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Conoce la maquinaria de lavado de Nicolás Maduro y Daniel Ortega

La “cooperación” venezolana a Nicaragua permitió a la administración de Daniel Ortega manejar  discrecionalmente los fondos que alcanzaron los USD 3.743 millones durante más de 11 años, sirviéndo este dinero de sustento y base a su autoritario gobierno.

Por Maibort Petit/Venezuela al Día

Un informe producto de una investigación realizado por Freedom House para evaluar el desempeño del convenio de Cooperación Venezolana en Nicaragua que se lleva a cabo a través de la empresa mixta Alba de Nicaragua, S.A., Albanisa, analiza el esquema bajo el cual fueron utilizados los fondos provenientes de la venta de petróleo suministrado por Venezuela, por parte de actores de Nicaragua entre los años 2007 y 2017.

Entre los primeros actos llevados a cabo por Daniel Ortega al retorno a la presidencia de Nicaragua el 10 de enero de 2007 (ya había gobernado el país centroamericano de 1979 a 1990), estuvo la firma de adhesión —el día 11 de enero de 2007— de la nación centroamericana al acuerdo denominado Alternativa Bolivariana para las Américas, ALBA, programa promovido por el finado presidente venezolano, Hugo Chávez Frías.

Igualmente se suscribieron quince acuerdos de cooperación, entre los que destacaba la incorporación a Petrocaribe, un hecho altamente significativo para ese país, toda vez que se ubica como el segundo más pobre del hemisferio occidental — PIB de 13,231 millones de dólares en el año 2016— y es un importador neto de petróleo —14 mil barriles diarios—, por lo que el conjunto de facilidades otorgadas por Venezuela en la venta de crudo a los países miembros del citado plan, conformaron la ecuación perfecta para que Ortega se aliara a Chávez con quien, además, lo unían las afinidades ideológicas.

El “Acuerdo sobre la Cooperación en el sector energético entre el Gobierno de la República Bolivariana de Venezuela y el Gobierno de la República de Nicaragua” destaca entre sus objetivos: fortalecer las relaciones energéticas “a través de la conformación de empresas mixtas, empresas de servicios y otros sectores de interés mutuo”; conformación de empresas mixtas entre PDVSA y los entes estatales que designe el gobierno de Nicaragua; optimización de además de suministro de combustible en el mercado interno; suministro de crudo y productos refinados; evaluación de proyectos para la construcción de terminales de transporte de GLP; posible construcción de un gasoducto transcaribeño; optimización de la infraestructura de terminales, distribución, almacenamiento de crudos; cooperación para la generación, transporte y distribución de energía eléctrica.

Se sumaba así Nicaragua al “eje socialista” de naciones que Hugo Chávez había venido conformando desde su llegada al poder y a las que mantenía como aliadas a través de un esquema caracterizado por las ayudas económicas y el suministro de petróleo a bajo costo.

En el acuerdo Petrocaribe constituye un mecanismo mediante el cual Nicaragua, a través de un actor económico privado, realizaría pagos en efectivo y de contado a sólo una parte de su factura petrolera, la cual está ajustada a una banda de precios internacionales del barril de petróleo. La restante deuda formaría parte de un préstamo a largo plazo y con tasas de interés preferenciales que Alba de Nicaragua, S.A. administraría.

Se convertía de este modo la cooperación venezolana en el principal motor financiero del gobierno de Nicaragua al otorgarle recursos que el gobierno de Daniel Ortega destinó para financiar proyectos populistas e inversiones en empresas privadas.

El análisis establece que si bien la población de Nicaragua ha recibido algunos beneficios derivados de la participación en el programa de suministro petrolero, no puede hablarse de una distribución equitativa de los mismos, pues al contrario, el sectarismo ha sido la principal característica al momento de la repartición, pues solamente grupos de poder alrededor del gobierno han sacado provecho del mismo.

Así pues, los recursos suministrados por Venezuela, han contribuido solamente al deterioro del sistema democrático nicaragüense en el que Daniel Ortega ejerce el poder autoritariamente y ha sido reelecto inconstitucionalmente.

Antecedentes de Petrocaribe

Los orígenes del acuerdo Petrocaribe se encuentran en el Acuerdo Energético de Caracas que promovió el gobierno de Chávez en octubre del año 2000 con Belice, Costa Rica, República Dominicana, El Salvador, Guatemala, Honduras, Haití, Jamaica, Nicaragua y Panamá. Luego se sumaron Cuba y Barbados. El mismo permitía la compra de petróleo venezolano a crédito y con tasas de intereses preferenciales.

Como antecedente de este acuerdo encontramos el Pacto de San José vigente desde 1980 y en el que Venezuela y México garantizaban el suministro de petróleo a los países centroamericanos y del Caribe.

Para el gobierno venezolano ya en manos de Hugo Chávez, resultó inaceptable la exclusión que de Cuba hacía México y por ello ideó el nuevo mecanismo de cooperación energética.

