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El carnet de la patria consolida el anhelo de control del chavismo

CAR211. CARACAS (VENEZUELA), 30/07/2017.- Un votante muestra su "Carnet de la Patria" de los votantes durante las elecciones de la Asamblea Nacional Constituyente hoy, domingo 30 de julio de 2017, en Caracas (Venezuela). EFE/Cristian Hernández

Desde el año 2006 Cuba tiene participación directa en los proyectos de registro y control en Venezuela a través de la empresa Albet Ingeniería y Sistemas y la mexicana Gemalto, publica Diario Las Américas

Por Eugenio Martínez @puzkas

“Registro y control: he aquí lo principal, lo que hace falta para poner en marcha y para que funcione bien la primera fase de la sociedad comunista”. El extracto del libro Estado y Revolución escrito por Lenin hace más de 100 años puede servir para explicar lo que ocurre en Venezuela con el llamado Carnet de la Patria.

A través de este instrumento casi obligatorio de identificación, el régimen de Nicolás Maduro continúa avanzando en la implementación de la hoja de ruta que en su momento marcó Lenin y que el chavismo ha intentado implementar desde hace más de una década.

“Aquí, todos los ciudadanos se convierten en empleados a sueldo del Estado, que no es otra cosa que los obreros armados –se puede leer en el libro Estado y Revolución- Todos los ciudadanos pasan a ser empleados y obreros de un solo “consorcio” de todo el pueblo, del Estado”. Al menos, por los próximos 90 días la mayoría de los ciudadanos pasarán a ser empleados del gobierno venezolano porque éste asumirá el pago del nuevo salario mínimo. El ofrecimiento del gobierno de Maduro ha provocado que incluso empresas de comunicación social sugieran a sus empleados que obtengan el Carnet de la Patria si desean cobrar completo.

Lograr el “registro y control” de todos los venezolanos es un viejo anhelo del chavismo. Esta idea, inicialmente explicada como una forma de optimizar a la administración pública y mejorar el precario sistema de identificación con el que contaba el país se remonta al año 2001 cuando el entonces Ministro de Interior y Justicia Luis Alfonso Dávila (compañero de Hugo Chávez durante el Golpe de Estado de 1992) otorgó a Hyundai Consorcio la buena pro para ejecutar, a un costo de 227.745.516 millones de dólares, el proyecto denominado Sinacoc (Sistema de Identificación y Control Ciudadano). La idea básica de este proyecto era lograr interconectar en tiempo real a todos las dependencias de la administración pública después de emitir nuevos documentos de identidad y pasaportes a todos los venezolanos en un lapso máximo de 48 meses.

Este proyecto (criticado desde la Asamblea Nacional con múltiples observaciones según la Gaceta Oficial número 37.272 del 30 de agosto de 2001,) fue paralizado en 2003 por el entonces ministro de Interior y Justicia, el General Lucas Rincón.

La paralización del Sinacoc coincidió con el inicio de la Misión Identidad (en febrero de 2004), un proyecto que en según los anuncios de Hugo Chávez emitió aproximadamente tres millones de cédulas a ciudadanos mayores de edad que nunca habían contando con documentos de identidad.

El proyecto de “registro y control” entró en una nueva fase el 1 de marzo del año 2005. En ese momento se desempeñaba como ministro de Interior y Justicia, Jesse Chacón (compañero de Chávez en el Golpe de Estado de 1992), a quien correspondió anunciar la creación del “Sistema de Identificación y Control Ciudadano” que implicaba el cambio de cédula de identidad y la depuración del Registro Electoral.

Ese año el gobierno venezolano compró por 18 millones de dólares la torre Acord (ubicada en la urbanización Las Mercedes). Un edificio que serviría como base de operaciones al nuevo proyecto de registro y control, proyecto que comenzaría con la emisión de una cédula electrónica (con todos los datos personales de los ciudadanos) entre 2006 y 2008.

Cuba detrás de los controles

El proyecto no cristalizó. Sin embargo, a principios del año 2007 el estado venezolano firmó con varias empresas estatales cubanas un nuevo contrato para que sirvieran como intermediarias y proveedores de documentos de identidad provistos de chip. El costo del acuerdo fue de 177 millones de dólares.

El 19 de julio de 2007, el entonces ministro de Interior Justicia y Paz, Pedro Carreño prometió que durante el segundo trimestre del año 2008 comenzaría la emisión de la cédula electrónica.

El ofrecimiento no se cumplió y el 12 de diciembre de ese año Dante Rivas —que para ese momento ocupaba la dirección de la Onidex y hoy es gobernador del estado Nueva Esparta— aseguró que para el primer trimestre de 2010 se iniciaría la entrega de la nueva cédula. En este proyecto el documento contaría “con un sistema de seguridad que lo haría el documento de identificación más seguro del mundo” y permitiría la interconexión de varias bases de datos del estado venezolano, incluyendo los aportes sociales que recibía cada ciudadano y la información financiera y reportes del sistema de salud pública que existieran sobre él.

La filtración de los Papeles de Panamá en 2016 terminó por confirmar lo que constituía un secreto a voces. Desde el año 2006 Cuba tiene participación directa en los proyectos de registro y control en Venezuela a través de la empresa Albet Ingeniería y Sistemas y la mexicana Gemalto (subcontratada por el gobierno de Cuba para el suministro de los materiales necesarios para la identificación de los venezolanos)

La interconexión electoral

En 2011, el proyecto de cédula electrónica seguía sin cristalizar. Aunque faltaban años para poder comprobar la participación de Cuba en los proyectos de registro y control el Consejo Nacional Electoral (CNE) anunciaba que el sistema biométrico de identificación que comenzaría a emplear en las elecciones presidenciales del año 2012 podría “leer” los datos contenidos en el nuevo documento de identidad de los venezolanos.

Antes de este anuncio el CNE había intentado (sin éxito) dotar a los venezolanos de un nuevo “número único de identificación” bajo el cual se almacenarían todos los beneficios sociales recibidos por cada ciudadano, trámites ante el Registro Civil y toda la información generada por la administración pública.

Entre 2011 y 2016 los gobiernos de Hugo Chávez y Nicolás Maduro fueron perfeccionando los mecanismos de registro y control de los ciudadanos hasta convertir a los planes sociales del Ejecutivo Nacional en instrumentos de presión electoral y posteriormente de control social.

Después de la derrota electoral del año 2015 y en medio de un creciente colapso económico, Nicolás Maduro anunció a principios del año 2016 la emisión de la “Tarjeta de las Misiones Socialistas”, un instrumento para carnetizar y controlar el otorgamiento de subsidios destinados a la alimentación y la salud.

En función de esta experiencia para finales de 2016 el gobierno de Maduro había encontrado finalmente el proyecto de registro y control que buscaba desde 2001: El Carnet de la Patria, una nueva forma de identificación digital que (según cifras oficiales) es utilizada en diversos grados por 17 millones de venezolanos mayores de edad (según las proyecciones poblacionales en Venezuela existen 21 millones de ciudadanos mayores de edad).

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