Duque anuncia suspensión del decreto de internación de carros y motos de matrícula venezolana

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La suspensión del Decreto 2229 que ordena el proceso de internación de 80.000 carros y motos de matrícula venezolana que circulan en Norte de Santander, anunció el presidente Iván Duque Márquez, quien hoy encabezará en Cúcuta el Taller Construyendo País.

El jefe de Estado concedió una entrevista a La Opinión en la que trató los asuntos sobre los cuales la región espera de su Gobierno diversas decisiones para enfrentar los problemas que la aquejan.

Zona económica especial

Cúcuta y la región necesitan desde hace muchos años un plan para generar empleos y formalidad. Usted está presentando un proyecto de ley donde se crean las ZESE. ¿Considera que esta respuesta es suficiente?

En cumplimiento de un compromiso de campaña, el ministro de Comercio -en compañía de la bancada de Norte de Santander- radicó el proyecto de “Zona económica y social especial para Cúcuta y su área metropolitana” que brindará beneficios económicos especiales para esta región.

Esperamos contribuir, en el corto plazo a la reducción de la pobreza y desempleo que hoy golpean al área metropolitana de Cúcuta. Las ZESEs ofrecerán a los inversionistas beneficios para jalonar capitales y dinamizar el empleo regional. Entre estos se encuentran: tarifa del 0% en el impuesto de renta durante los primeros cinco años, y la mitad de la tarifa (50%) durante los siguientes 5 años. Hoy, en el taller Construyendo País en Cúcuta, explicaremos con mayor detalle estos beneficios para la atracción de inversión.

Inversión en el Catatumbo

En el Catatumbo hay cerca de 15.000 soldados y no se ha logrado el control del territorio. ¿No sería mejor seguir invirtiendo en carreteras, servicios públicos, educación y capacitación en agroindustria?

Esa disyuntiva entre seguridad e inversión social es falaz. Aquí no se trata de un dilema teórico entre armas, por un lado, y comida o desarrollo, por el otro. Nuestra propuesta se sostiene en la legalidad y el emprendimiento para impulsar una sociedad equitativa. Sin el imperio de la ley en los territorios no se puede generar una actividad económica dinámica y sostenible con empleos dignos.

El Catatumbo necesita de la materialización de ambos pilares de legalidad y de emprendimiento para avanzar en la equidad. Le di instrucciones al Viceministerio de Agua para una mesa de trabajo con siete alcaldes del Catatumbo para buscar alternativas a la calidad, continuidad y cobertura de los servicios de agua potable y saneamiento básico. Le pedí una revisión de los OCAD y por obras por impuestos para fortalecer nuestra respuesta social.

En vías para el Catatumbo ya tenemos los diseños del tramo Astilleros-Tibú para terminar los 27 kilómetros que hacen falta. Estamos buscando novedosas alternativas de financiación para proyectos viales.

Conpes migratorio

A raíz del problema migratorio con Venezuela, a la ciudad han venido muchos funcionarios, pero la inversión no llega en las cantidades necesarias. ¿Cómo hacer para que se canalicen estos auxilios para ayudar a soportar esta región que es una de las más golpeadas por este fenómeno?

En estos 100, días nuestro gobierno le dio a la crisis migratoria de Venezuela la urgencia y la prioridad que merece. Sin esa urgencia y sin esa prioridad, que se refleja en esas visitas que menciona, será más difícil gestionar los recursos financieros y obtener el respaldo diplomático requerido para enfrentar la crisis. Según datos de Migración Colombia, en Norte de Santander se estiman que habitan 151.803 ciudadanos del vecino país, siendo el segundo departamento con mayor concentración de venezolanos después de Bogotá. Esto equivale al 14,71% del total de venezolanos en el país. Por eso aprobamos el documento Conpes para la Estrategia de Atención a la Migración de Venezuela. Este Conpes reconoce el impacto territorial diferenciado de esta crisis y prioriza algunos municipios nortesantandereanos como los más afectados y hacia donde se deben dirigir los esfuerzos de las entidades nacionales.

Internación de vehículos

La reglamentación que trae el decreto de internación de vehículos venezolanos ha generado algunas controversias. Usted en su campaña prometió revisar el tema y definir si lo suspendían o modificaban y ya el plazo está próximo a vencerse. ¿Hay definición en ese tema?