El Acuerdo Energético de Caracas limitaba las relaciones a los entes públicos y fijaba un techo de 80 mil barriles diarios con una tasa de interés de un 2 por ciento, con plazos de hasta 15 años para amortización.

Del mismo modo, establecía una tabla para determinar el monto a financiar de acuerdo al precio internacional del barril del petróleo, bajo las realidades comerciales del año 2000. Si el precio del barril de crudo aumentaba de USD 30, tenía la posibilidad de financiar a largo plazo hasta el 2 por ciento de su factura petrolera. Si el precio del petróleo bajaba, entonces aumentaba el pago de contado mensual. Efectivamente el acuerdo entró en vigencia activa sólo años después cuando las variaciones en los precios generaron complicaciones internas en muchos países pobres centroamericanos.

Para junio de 2005 surge formalmente Petrocaribe cuando en la ciudad de Puerto La Cruz nueve jefes de estado suscriben el Acuerdo de Cooperación Energética de tal denominación que da nacimiento a un organismo internacional con el mismo nombre.

El crudo venezolano se configuraba entonces en un elemento de integración económica del cual forman parte inicialmente Antigua y Barbuda, Bahamas, Belice, Cuba, Dominica, República Dominicana, Granada, Guyana, Jamaica, San Vicente y las Granadinas, Santa Lucía, San Cristóbal y Nevis, Surinam y Venezuela.

El organismo lo integran los ministros de energía de los países firmantes, mientras la secretaría ejecutiva la ejerce Ministerio de Energía de Venezuela.

Petrocaribe da pie a la creación de un fondo para el desarrollo económico y social de USD 50 millones que aporta Venezuela y que se conoce como ALBA-Caribe.

El plan de financiamiento de este acuerdo es similar al del acuerdo de Caracas, estipulándose un porcentaje de factura petrolera financiable donde el porcentaje se incrementa de acuerdo a 8 bandas de precio internacional del barril de crudo.

Las disposiciones claves del acuerdo de Petrocaribe se centran en el período de gracia extendidos de 1 a 2 años; financiamiento a corto plazo que se extiende de 30 a 90 días; plazos de pago con precios menores a USD 40 a 17 años con tasa de interés anual de 2 por ciento; precios excedentes de USD 40 incrementan el período a 25 años, con tasas de interés del 1 por ciento.

Una de las novedades del plan es el pago diferido, según el cual Venezuela aceptaría bienes y servicios como parte del pago, mencionándose el azúcar y banano entre estas posibles formas de pago.

El suministro y transporte de petróleo estará en manos de la empresa PDV Caribe, filial de PDVSA. Es decir, en la estatal petrolera venezolana recae la cadena de suministro completa (almacenaje, buques, refinación y terminales).

En análisis deja ver que detrás de este acuerdo, se esconde el interés del gobierno de Chávez de incrementar su protagonismo internacional estableciendo una dependencia directa en los países parte del acuerdo respecto al crudo venezolano.

Es importante además tomar en cuenta el precio por barril al que se incrementó el petróleo para junio de 2005 a USD 53.89, una situación que puso en aprietos a las economías latinoamericanas importadoras netas de petróleo crudo.

Nicaragua no escapó de ello y en el año 2007, junto a Haití, se suma a Petrocaribe. Seguidamente lo harían Honduras y Guatemala.

El surgimiento y el papel de Albanisa

En 2008, el articulado del acuerdo fue modificado para incluir la posibilidad de que PDVSA seleccionara entidades no estatales para coordinar la cooperación, un paso que permitió la participación de empresas mixtas dentro del acuerdo, como es ALBA de Nicaragua, S.A.,[1] Albanisa[2].

Esta empresa fue creada el 13 de julio de 2007, ante el notario nicaragüense Álvaro Ramírez Martínez en su escritura número 21, e inscrita en el Registro Público de Managua el 17 de agosto del mismo año.

Como se ha dicho y atendiendo a lo establecido en los acuerdos a que hemos hecho referencia, Albanisa es una empresa mixta entre Nicaragua y Venezuela. Por Venezuela en la junta directiva figuran: Asdrúbal Chávez Jiménez, Fernando Valera Ventura, Eulogio del Pino, Alfredo Calderón, Enrique García Lorenzo.

Por Nicaragua: José Francisco López (presidente ejecutivo de la empresa nicaragüense de Petróleos, Petronic, y vicepresidente de Albanisa), Paul Oquist,  Emilio Rapacciolli Baltodano, Salvador Vanegas, Juan Rodolfo Delgado.

El paquete accionario de la empresa se conformó de manera que PDVSA es propietaria del 51 por ciento de las acciones y el restante 49 por ciento pertenece a la empresa de petróleos de Nicaragua, Petronic[3].

