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Conozca el caso de Maly El Souki y Militarek “consentidos” de la narcotiranía de Maduro [PRUEBAS]

Es miembro de al menos 12 empresas registradas en Panamá, Venezuela y Estados Unidos. Desde 2010 existen denuncias en su contra por la violación a la Ley de Contrataciones Públicas y al contrato colectivo de los trabajadores

Transporte Militarek, C.A es una empresa venezolana, contratista de Pdvsa, registrada en el Registro Mercantil III del estado Anzoátegui en el año 2000 / Página web de Militarek

Maly Hassib El Souki Lara (52 años) ha sido denunciado e investigado en Venezuela desde el año 2010 por presentar documentos falsos a entes del Estado. Desde 2011, los trabajadores de una de sus empresas lo han denunciado reiteradamente por no cumplir con el contrato colectivo, entre otras irregularidades. Un año más tarde, en el 2012, la investigación iniciada dos años antes rindió sus frutos: le sentenciaron régimen de presentación en el estado Anzoátegui.

Sin embargo, los trabajadores de Militarek aseguran que a pesar de todas las denuncias y de tener un régimen de presentación, hoy se encuentra radicado en Panamá y sigue como contratista de Petróleos de Venezuela (Pdvsa).

Transporte Militarek, C.A, la empresa de El Souki más denunciada, es contratista de Pdvsa y ofrece servicios de rehabilitación y perforación de pozos petroleros, limpieza y mantenimiento industrial, transporte de maquinarias y equipos pesados.

Transporte Militarek ofrece servicios de rehabilitación y perforación de pozos petroleros, limpieza y mantenimiento industrial, transporte de maquinarias y equipos pesados / Página ewb de Militarek

Ganó contratos con información falsa

En el año 2012 Pdvsa presentó un informe de auditoría de las contrataciones y ejecución de pagos otorgados por su filial, Pdvsa Servicios Petróleos, S.A, a la contratista Transporte Militarek, C.A. Desde el 2008 hasta el 2014 Eulogio del Pino, hoy investigado por corrupción por la fiscalía venezolana, fue presidente de Pdvsa Servicios.

La auditoría evaluó siete contrataciones relacionadas con el suministro, servicio y operaciones de taladros en las bases operacionales de San Tomé, estado Anzoátegui, y en el Distrito Morichal y Maturín, estado Monagas, entre los años 2008 y 2011.

La comisión de auditoría determinó que dos de las contrataciones violaban la Ley de Contrataciones Públicas, su reglamento, las Normas Generales de Control Interno y la Ley Orgánica de Contrataciones Pública.

¿Las irregularidades? Ausencia en el expediente único de la Resolución de las Máximas Autoridades Administrativas sobre la designación de la comisión de contrataciones pública, disponibilidad presupuestaria, presupuesto de la obra, acto motivados y solvencias. Tampoco se elaboraron los presupuestos bases y la programación presupuestaria. Las solvencias laborales presentadas por El Souki y Arquímedes García, representante legal, eran falsas y 52 de los avisos de pago no incluyeron las deducciones del aporte al Fondo de Desarrollo Social. Además, las contrataciones se hicieron bajo las modalidad de contratación directa sin justificación alguna.

Mildred Rojas, abogada con maestría en Gerencia Pública y quien trabaja en la ONG Transparencia Venezuela, explicó que la Ley de Contrataciones Públicas establece en su artículo 155 que se debe rescindir el contrato en caso de violación del procedimiento, soborno o cualquier otro incumplimiento de la ley. Asimismo agregó: “No solo se debe resolver el contrato (nulidad o rescisión), se debe denunciar el hecho ante el Registro Nacional de Contratista, la Contraloría General y la Fiscalía, como lo dicta el artículo 56”.

Asimismo, el informe de la auditoría en sus recomendaciones instó a la Gerencia de Contrataciones de Pdvsa Servicios a cumplir con los parámetros que establece la ley.

Rojas, por su parte, aclaró que en caso de complicidad con algún empleado público, este también debería ser sometido a un procesos disciplinario que implica que la máxima autoridad del ente debe aplicar la Ley Orgánica del Trabajo e iniciar un proceso para sancionar al funcionario. Las sanciones van de una amonestación, suspensión hasta una destitución.

