emergencia la construcción de la planta eléctrica de Santa Inés, en Barinas, para suministrar energía y hacer factible el proyecto insignia de Hugo Chávez, la Refinería d Batalla de Santa Inés en su región natal.

La planta eléctrica fue construida con el aporte de 316 millones de dólares del Fondo Chino y según los anuncios, la primera fase de la planta fue inaugurada en julio de 2017 y entregada a Corpoelec, paradójicamente por el ex ministro de Petróleo y ex presidente de PDVSA, hoy en prisión, Eulogio Del Pino, quien destacó el sueño de Chávez y halagó el trabajo de los chinos señalando que: “fue todo un reto para los trabajadores venezolanos y chinos responsables de la obra, ya que para su ejecución se incluyó un traslado fluvial inédito en el mundo de una carga extra pesada”.

Hasta el momento en el soñado proyecto de la refinería de Santa Inés lo único que se ha realizado es el movimiento de tierra. Los socios recogieron sus maquinarias, las desmantelaron y se fueron; mientras que el personal de PDVSA fue reasignado. Tarek El Aissami, vicepresidente del área económica y ministro para Industrias y Producción, anunció en marzo de 2018 que la planta termoeléctrica Santa Inés entraría en funcionamiento y aportaría energía a esa región. Actualmente, el también ex vicepresidente ejecutivo de Venezuela se encuentra en la lista de los 10 prófugos más buscados por sus vínculos con el narcotráfico y el terrorismo por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE).

En 2010 le fue adjudicada a la empresa china Sinohydro la construcción de la planta termoeléctrica, José Félix Ribas, ubicada en el estado Aragua, conocida como La Cabrera por un monto de 604 millones de dólares. La primera fase de la planta fue inaugurada por Nicolás Maduro en abril de 2014. Sin embargo, hasta la fecha todavía no ha funcionado y la Federación de Trabajadores Eléctricos ha denunciado su paralización. Uno de los dirigentes del gremio laboral, Arón Guevara, ha señalado que la empresa china no concluyó los trabajos asignados y la planta se encuentra cerrada.

En este caso también se denunció el pago de comisión del 10 por ciento al grupo de Salazar. Según un reporte de la agencia Reuters, sobre el caso Andorra, la empresa china pagó 49 millones de dólares en la cuenta del BPA a Salazar y 72 millones luego de que Sinohydro se asegurara contratos adicionales para plantas eléctricas.

Sinohydro recibió contratos para construir cuatro plantas termoeléctricas “pero ninguna cumplió con las especificaciones completas del contrato, dicen ingenieros” señala el reporte de Reuters.

En su defensa, el Ministerio de Relaciones Exteriores de China respondió a Reuters en un comunicado que los “reportes sobre supuestos sobornos de parte de compañías chinas en Venezuela obviamente distorsionaron y exageraron los hechos, con una agenda oculta”.

La investigación de Reuters asegura que Salazar comenzó a acercarse a los ejecutivos chinos, ofreciendo sus servicios como un consultor muy bien conectado. Viajó a China mensualmente y comenzó allí a pagar a los funcionarios venezolanos para forjar vínculos con empresas como CAMC.

El Gobierno de Andorra, luego de que Estados Unidos acusara a BPA de lavado de dinero, tomó control del banco en 2015. Desde ese momento, los tribunales procesaron a 25 ex empleados de BPA por lavado de dinero en una serie de casos, incluyendo el que investiga los contratos de Venezuela. Una portavoz del Gobierno de Andorra no quiso hacer declaraciones sobre el tema, informó Reuters.

Como señalamos en nuestra entrega anterior, esta empresa ha sido acusada en otros países por corrupción. En junio del 2017 el Banco Africano de Desarrollo la incluyó en una lista de empresas corruptas recomendando que no se le contrate en ese continente por pago de sobornos a funcionarios en Zimbabwe y en Uganda. La empresa china también estuvo durante tres años en una lista de empresas corruptas elaborada por el Banco Mundial. Para salir de esa lista tuvo que pagar más de 6 millones de dólares en multas. Sinohydro también tuvo problemas con temas ambientales en Bolivia y en Honduras.

Sin energía

Venezuela sin electricidad

Un trabajo publicado por el portal venezolano, Crónica Uno, en agosto de este año registra que 11 de 23 estados del país ya no genera termoelectricidad. El trabajo de investigación concluye que de acuerdo a los reportes técnicos provenientes de esos estados: “Todos los estados cuya generación depende exclusivamente de plantas termo, como Amazonas, Apure e inclusive Aragua, ya no tienen megavatios”. Agrega el reporte que 5 de ellos disponen de menos de 10% de energía eléctrica y otros tres están en serio riesgo.

Explica el especialista en el tema eléctrico, José Aguilar citado por Crónica Uno: “Lo que ocurrió es que los gobernantes, durante estos años, duplicaron la capacidad instalada de las termoeléctricas y de 7.000 la llevaron a 19.000, y no aseguraron combustible para su funcionamiento”. El plan Siembra Petrolera que fue diseñado nunca fue ejecutado y PDVSA no produce ya el combustible que se requiere para nutrir al Servicio Eléctrico Nacional”.

Venezuela cuenta con 53 plantas termoeléctricas y 9 plantas hidroeléctricas. El apagón ocurrido el 7 de marzo de 2019, que afectó durante más de 20 horas a los 23 estados del país, atribuido a una falla de la hidroeléctrica de Guri, demostró que las termoeléctricas no están generando electricidad, indica Aguilar.

A pesar de los resultados con las termoeléctricas y las denuncias a las empresas chinas, el pasado mes de marzo el gobierno de China ofreció ayuda a Venezuela para restablecer el Sistema Eléctrico Nacional, tras las constantes fallas en el servicio, que se registraron a partir de ese mes. “China está dispuesta a proporcionar respaldo y la asistencia técnica necesaria a Venezuela para restablecer por completo la electricidad”, sostuvo el vocero del Ministerio de Exteriores, Lu Kang. Desde Pekín, recalcó que la nación asiática “espera que la parte venezolana pueda descubrir la razón del problema lo antes posible y reanude el suministro de energía y el orden social normales”.

El informe de Transparencia Venezuela, registra que prácticamente en los 40 contratos suscritos entre el año 2000 hasta 2014, con empresas privadas, algunas conocidas nacional e internacionalmente, como las empresas chinas y otras registradas a los efectos inmediatos para aprovechar el boom económico de los primeros años del presente siglo, se registraron sobreprecios de un promedio de 157%. En esos convenios “el poder ejecutivo venezolano actuó como empresario, regulador, ente de política, fiscalizador, y protagonista de la cleptocracia” concluye el informe.

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