El dinero en Albanisa comienza a moverse desde Petronic, la empresa importadora de petróleo nicaragüense presidida por José Francisco López, la cual paga el 100 por ciento de la factura de petróleo que Nicaragua consume.

Albanisa hace entrega del porcentaje que le corresponde de acuerdo a lo establecido en la tabla que los estipula acorde con los precios del crudo de PDVSA para la fecha, como pago de contado. El resto es transferido a la Cooperativa de Ahorro y Crédito Caja Rural Nacional, R.L. Caruna[4], la cual a través de fideicomisos los administra buscando un 8 por ciento de interés. El 50 por ciento  de lo recibido por Caruna se reembolsa a Albanisa, para supuestamente destinarlo a “obras sociales”.

Desde su constitución, Albanisa se ha transformado en un holding con gran poder e influencia en Nicaragua, permitiéndose realizar movimientos financieros a su entera discreción bajo indicaciones de la Presidencia de Nicaragua, revela el informe en nuestro poder.

La contabilidad de Albanisa es un misterio. En julio de 2013 la Contraloría General de le República llevó a cabo una auditoría de las finanzas de la misma, pero el contralor murió y, posteriormente, en 2015, se publicó una supuesta auditoría en la que se aseguró que no había irregularidad alguna en la empresa.

Desde 2016, Albanisa administra todo el dinero proveniente de la cooperación privada de Venezuela en sustitución de Caruna. Se trata de USD 3.709,7 millones hasta el primer semestre de 2007 que han sido invertidos en sociedades y en instrumentos financieros.

Antes de Albanisa

Antes de la creación de la empresa mixta venezolano-nicaragüense, en Nicaragua regía un esquema para la importación de petróleo que estuvo vigente hasta 2007.

Desde 1999 la empresa suiza Glencore recibió una concesión para importar, distribuir y comercializar productos refinados en 61 estaciones de combustible, propiedad de Nicaragua.

Al retorno del sandinismo al poder, bajo el pretexto de retornar bienes públicos a control estatal, el gobierno inició negociaciones con la citada Glencore para dividir las operaciones en dos y compra una parte de la licencia otorgada a la transnacional con lo que el estado, a través de Petronic se encarga de las operaciones de importación de petróleo y combustibles.

De este modo, la parte privada de la empresa que pasó a denominarse Distribuidora Nicaragüense de Petróleo[5], se encargó de la distribución y comercialización del producto que Petronic importaría el cual, obviamente, proviene de Venezuela en virtud que la parte encargada de la importación fue vendida a Nicaragua.

Como Gerente General de Petronic se desempeña Katherine Argeñal, esposa de uno de los hijos de Daniel Ortega y Rosario Murillo.

Entretanto, la importación de crudo en Nicaragua siempre estuvo a cargo de la empresa Exxon Mobil Corporation, la cual la llevaba a cabo a través de su subsidiaria Esso Standard Oil.

El gobierno de Daniel Ortega en agosto de 2007 embargó a la empresa por una deuda que mantenía desde el año 2003 y la obligó a pagar USD 15 millones como parte de la deuda, además de una multa. Esto sólo había sido una excusa, pues la verdadera razón del gobierno para esta acción judicial fue la negativa de Exxon para almacenar petróleo de Venezuela.

El 13 de septiembre de 2007, luego de negociaciones, se acordó un arriendo entre Esso y Petronic, lo cual permitiría preparar la infraestructura para garantizar la operatividad de Petrocaribe en la importación de crudo.

Pero esto no resultaba suficiente para el gobierno nicaragüense pues el acuerdo de arriendo no  permitía completar el control de todo el negocio de combustible, al no contemplar la compra de petróleo a Venezuela.

Esso Standard Oil es propietaria de la única refinería de petróleo de Nicaragua, por lo que las negociaciones continuaron hasta que en diciembre de 2007, Petronic y Esso firmaron un acuerdo de “hospitalidad” que permitía el almacenamiento de combustible y comprar hasta 10 millones de barriles de crudo al año a ser refinados en la planta. Días después se anunciaron las conversaciones para la compra del plantel completo por parte de Petronic.

Esso vendió a Petronic el plantel “Uno” en enero de 2008 por USD 700 mil y firmaron un acuerdo para continuar con el negocio de refinamiento de crudo que estaría únicamente en manos de Venezuela.

La petrolera estadounidense se retiró de Nicaragua en 2012. La estrategia del embargo y el hostigamiento por parte del gobierno de Daniel Ortega había dado resultados.

La nueva realidad petrolera

Ahora el gobierno de Nicaragua tenía el monopolio de la importación de petróleo, combustible y derivados y ya para 2008 Venezuela pasó a ser el proveedor único de petróleo, lo que ocurrió hasta 2017 cuando la debacle política, económica y humanitaria tuvo lugar en el país caribeño. A esta circunstancia se sumó la factura de contado de petróleo aumenta en monto en razón del incremento de los precios del barril de crudo.