 

 

Además, la especialista explicó que el contratista puede ser inhabilitado hasta por tres años por el Registro Nacional de Contratista por presentar documentos falsos. Añadió que, de acuerdo con el artículo 79 de la Ley Contra la Corrupción, el contratista puede ser penado desde seis meses hasta tres años de prisión por sobornar o presentar documentos falsos.

Alan Figuera, dirigente de Sinutrapetrorinoco, aseguró que las denuncias contra Militarek fueron elevadas ante el Ministerio del Trabajo, a la Contraloría General de la República y a la Consultoría Jurídica de Pdvsa.

Sin embargo, Figuera precisó que más allá de los reclamos, protestas y pruebas presentadas no se han tomado cartas en el asunto, porque la empresa Militarek continúa siendo contratista de la industria petrolera y sigue “violentando los derechos de los trabajadores”.

Figuera desde el año 2012 ha liderado las denuncias contra la empresa Militarek y ha brindado respaldo a los trabajadores cuando son afectados por las malas políticas de la empresa. Ese devenir le permitió a El Souki, saber quiénes eran sus allegados o contactos dentro de la industria petrolera. Además, mencionó que uno de los aliados de El Souki era el ex presidente de la estatal Nelson Martínez.

“No sé si eran socios, pero es lo más probable. Yo conocí a Nelson Martínez a través de Maly El Souki”, dijo.

Figuera agregó que El Souki viene muy poco al país, pues está residenciado en Panamá junto a su esposa, luego de que ambos fueron imputados por falsificar documentos.

Desde el año 2011 los trabajadores de Militarek han denunciado reiteradamente que la empresa no cumple con el contrato colectivo, no respeta sus derechos y que no cancela oportunamente el salario y los bonos / Cortesía de los trabajadores

Reiteradas denuncias

En junio de 2011, una representación de 48 trabajadores de taladros y 12 choferes protestó en Petrocedeño, en el municipio Miranda, sur de Anzoátegui, en reclamo del pago de sus retroactivos y salarios que les adeuda la empresa Militarek, para la cual laboran.

En enero 2012, directivos del Sutrapetrorinoco y algunos extrabajadores se presentaron en la sede de la compañía Militarek con el propósito de exigir el reenganche de algunos de sus afiliados.

Alan Figuera, directivo del Sindicato y miembro del Comité Local del Partido Comunista de Venezuela, comentó que para entonces que sostuvieron un litigio en el Ministerio del Trabajo, donde se concluyó que la compañía debía hacer el reenganche inmediato de los 101 trabajadores, pero Militarek no accedió.

En junio de 2012, trabajadores de la contratista de Pdvsa Transporte Militarek denunciaron que esa empresa viola “sistemáticamente sus derechos con la complicidad de las autoridades del Ministerio del Trabajo y de la propia Pdvsa”. En ese momento, la empresa manejaba ocho taladros en el sur del estado Anzoátegui, y ya había sido denunciada ante el Ministerio Público, la Contraloría General de la República y la Consultoría Jurídica de Pdvsa, por presuntos casos de corrupción,  evasión de impuestos, despidos injustificados, violación de las condiciones de seguridad laboral, entre otros.

En julio 2016, miembros del Sindicato de Trabajadores Petroleros y del Gas (Stpg) denunciaron que no estaban recibiendo la comida en los taladros donde hacen guardias diarias. Giovanni Moreno, secretario general de Stpg en la zona sur del estado Anzoátegui, precisó que la cláusula 20 del Contrato Colectivo Petrolero 2015-2017 establece el suministro de alimentos en las áreas de perforación, producción, wallcover y flyway. Responsabilizó a varias empresas, entre ellas Militarek de un supuesto amedrentamiento hacia los trabajadores que reclambanan su derecho.

 

 

En enero 2018, un grupo de trabajadores petroleros de  Militarek se trasladó hasta Pdvsa San Tomé, para exigir una solución a los que ellos consideran una violación de la contratación colectiva y los derechos del trabajador, que inciden en la paralización de siete taladros de producción.