Vamos a suspender la aplicación del Decreto 2229 de 2017, dando paso a un censo adelantado en coordinación entre las autoridades territoriales administrativas del departamento y las de las unidades fronterizas de desarrollo estratégico con la DIAN regional, en cada uno de los departamentos, y en las UEDF, que permita determinar cuántos y cuáles vehículos, motocicletas y embarcaciones fluviales, están circulando en esos departamentos fronterizos.

Ese censo también determinará cuántos y cuáles fueron objeto de procesos de internación temporal en vigencia de los decretos reglamentarios anteriores a este; cuántos y cuáles ingresaron al país antes del cierre de la frontera colombo-venezolana, en agosto de 2015, pero no surtieron su proceso de internación temporal y quiénes son los ciudadanos tenedores de esos equipos.

Una vez dimensionada la situación en cada una de las unidades estratégicas y en cada uno de los departamentos, realizaremos nuevas mesas de trabajo técnico y jurídico, con las entidades del orden nacional y las territoriales, para definir las acciones a tomar y la política pública a cerca de la internación temporal.

¿Será el gobierno de Iván Duque el que finalmente logre conectar a Norte de Santander con el gasoducto de Gibraltar y así lograr que haya abastecimiento para mejorar la competitividad de las empresas de la zona?

Sabemos que el abastecimiento de gas es fundamental para la región. La ministra de minas y energía tiene dentro de sus tareas para la región, coordinar una mesa técnica para buscar una solución a este tema. Esta mesa se dará durante el primer semestre de 2019.

Las iniciativas anticorrupción por las que votó mucha gente en la consulta parecen ir camino al fracaso. ¿Este tema le preocupa al gobierno?

El paquete anticorrupción sigue su tránsito en el Congreso y algunos proyectos van mejor que otros. Podrían ir mejor pero van avanzando. Por ejemplo la iniciativa legislativa sobre la publicación de la declaración de bienes, que tiene mensaje de urgencia, ya fue aprobada en primer debate. Otro, el de rendición de cuentas, que también tiene mensaje de urgencia, será discutido en primer debate en próximos días. El proyecto de conflicto de intereses sigue asimismo su trámite.

Desde el Gobierno estamos implementando decisiones de transparencia como la publicación de las hojas de vida de los altos funcionarios y el seguimiento ciudadano de los proyectos de transporte, entre otros. Al seleccionar las ternas de alcaldes de Cartagena y Riohacha desarrollamos un esquema transparente, con veeduría de la sociedad civil y la firma de compromisos contra la corrupción.

¿Para reducir el gasto público por qué no se contempla reducir el presupuesto de Defensa, si un país en paz necesita mucho menos Ejército, o considera que es posible un conflicto con Venezuela o que la paz pactada con las Farc no es suficiente para disminuir el conflicto armado?

Estudiamos todas las estrategias para poder enfrentar la desfinanciación de $14 billones en el presupuesto del año entrante. Esto incluye la directiva de austeridad para la reducción de gastos superfluos en todo el gobierno, incluyendo esquemas de seguridad. Pero no se trata de caer en el falso dilema de quitar recursos a la seguridad para destinarlos a otros rubros.

Cuando asumimos el gobierno el país presentaba una crítica situación de cultivos ilícitos: 200.000 hectáreas. Hemos erradicado unas 20.000 hectáreas en los primeros 100 días. Grupos armados organizados, que incluyen disidencias de las Farc, continúan con sus actividades criminales. Minería ilegal, narcotráfico, extorsión, ataques a la infraestructura nacional y ataques contra la Fuerza Pública requieren de una sólida política de Legalidad basada en la justicia y la seguridad.

Durante los 17 meses que negociaron el gobierno de mi antecesor y el Eln, este grupo asesinó más de 100 personas y efectúo 400 ataques terroristas. Norte de Santander, desafortunadamente, sufre en su territorio muchas de esas graves amenazas a la seguridad.

Países que han atravesado por procesos de paz y han descuidado la seguridad ciudadana y la seguridad territorial son precisamente donde la implementación falla.

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