De 2007 a 2016 Nicaragua importó USD 6.985 millones en petróleo, combustible y lubricantes provenientes de Venezuela, con lo que México pasó a un segundo plano.

Los beneficios de Patrocaribe significaron una drástica reducción de la factura de contado en virtud del financiamiento bajo las condiciones establecidas por el acuerdo de ALBA, a lo que hay que agregar que otra parte de la deuda se pagaría en especies, con productos como alimentos y bebidas producidos por empresas de capital nicaragüense.

El acuerdo permitía que al incrementarse los precios petroleros internacionales tuviera efectos positivos para Albanisa, la cual podría endeudarse más al contar con un valor mayor.

La mezcla entre negocios privados y empresas públicas ha generado una confusión derivada de la duda acerca de si la deuda de Nicaragua es pública o privada.

Datos oficiales del Banco Central indican que Albanisa ha recibido préstamos de PDVSA por USD 3.709 millones en 9 años y medio, que han reducido notablemente con la menor importación de petróleo desde Venezuela y comercio a la baja.

Por otra parte, se conoció que en 2012 la deuda privada de Albanisa fue vendida a la Cooperativa Caja Rural Nacional y que el Estado no garantiza el pago de la misma.

En la actualidad, por la caída de los precios petroleros, la crisis venezolana y la Orden Ejecutiva del Presidente de Estados Unidos relativa a las transacciones entre estadounidenses y PDVSA, ha habido una considerable reducción del comercio trayendo como consecuencia que muchos empresarios por temor a sanciones se rehúsan a vender sus productos vía Albanisa.

Los flujos de capital ahora son negativos para Nicaragua al haberse reducido el financiamiento por petróleo, dando lugar a que en la nación centroamericana solamente haya habido amortización de intereses por el financiamiento de petróleo y derivados.

Al no haber pago a capital sino únicamente los intereses del 2 por ciento anual con 2 años de gracia, durante el primer semestre de 2017 el pago de intereses de Albanisa a PDVSA generaba flujos negativos de capital para Nicaragua. El FMI indicó que Albanisa estaba obligada a realizar pago de amortización e intereses por montos que superan el retorno sobre inversiones que la empresa tiene desde el año 2012, poniendo presión sobre sus finanzas.

La verdad sobre Caruna

La Caja Rural Nacional, entidad financiera que opera en forma de Cooperativa de Ahorro y Crédito, es una empresa privada que no está supervisada por los organismos financieros públicos. Esta, como ya se apuntó, recibe el porcentaje de la factura petrolera que no se paga de contado y el 50 por ciento de lo que recibe por este concepto se destina supuestamente a proyectos sociales.

Esta institución es conocida en Nicaragua como el aparato financiero directo del Frente Sandinista, así como de los negocios financieros relacionados al partido de gobierno y a la Presidencia de la República. Y es que en la práctica, Caruna es el mecanismo de privatización de la cooperación venezolana.

Denuncias periodísticas señalan que Caruna ha otorgado préstamos a empresas públicas y entidades estatales sin pasar por instancias resolutivas, y en el caso del Estado, sin la aprobación correspondiente de la Asamblea Nacional, conociéndose de estas operaciones solamente cuando ya aparecen reflejadas las instrucciones relacionadas con pagos dictadas por el presidente de la república en la Gaceta Oficial.

Este esquema se encuentra en riesgo ante las políticas de Estados Unidos, por lo que se conoció que para proteger las operaciones 100 por ciento privadas de Caruna, la administración de los fondos pasaría a ser manejado por Albanisa.

¿A dónde fueron los fondos de cooperación?

El informe hace referencia a un asunto fundamental no hay una respuesta certera que darle: el  destino de los fondos de la cooperación venezolana a Nicaragua, esto en razón el enrevesado esquema que rige en la nación centroamericana para la administración del dinero. Un conjunto de   empresas públicas, privadas y mixtas que impiden determinar el rumbo de los aportes.

El propósito de los analistas es tratar de establecer quiénes fueron los beneficiarios directos de la cooperación privada y discrecional de Venezuela en Nicaragua, siendo que entre los receptores hay instituciones públicas, empresas privadas y personas naturales.

Se remiten los analistas al monto total reportado por el Banco Central de Nicaragua al primer semestre de 2017 para, a partir de allí, intentar rastrear el destino final de la cooperación venezolana. Se trata de USD 4.807 millones que incluyen la deuda con PDVSA e Inversiones.

Sólo son datos preliminares extraídos del Informe de Cooperación Externa y los analistas advierten que la información arrojada en este informe, serán igualmente estimaciones. Sin embargo, sostienen que al comparar los documentos anuales, es posible constatar inconsistencias e incoherencias que no permiten determinar con seguridad los montos recibidos. Citan como ejemplo de esta situación el hecho de que en 2009 se reportaron préstamos de PDVSA en los años 2008 y 2009 por 146 y 119 millones de dólares respectivamente. A pesar de esto, en 2013 cuando se vuelve a hacer referencia a dichos préstamos, se habla entonces de 292 y 277.5 millones de dólares por los mismos años.