Gender Ortíz, trabajador del equipo TM110, destacó que la empresa les adeuda pasivos laborales, un bono que fue aprobado a través de Pdvsa y no se lo cancelaron, la falta de servicios médicos, dotaciones y de transporte para llegar hasta los taladros.

Edgar Mata, delegado del Sindicato de Trabajadores del Petróleo y Gas (Stpg), calificó de compleja la situación de la empresa Militarek.

“Nosotros como sindicato hemos hecho el procedimiento y lo hemos llevado a las instancias correspondiente como Pdvsa y la Inspectoría del Trabajo y la Federación Unitaria de Trabajadores Petroleros de Venezuela (Futpv) tiene conocimiento de estas denuncias que se han hecho en contra de Militarek porque no cumplen con el contrato colectivo petrolero como tal”, dijo Mata.

El dirigente sindical que hasta la fecha no ha tenido ningún tipo de respuesta, dijo que el año pasado se hizo una inspección a uno de los equipos de la empresa y que está en “precarias” condiciones.

Mata dijo desconocer quiénes son los propietarios: “Militarek es una empresa que prácticamente está apoyada por alguien que no sabemos quién es, porque la empresa cuenta con muchas denuncias e insolvencias ante el Ministerio del Trabajo. No entendemos por qué le siguen dando contratos en Petróleos de Venezuela, ya nosotros hemos agotado todas las instancias y seguimos batallando con los trabajadores”.

El Souki y su esposa, Inés Acosta, fueron investigados en el año 2010 por los tribunales del estado Anzoátegui / Cortesía

En complicidad

El presidente de la Fundación Socialista del Sur (Fundisur) y exdiputado del Consejo Legislativo Estadal de Anzoátegui, Giovanni Urbaneja, informó a El Pitazo que son muchas las denuncias que recaen en contra de El Souki por incumplimiento laboral, pero que desde Pdvsa se hicieron de la “vista gorda” para ignorar y seguir contratando con la empresa Militarek.

“Varias de las empresas que tiene El Souki son en sociedad con su esposa Inés Samira Acosta, principalmente Militarek, Transporte y servicios Militari C.A y Representaciones Agro Santa Inés. Por esta última, la señora se vio involucrada en problemas legales”, dijo Urbaneja.

Con relación a los nexos de Acosta en los asuntos de su esposo, se hallaron decisiones de tribunales donde se aprecia la sociedad. Acosta fue imputada por el delito de forjamiento de documentos.

“La Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal del Estado Anzoátegui, el 12 de enero de 2011, recibió un recurso de apelación interpuesto por los abogados Juan Bautista Rodríguez Díaz e Ingrid Martorano Sifontes, en su condición de defensores de confianza de la ciudadana Inés Samira Acosta de El Souki, contra la decisión dictada por el Tribunal de Control N° 03 de este Circuito Judicial Penal, en fecha 2 de Octubre de 2010, en la cual decretó medida de privación judicial preventiva de libertad en contra de la mencionada imputada”.

Acosta fue imputada junto a El Souki por el delito de “forjamiento de documentos, uso de documentos falsos o alterados y obtención ilegal de lucro en acto de la administración pública”, tipificados en los artículos 319 y 322 del Código Penal, y el artículo 72.

La juez aceptó la apelación y el 14 de marzo de 2012, El Souki debió cumplir con un régimen de presentación cada 45 día ante la oficina del alguacilazgo, en el circunscrito judicial del estado Anzoátegui, por falsificación de documentos en una importación, obtención ilegal de lucro en acto de la administración pública y fraude continuado. La investigación habría iniciado en el año 2010 por la simulación de importación de un motor bomba triplex ante la aduana de Guanta el 29 de julio de 2004 en su condición de representante legal y propietarios de la empresa Representaciones Agro Santa Inés.

 El Pitazo llamó dos veces a Militarek para solicitar un número o correo de El Souki, pero aseguraron no tener los contactos. Asimismo, El Pitazo llamó a Transporte y Servicios Militari al menos unas cuatro veces sin obtener respuesta. Finalmente, el 26 de enero un trabajador Militarek, vía telefónica, dio un correo electrónico de El Souki. El Pitazo le escribió solicitándole una entrevista para conocer su versión de los hechos, pero a la fecha de publicación de este reportaje no se obtuvo una respuesta.

