El Estado venezolano no hace nada para impedir el abandono de los niños

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La crisis en Venezuela está destruyendo la potestad parental y el Estado no hace nada para detenerla. En 2017 el abandono de niños y adolescentes alcanzó 82 casos; es decir, más de uno por semana, de acuerdo con datos obtenidos por Cecodap y el Observatorio Venezolano de Violencia. Además, 21 menores fueron entregados por sus padres a terceros, por no poder mantenerlos. “No podemos decir que la cifra es nacional ni que constituye la totalidad de los casos. La violencia contra niños es una caja negra aún sin abrir, pero la realidad indica que el contexto es cada vez peor”, afirma el abogado Carlos Trapani, consultor jurídico de la organización que vela por la promoción y defensa de los derechos de la niñez, publica El Nacional.

Por OLGALINDA PIMENTEL R.| [email protected]

—¿Cómo interpreta Cecodap el notorio aumento de abandono por padres?

—En el análisis recogimos 10.499 manifestaciones de violencia infantil, de las cuales 4.852 fueron estructurales; es decir, casos por incumplimiento de derechos sociales, dificultades al acceso de alimentos, de medicamentos, la precariedad de servicios públicos, la desprotección. Toda la emergencia que vivimos reproduce nuevas formas de violencia que afectan especialmente a los niños. Cuando vemos la tipología encontramos la desnutrición, con 332 casos; muertes, con 205 casos; niños extraviados, con 94 casos, homicidios a manos de un familiar, 27 casos, y filicidio, 42 casos… Pero, más allá de contabilizarlos y dar alguna orientación, en Cecodap no sabemos por qué no se activa el sistema de protección que es el deber ser.

—¿Qué prima en esos casos?

—El contexto de crisis y precariedad, la pérdida de calidad de vida hacen muy difícil que las familias ejerzan sus potestades parentales. Es muy difícil ser familia hoy en día, y en ese contexto de desesperación esta tiene diferentes estrategias de sobrevivencia. Una de ellas, por ejemplo, es la migración forzada que es expresión de la crisis como es el caso de padres que les pegan a los niños porque comen de más o comen de menos o derraman harina. También existe la deserción escolar que en realidad es abandono. En un trabajo de acompañamiento que hicimos conjuntamente con la Rana Encantada, en Turgua, para enseñar expresiones artísticas, había niños matriculados en el sistema escolar, pero pocos asistían a clases debido a las dificultades de alimentos, de uniformes; en Turgua no hay nada: no hay gas, ni alumbrado, ni seguridad y es a 40 minutos de la capital. Entonces, no extraña que los padres consideren como una opción el abandono.

—¿Por qué una madre considera ahora el abandono como opción?

—Anteriormente había programas de asistencia como comedores escolares y no existía el contexto hiperinflacionario y de carestía tan grande; ahora las familias viven en estrés y tensión, están desasistidas y pueden considerar el abandono o la entrega como opción. La crisis tiene un impacto determinante en los niños y no hay una autoridad que fije políticas o algún tipo de lineamiento u orientación con programas especiales que permitan paliar el impacto de la crisis.

—¿No asume el Estado la responsabilidad?

—No, para nada. No hay autoridad visible que dé la cara ante los problemas que afectan a los niños. Si hay un problema con trabajadores, hay un ministro del Trabajo; si hay con los peces, hay un ministro de Pesca, pero no hay quién asuma el problema con niños. Ha habido casos, como del secuestro del niño por funcionarios del Conas, y ninguna autoridad pública dio la cara. Si el Estado no reconoce que tenemos un problema social y económico que afecta a los infantes, lejos de poder solucionarlo, el problema se va a incrementar; si lo trata de forma inadecuada, las causas que lo generan no van a poder superarse; la violencia irá en escalada. Otro error del Estado es la debilidad institucional importante a todos los niveles: cuando hay un quiebre en el Estado de Derecho y las instituciones son incapaces de dar respuesta a los problemas cotidianos, sobre todo a los vinculados con el conflicto de la violencia, el ciudadano queda en estado de indefensión. Si para un adulto es muy difícil ejercer sus derechos, lo es más aún para un niño. El quiebre representa una mayor vulnerabilidad.

—¿Y cómo se expresa?