Refiere el informe que los recursos provenientes de PDVSA en calidad de préstamo se han categorizado en dos grandes grupos que contienen, a su vez, subcategorías propias: proyectos sociales y proyectos socio-productivos. También, la inversión extranjera directa dirigida a proyectos específicos.

Hay que advertir que estos proyectos sociales funcionan como un segundo presupuesto para el gobierno nicaragüense y que es manejado por Albanisa para iniciativas sociales que en cualquier país del mundo serían administradas y ejecutadas por ministerios.

Entretanto, los denominados proyectos socio-productivos son financiamientos de cuya administración estuvo históricamente en manos de Caruna, pero que intempestivamente en 2016 fueron trasladados a Albanisa y carecen de todo tipo de control.

¿Proyectos sociales?

Todo evidencia que los llamados proyectos sociales no son otra cosa que la justificación de un proyecto paralelo del gobierno que le permiten ejecutar una serie de gastos llevados a cabo por Alba de Nicaragua para impulsar proyectos del gobierno.

De este modo, Albanisa ha podido manejar un presupuesto alterno al Presupuesto General del país, el cual se ubica en el orden de los USD 1.300 millones destinados a impulsar iniciativas del estado nicaragüense.

Son recursos correspondientes a “inversiones” de PDVSA sobre los cuales no hay control, auditorías ni procesos administrativos para selección de proveedores, por ejemplo.

Recursos que han servido para darle soporte al gobierno de Daniel Ortega desde su llegada al poder, permitiéndole cimentar el poder autoritario a través de la entrega de diferentes bienes —dinero incluido— a sectores sociales afines al partido Frente Sandinista.

Pan para hoy…

Tal como lo reza el refrán popular, el Programa Productivo Alimentario, uno de los más emblemáticos del gobierno de Ortega, diseñado supuestamente para erradicar pobreza y reducir riesgos de hambre, solamente es un paliativo inmediato. Se ha demostrado que el programa aporta a la inmediatez de las familias, pero no elimina la pobreza.

Consiste en la entrega de USD 2 mil en bienes, tales como ganado y animales de corral a la población, dirigido a 75 mil familias seleccionadas por el gobierno que se entregan a través de los Comités de Participación Ciudadana de las comunidades y municipios, grupos partidarios del FSLN.

Los informes de cooperación externa señalan que se han gastado en este programa USD 152 millones provenientes de Albanisa. El programa también es financiado por el BID, FAO, Taiwán, Austria, entre otros.

En 2017 el programa se transformó en un microcrédito otorgado por el ministerio de Economía Familiar y su impacto, al ser financiado por gobiernos extranjeros, se ha evaluado de manera independiente.

Sin resultados en infraestructura

Del programa destinado a la rehabilitación de calles denominado “Calles para el Pueblo”, no se conoce el destino de los fondos ni tampoco los resultados.

Los reportes de cooperación externa de 2009 y 2010 refieren que se habrían destinado más de USD 20 millones para adoquinar y revestir caminos, pero no es posible determinar si los restantes USD 68 millones se dedicaron a estos proyectos.

Subsidio al transporte

Para contrarrestar los efectos que los precios del combustible tenía en las tarifas de transporte, el gobierno diseñó un programa de transferencias a través de Caruna dirigido a las empresas de transporte público de Managua, en su mayoría cooperativas ligadas al Frente Sandinista.

Se trata de USD 249 millones que beneficiaron a más de un millón de personas que utilizan el sistema de transporte público colectivo. Al ser una transferencia de empresa privada a otras empresas, los manejos han sido poco transparentes.

Bono a los empleados públicos

Desde mayo de 2010, en el día del trabajador, el gobierno nicaragüense anunció un bono “Cristiano, Socialista y Solidario”, de USD 25 dólares fuera del presupuesto de la república, dirigido a 155 mil empleados públicos.

Entre 2010 y 2013 este bono significó la erogación de entre USD 59 y 66 millones anuales que, según cifras del Banco Central alcanza un total de USD 191.4 millones provenientes del esquema de cooperación.

El programa se redujo en 2014 y se incluyó en el presupuesto general de la república y desde entonces, año a año se reduce la cantidad de beneficiarios.

Otros proyectos

Aun cuando el Banco Central denomina como “otros” a los restantes proyectos destinados a salud, entretenimiento y deportes, con financiamiento de Albanisa, el destino real de los recursos se confunde con obras contempladas en el presupuesto de Nicaragua. No hay inventario de los proyectos ni informes de resultados, menos aún auditoría de este dinero.