El Souki, un empresario de alcance internacional

El Souki es miembro en al menos 12 empresas en tres países distintos, de acuerdo a los registros y base de datos que manejan las páginas web Panadata.net, Open Corporates y  Corporationwiki.com. Transporte Militarek (2000) y Representaciones Agro Santa Inés en Venezuela, Militarek USA LLC (2007) en Estados Unidos y Militarek, S.A (2011), Mixer Panamá (2009), Promotora Tatare (2010), TM Militarek (2011), Corporación GEMS (2011), GEMS Concreto de Panamá (2010), Transporte GEMS Panamá (2011) y Transporte Militarek, S.A (2014) en Panamá.

Samira Acosta, la esposa de El Souki, también es miembro de Militarek USA LLC (Estados Unidos), suscriptora de Militarek, S.A (Panamá) y vicepresidenta y directora Transporte Militarek, S.A (Panamá).

En 2007 El Souki se estrenó como empresario en Houston, Estados Unidos, y continuó su emprendimiento en el año 2009 en Panamá, donde actualmente aparece como miembro en ocho empresas. En ellas, El Souki ostenta varios cargos a la vez: presidente, director, tesorero y secretario.

El 30 de julio de 2010 se registra en Panamá la empresa Promotora Tatare en la cual El Souki ostenta los cargos de director y tesorero. Ese mismo año ya se había iniciado contra él una investigación en los tribunales venezolanos por falsificación de documentos. Las denuncias contra la gestión del empresario han continuado. Pero él en paralelo ha engrosado su currículum siendo parte de la directiva de otras seis empresa registradas en Panamá, entre 2011 y 2014.

Con información de: El Pitazo

A continuación pruebas de corrupción de PDVSA con MILITAREK:

MILITAREK, Mafia y corrupción de muchos funcionarios.

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Documento donde se evidencia que Gerente Jurídico de PDVSA y Presidente de PDVSA están al tanto de irregularidad con MILITAREK.

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Segunda parte del oficio enviado a alto gerente de PDVSA.

Segunda parte del oficio enviado a alto gerente de PDVSA.

Resumen de Insolvencias de MILITAREK.

Resumen de Insolvencias de MILITAREK.

Requisitos

Requisitos

Pronunciamiento de Ministerio de Trabajo a PDVSA, quien no hizo nada pues encubre a MILITAREK.

Pronunciamiento de Ministerio de Trabajo a PDVSA, quien no hizo nada pues encubre a MILITAREK.

Documento donde se afirma que la solvencia de MILITAREK es falsa.

Documento donde se afirma que la solvencia de MILITAREK es falsa.

Orden de Pago de PDVSA a MILITAREK, negocios sucios apoyados por Ramírez.

Orden de Pago de PDVSA a MILITAREK, negocios sucios apoyados por Ramírez.

Gerente de PDVSA laborales San Tomé.

Gerente de PDVSA laborales San Tomé.

Solvencia Laboral falsa que MILITAREK presentó ante PDVSA.

Solvencia Laboral falsa que MILITAREK presentó ante PDVSA.

Documento donde se evidencia que Jesús Figuera Consultor Jurídico de PDVSA San Tomé conoce la corrupción de MILITAREK.

Documento donde se evidencia que Jesús Figuera Consultor Jurídico de PDVSA San Tomé conoce la corrupción de MILITAREK.

MILITAREK insolvente ante Ministerio del Poder Popular para el Trabajo y la Seguridad Social.

MILITAREK insolvente ante Ministerio del Poder Popular para el Trabajo y la Seguridad Social.

Documento donde afirman que Tarek William Saab respalda la corrupción de MILITAREK.

Documento donde afirman que Tarek William Saab respalda la corrupción de MILITAREK.

Contrato de PDVSA con MILITAREK.

Contrato de PDVSA con MILITAREK.

Insolvencia de Militarek / Numeración pertenece a otra empresa.

Insolvencia de Militarek / Numeración pertenece a otra empresa.

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