—Hay un sistema de protección que ni es sistema ni protege, que está profundamente fragmentado desde que se descontinuó la descentralización, que fue uno de los principales avances de la Lopna. Cuando se reformó esta ley se centralizó y vino el caos institucional. En el año 2000, cuando hubo un consejo nacional de derecho que era paritario, que definía políticas públicas y había una estructura diseminada en todo el país, en el año 2007 el Estado centralizó y eliminó las competencias de las entidades. Hasta ese año la materia de niños era competencia del Ministerio de Salud y de Desarrollo Social, pero desde 2013 cinco ministerios distintos han asumido la competencia: a partir de 2013 fue el Viceministerio de la Suprema Felicidad Social y allí hubo una invisibilización de los niños en las políticas públicas. A los niños no se les ha dado su justo lugar. Lo que estamos viviendo es producto de años de desprotección.

—¿No le importan al Estado los niños?

—No, para nada; no hay ningún elemento objetivo que indique protección. Si vamos al plan de la patria, ¿cuál es el énfasis que se hace en materia de niños? No tener datos en materia de infancia, no tener políticas y no saber cuánto se invierte en políticas públicas son señales clarísimas de desprotección y desatención. Hay que superar la visión del bombero: que va detrás de la emergencia. En estos momentos el Estado atiende muy mal a las víctimas porque el sistema está colapsado, y luego atiende a niños y adolescentes en conflicto con la ley penal. Hay que darle la vuelta a la pirámide: los niños deben ser atendidos primero y que tengan acceso a todo el catálogo de derechos que la Lopna establece para que sean niños.

—¿Hay una relación directa entre la irresponsabilidad del Estado y del abandono por los padres?

—Por supuesto; hay un conjunto de factores de riesgo que hacen que la madre tome esa decisión. Es odioso calificarla y entender los motivos que la llevaron a tomarla aunque es irregular, pero también hay que analizar con detalle cuál es el contexto social, familiar, comunitario, un conjunto de variables que hay que entender en su justa dimensión para poder entender qué pasó en ese caso.

—¿Está alterando la crisis aquello de que madre es madre y es incapaz de dejar a su hijo?

—Por eso hablamos de que la emergencia es humanitaria y es compleja; es un término que todas las organizaciones hemos asumido porque la crisis ha invadido los espacios más íntimos de tu entorno y ha roto tu cotidianidad, tu rutina, tus hábitos de alimentación, de sueño, de recreación. La crisis se sentó en la mesa de tu casa y, si no hay estrategias de soporte, esas madres tienen factores de riesgo para que consideren el abandono como una alternativa.

—¿Quiere decir que la tendencia al abandono será superior?

—Claro, hay más factores de riesgo y si no los atendemos en el ámbito estructural las causas seguirán latentes. Hay que garantizar a los niños sus derechos, una hoja de ruta para que alcancen su máximo desarrollo. Esa debe ser la meta del país. Creo que en parte es desconocimiento y no se ha comprendido la Lopna, pero también creo que algunos daños son intencionales: satanizar la descentralización, no crear programas y servicios; que los municipios no hayan asumido constitucionalmente esos programas de atención son daños premeditados.

—¿Qué futuro tendrá la sociedad venezolana?

—Ni siquiera el futuro, estamos comprometiendo el presente y estamos hipotecando el futuro; el daño es actual, es inminente y será irreparable si no se toman medidas. Aquí son clave los organismos de cooperación porque está claro que el Estado, con sus recursos ordinarios, no puede dar respuesta.

La ruta institucional

Si el niño es abandonado y es hallado por cualquier persona, esta debe informar al Consejo de Protección, instancia municipal que conoce los derechos de los niños individuales. Este organismo puede dictar una medida de abrigo, que es una medida excepcional para proteger el niño cuando se encuentra en situación de riesgo. La medida se ejecuta a través de familias sustitutas y de casas hogar, como alternativas de cuidado. El período de abrigo debe durar dentro de 30 días máximo (127 de Lopna). Luego el Consejo de Protección debe ubicar a los grupos parentales de origen. El problema es que no hay programas que estimulen la existencia de las familias ni de programas de localización. Aquí se cerraron los programas que había. Quedan Fundana, Bambi, Aldeas Infantiles y otras organizaciones con miras a la adopción.

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