Proyectos socio-productivos con inversión extranjera directa

De acuerdo con el Banco Central los recursos remanentes de la cooperación venezolana deben estimarse como privaos en razón de que se destina a financiar proyectos de índole o con contrapartes privadas. Las cifras oficiales ubican la cifra en USD 2.039,70 millones que generan deuda para Albanisa, pero al detallar las operaciones es posible detectar que quienes tienen participación son sectores de la economía en los cuales tiene participación Alba de Nicaragua.

Entre los proyectos que no generan deuda de Albanisa con PDVSA están la Refinería “Supremo Sueño de Bolívar” y el de generación eléctrica, los cuales suman USD 984 millones que se consideran inversión extranjera directa.

El total de inversión de Albanisa y PDVSA alcanza USD 3.024 millones en plantas energéticas y una refinería que no fue concluida.

Entre los programas contemplados en este grupo está el financiamiento a la soberanía energética que no es más que un subsidio para hogares de bajo consumo a través del Instituto Nacional de Energía. Sin embargo, Albanisa y sus personeros tiene ramificaciones en otras empresas relacionadas a este sector, tales como la empresa comercializadora de energía, plantas de generación.

El subsidio eléctrico dirigido a la factura de energía domiciliar cuyo precio se incrementó por el precio del petróleo toda vez que la generación eléctrica de Nicaragua depende de los hidrocarburos. Esta subvención generó una deuda del Instituto Nicaragüense de Energía (INE) que, con fines políticos, se mantiene al margen del presupuesto de la república.

Desde 2010, el INE se endeuda con Caruna para financiar una parte de la factura de energía de todo el país, siendo que entre 2010 y 2013 este endeudamiento alcanzó USD 198.5 millones provenientes de la cooperación privada venezolana.

Los analistas establecieron que las transferencias de dinero se llevaron a cabo entre del INE a la empresa de distribución de energía, Disnorte-Dissur, que a su vez está obligada ante los generadores de energía, entre ellos empresas públicas. El proveedor único de los generadores de energía a base de hidrocarburos es Albanisa, lo que constituye un negocio redondo.

Y aunque la caída de los precios petroleros se produjo, esta no se reflejó en las facturas de consumidores, sino que se destinó al repago a Caruna que entre enero de 2014 y octubre 2015 recibió USD 24.4 millones.

En 2015 el FMI identificó como riesgo la reducción o deterioro de los términos financieros bajo los cuales la cooperación petrolera se encontraría, y de los cuales gastos “cuasi-fiscales” podrían pasar a ser parte del presupuesto nacional. Este organismo y el Banco Interamericano de Desarrollo, BID, alertaron que este subsidio no tiene un impacto real en la población más pobre.

Las empresas de energía

En los años ‘90 fue privatizada la comercialización de energía eléctrica en Nicaragua resultando la empresa española Unión Fenosa la ganadora de la licencia, la cual comenzó a operar a través de las empresas Disnorte y Dissur. Esta transacción ascendió a USD 115 millones en el año 2000.

Al año siguiente el 19 por ciento de las acciones de ambas empresas fue vendido a los grupos nicaragüenses, Pellas y Calsa, una venta calculada en USD 21.85 millones.

En 2009, la empresa Gas Natural compra Unión Fenosa y la composición accionaria de la empresa en Nicaragua queda así: 74 por ciento Gas Natural, 16 por ciento en manos del Estado como pago de una deuda y 10 por ciento para inversionistas privados y trabajadores que se desconoce quiénes son.

Para 2013, Gas Natural vende a TSK-Melfosur, empresa a la que el estado había brindado concesiones y beneficios especiales a pesar de que tiene pérdidas elevadas.

El tesorero del FSLN, José Francisco López, es desde 2009 el presentante del estado en la junta directiva de la empresa, lo cual genera un conflicto de intereses serio, puesto que dirige la importación de petróleo vía Petronic, el 34 por ciento de la generación de energía con Albanisa y también compra esa energía. Para remate, Caruna que es controlada por afines a López, realiza el préstamo para el subsidio eléctrico.

El colmo de este conflicto ocurrió en 2012 cuando Albanisa reclamó a través de López el pago de una deuda de USD 80 millones en generación eléctrica a las empresas distribuidoras y amenazó con demandas en nombre de una representada a otra entidad en la que él mismo es directivo. López es también integra el Gabinete de energía, una entidad pública que coordina el trabajo del Estado y las empresas privadas involucradas en el sector.

La venta de Glencore

La concesión de Glencore venció en el año 2010 y los activos de la Distribuidora Nicaragüense de Petróleo —61 estaciones de combustible, capacidad de almacenamiento de 280 mil barriles de combustible— fueron traspasados al gobierno de Nicaragua.

Posteriormente, en septiembre de 2009, estos activos fueron comprados mediante préstamo a Alba-Caruna, por Petronic por 62 millones de dólares.

