Daniel Ortega pide a cancilleres de América Latina y el Caribe que no apoyen la aplicación de la Carta Democrática a Nicaragua

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El canciller de Nicaragua, Denis Moncada, dijo que el “gobierno de Nicaragua considera ilegal la iniciativa del secretario general Almagro, carente de fundamentos jurídicos…”.

El régimen de Daniel Ortega a través de su canciller Denis Moncada envió este martes una desesperada carta de 21 páginas pidiendo a los cancilleres miembros de la Organización de Estados Americanos (OEA) no activar la Carta Democrática tal como lo está solicitando de urgencia el secretario general de dicha organización, Luis Almagro.

En un tono desesperado, el régimen solicitó a los cancilleres “no permitir ni apoyar” la petición de Almagro de convocar con urgencia a reunión al Consejo Permanente con base al artículo 20 de la Carta Democrática, con lo que se iniciaría el proceso para suspender a Nicaragua como miembro de dicha organización, lo que significaría para Ortega no solo un mayor aislamiento político sino también financiero, lo que estrangularía sus finanzas públicas.

En la extensa misiva, donde la dictadura no asume la responsabilidad ni hace mención de la masacre de más de 325 nicaragüenses confirmados por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), Moncada insiste en su monólogo en que en Nicaragua hubo un intento de golpe de Estado contra Ortega, un planteamiento que también ya ha sido descartado incluso por especialistas de la Organización de Naciones Unidas.

Además el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) que es un comité de expertos que investigó la masacre en los primeros meses de represión, denunció que en Nicaragua el régimen cometió delitos de lesa humanidad.

En la carta, el régimen achaca los asesinatos, secuestros y torturas, daños e incendios a la propiedad pública y privada a los autoconvocados, pese a que el GIEI apunta como responsable de esos delitos a personeros de la dictadura.

Moncada en la carta asegura que la Carta Democrática de la OEA está diseñada exclusivamente solo cuando en un país se da la ruptura del orden constitucional, algo que para él no ha ocurrido, pese a la masiva demanda de los nicaragüenses de que Ortega abandone el poder por la masacre. En respuesta, el régimen ha respondido con violencia contra civiles y además ha secuestrado los derechos fundamentales de los nicaragüenses, así como ha utilizado la justicia para criminalizar a autoconvocados, entre otros.

Según la carta firmada por el canciller de Nicaragua, Denis Moncada, el “gobierno de Nicaragua considera ilegal la iniciativa del secretario general Almagro, carente de fundamentos jurídicos, y violatoria de principios de la carta de la OEA, la carta de la ONU y el derecho constitucional”.

Después de escuchar el contundente informe del GIEI, Ortega fue condenado por varios países miembros del Consejo Permanente y a partir de ahí Almagro procedió un día después a convocar al Consejo Permanente, cuya sesión se produciría en las primeras semanas de enero.

Además Moncada insiste en el no intervencionismo de los países en los asuntos internos de Nicaragua y recordó que Ortega fue electo con el 72.44 por ciento de los votos de los nicaragüenses.

Y aunque Almagro en un principio de la crisis se mostró reacio en presionar al régimen de Ortega para que acelerara la celebración de elecciones anticipadas, tal como lo exigía la mesa de diálogo que el mismo dictador avaló su instalación, el régimen ahora lo acusa de “apoyar a las fuerzas terroristas, incentivando la ruptura del orden constitucional, de Nicaragua, en abierta violación de la legitimidad y de sus obligaciones como secretario general de la OEA”.

El régimen le reprocha a Almagro que durante la mesa de diálogo no haya cerrado fila en favor del planteamiento de Ortega de que el periodo de mandato de este por cual fue electo estaba fijado para el 2021.

“Las actuaciones del secretario general de la OEA, Luis Almagro son contrarias al espíritu de la Carta Democrática Interamericana y van en detrimento de la finalidad de dicho instrumento”, reafirma.

“No hay conflicto entre Poderes de estado”

Y aunque la dictadura ha utilizado al poder judicial para condenar a protestantes; al poder legislativo para aprobar leyes que persiguen a los autoconvocados; y además controla el resto de poderes del Estado, Moncada asegura en la misiva enviada a los cancilleres de la OEA que en Nicaragua “no existe ningún conflicto entre Poderes del Estado, lo que existe son grupos de terroristas que intentaron arrebatar y obtener el poder por la vía de hecho y no a través del mecanismo de elecciones libres y democráticas”.

Ese planteamiento contrata con el hecho de que Ortega se niega a dialogar y abrir el camino a una salida pacífica a través de elecciones limpias y supervisadas por la comunidad internacional, pese a que esta es una petición que está en la mesa de diálogo, que el mismo dictador dio por muerta luego que acusara a los obispos de “golpistas”, a los que él llamó inicialmente a mediar las conversiones con las organizaciones civiles y empresariales.

Moncada dijo que en su carácter de canciller de Nicaragua solicita “amablemente el apoyo de sus gobiernos para que las peticiones del secretario general de la OEA, Luis Almagro, relacionadas con la aplicación del artículo 20 de la Carta Democrática Interamericana, no sean aprobadas en la Organización de los Estados Americanos”.

¿Hay los 24 votos?

Para aprobar la suspensión de Nicaragua de la OEA son necesarios 24 votos de los 34 países miembros. El exembajador José Luis Velásquez cree que hay los votos requeridos pues “el informe demoledor del GIEI” habría hecho cambiar la postura de Estados, especialmente del Caribe, que en anteriores ocasiones se han abstenido de condenar al régimen de Daniel Ortega.

“Sobre esto es muy importante destacar el artículo de sir Ronald Sandler, embajador de Antigua y Barbuda ante la OEA, (publicado ayer) y persona de mucho prestigio en la comunidad caribeña, donde expresa que basta ya de tanta barbarie, que el gobierno de Ortega ha sobrepasado todos los límites. Este cambio de posición de las islas del Caribe podría haber completado y comprometido los votos necesarios para una rápida aplicación de la Carta Democrática”, dijo Velásquez.

Con información de: La Prensa

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