Se sospecha corrupción en esta operación. La nueva junta directiva integraba a tres personas: José María Enríquez, abogado del Frente Sandinista; José Mojica, testaferro de empresas ligadas al partido de gobierno; y Aura Cecilia Toruño, corredora de bienes raíces. La directora ejecutiva de la Distribuidora Nicaragüense de Petróleo es Yadira Leets Marín, esposa del hijo mayor de Daniel Ortega, Rafael Ortega Murillo.

Además, quien le compra a Petronic los activos que estaban arrendados por Glencore es Caruna, sin ninguna licitación ni transparencia en la operación. La cooperativa endosó después las acciones a los nombrados anteriormente.

Alba Generación

El grupo ALBA controla el 50 por ciento de la generación eléctrica térmica de Nicaragua, y un 34 por ciento del total de capacidad instalada, con lo que se ubica en posición dominante y protegida por el gobierno al no haberse otorgado licencias de exploración para nuevas fuentes de energía renovable.

En todos los contratos de generación entre Albanisa y la empresa distribuidora de Energía, Disnorte-Dissur, figura José Francisco López.

De este modo, Alba Generación ha invertido en el sector de generación de energía de Nicaragua USD 475.3 millones entre 2008 y el primer semestre de 2017, según datos del Banco Central.

Plantas Che Guevara

Entre las primeras acciones de Albanisa en 2007 estuvo la instalación de plantas de energía supuestamente “donadas” por Venezuela a Nicaragua, cuando en realidad se trató de una entrega a la empresa mixta de PDVSA con Petronic, sin que mediaran estudios técnicos ni licitaciones adecuadas, habiendo resultado altamente ineficientes.

Entre 2009 y 2011 se hicieron inversiones en centrales termoeléctricas de Albanisa de plantas bunker.

En 2011 sin explicación alguna, una donación de Taiwán de una planta con 27MW fue absorbida por la planta Che Guevara y pasó a ser propiedad del ALBA.

Ese año también se inauguró “Victorias del Alba” una planta de generación inaugurada en Puerto Sandino que opera bajo la misma licencia que la Central Che Guevara. La inversión fue de USD 52 millones, usando fondos del ALBA de acuerdo a reportes periodísticos.

Irregularidades en planta MAN

Alba Generación recibió una nueva licencia del gobierno en 2014 para un proyecto de planta térmica a 8 turbinas de 140 MW en Los Brasiles, próximo a Managua.

Con la bajada de los precios del petróleo el negocio dejó de ser atractivo y por ello la instalación de las turbinas se retrasó y solo se comenzó a generar energía a finales de 2016. Lo cierto es que este proyecto rondó los USD 200 millones.

Parque Eólico ALBA Rivas

Apostar por energía alternativa no escapó a Albanisa y desarrolló el proyecto ALBA-Rivas al que se denominó “Camilo Ortega Saavedra”, con capacidad de generación de 39.6MW. El costo estimado del proyecto sería de USD 87 millones.

 

La licencia de generación para el parque eólico fue extendida para sumar 67.3MW, a finalizar con 102.3MW de capacidad, a completarse en 2018, lo cual en la opinión de expertos tendría un costo mínimo para Albanisa de USD 135 millones.

 

Obra paralizada

 

La empresa Alba Depósitos se encarga del almacenamiento de combustible y crudo de toda Nicaragua, teniendo una capacidad de 805 mil barriles de petróleo.

 

El Informe de Cooperación Externa del Banco Central revela que se han invertido USD 474.3 millones provenientes de Venezuela pero desde julio de 2007 cuando se colocó la primera piedra, solamente se han construido 16 tanques de almacenamiento.

 

Hasta diciembre de 2017, los planes de construir la Refinería “El Sueño de Bolívar” continuaban en suspenso, pues los costos superarían los USD 6 mil millones.

Financiamiento de viviendas

Frente al déficit nicaragüense de viviendas, la construcción de infraestructura es un buen negocio y de acuerdo al Banco Central, Albanisa construyó o financió inversiones por USD 83 millones en infraestructura habitacional.

Se sabe que parte del dinero invertido se canalizó a través de empresas propiedad del vicepresidente de Albanisa y que otras empresas fueron creadas por personas cercanas a esta empresa para trabajar en proyectos de construcción.

 

Valiéndose de la posición privilegiada

 

Un ejemplo de uso de lo público como si fuera privado lo constituye el caso de la empresa TECNOSA, Tecnologías y Sistemas S.A., propiedad de José Francisco López, tesorero del FSLN, presidente de PETRONIC y vicepresidente de Albanisa, la cual ha sido favorecida desde 2007 con contratos estatales, entre ellos, la construcción de “Casas para el Pueblo”. Los beneficiados de este programa únicamente fueron los allegados al partido FSLN y empleados públicos.

 

También en el año 2008, se denunció que el Instituto Nicaragüense de Seguridad Social, INSS, otorgó facilidades de crédito a TECNOSA por más de 1 millón de dólares para la construcción de “Casas para el Pueblo”. Igualmente recibió fondos del Ministerio de Educación para reconstrucción de viviendas, sin licitación.

 

La empresa también recibió a través de otra empresa fondos del INSS dirigidos a la urbanización de terrenos en la cercanía de Managua, sumando USD 3 millones en calidad de préstamo.

 

Sustracción de equipos

 

La empresa ALBA Equipos arrienda equipos pesados para construcción, pero se descubrió que los primeros camiones de la empresa se sustrajeron de los activos del Instituto de Desarrollo Rural que después aparecieron en una obra de Albanisa. La empresa ha sido contratada en todas las obras de infraestructura en que Albanisa ha estado involucrada.

 

Financiamiento al Desarrollo empresarial

 

Las investigaciones determinaron que Caruna para sus labores de otorgamiento de crédito, uso fondos provenientes de Albanisa para hacer intermediación por un monto de USD 60 millones enmascarado como Desarrollo Empresarial.

 

Programa usura cero

 

Son microcréditos manejado por el estado y dirigidos a grupos de mujeres. Este programa recibe financiamiento de Albanisa y Caruna y se desconoce el monto total colocado y el monto total recibido por Usura Cero para intermediar, ni tampoco el destino de los intereses.

Financiamiento transporte terrestre y marítimo

Este proyecto contaba con 47 millones de dólares para financiar empresas de transporte. Ofreció préstamos a los transportistas colectivos y selectivos de Managua, que fueron ofrecidos en condiciones comerciales para la compra de activos donados al Estado de Nicaragua.

En el año 2010, ALBA Transporte compró 550 vehículos LADA para el transporte urbano selectivo de Managua por USD 5 millones, usando fondos del ALBA. Se sabe que se importaron hasta 2011 un total de 1 millar de unidades de LADA modelo Kalina que fueron vendidos “a precios solidarios” a cooperativas de taxi ligadas al Frente Sandinista.

También recibió alrededor de 375 unidades de autobuses procedentes de Rusia en calidad de donación para modernizar la flota de Managua, los cuales fueron vendidos por montos de hasta USD 50 mil a las cooperativas de transporte público relacionadas al frente sandinista.

Financiamiento a la producción agropecuaria y forestal

Un total de USD 191 millones es la cantidad, según datos del Banco Central, que se manejó para financiar la producción agropecuaria y forestal a través de cooperativas y directamente a otras empresas privadas. Se hacía con financiamiento de Caruna. Se conoce de empresas del ALBA dedicadas a la explotación de bosques.

En 2009 se anunció que Alba Forestal aprovecharía la madera tumbada por el paso de un huracán. Se habló de una inversión de USD 18 millones para apoyar a las comunidades de la zona afectada, pero años después comunidades indígenas y pobladores de zonas protegidas denunciaron que la empresa estaba realizando extracción ilegal de madera bajo protección de las autoridades.

Financiamiento a otros proyectos

Albanisa en el rubro “otros” hace inversiones en áreas como medios de comunicación y también intentó incursionar en aerolíneas, telecomunicaciones, renta de vehículos y hasta criando gusanos de seda.

En medios de comunicación se han hecho inversiones para la compra de medios que eran anteriormente independientes por parte de personas directa o indirectamente ligadas al gobierno lo cual ha repercutido en la libertad de expresión, pues canales de televisión han sido adquiridos o creados por allegados o miembros de la familia presidencial.

En enero de 2010, el grupo ALBA compró Televisora Nicaragüense SA, con una televisora, Canal 8, y una radio, siendo que el precio inicial era USD 9.7 millones que por unas deudas del canal con el Estado, terminaron convertidos en USD 2 millones. La compra la hizo el hijo de Daniel Ortega, Juan Carlos Ortega Murillo. El representante legal es José Mojica, conocido testaferro de la familia Ortega. Rafael Paniagua, en ese tiempo Gerente de Albanisa confirmó que “ellos” habían comprado el canal de televisión.

Otro hijo del presidente Ortega, Carlos Ortega Murillo, habría tomado el control del Canal 4 a través de un enrevesado entramado de empresas.

Un hijo de Rosario Murillo adoptado por Daniel Ortega, Rafael Ortega Murillo, compró las estaciones radiales Viva, Clásica y La Sandino. También maneja El 19 Digital, publicación que circuló brevemente impresa y que opera como órgano de propaganda de la Presidencia.

ALBA también adquirió en 2008 la operación de dos negocios no relacionados: dos haciendas ganaderas con 3 mil cabezas de ganado y un hotel en el centro de Managua.

De esta manera, Albanisa se convertía en el intermediario monopólico entre los ganaderos y las instituciones venezolanas dedicadas a la compra de alimentos. La compra habría sido por USD 11 millones obtenidos de fondos del ALBA y Caruna.

Inversiones financieras

Albanisa hace sus inversiones a través de empresas asociadas por vía de Caruna.

Una gran parte del flujo entrante del dinero dirigido a proyectos privados está depositado en un fideicomiso de más de USD 1.500 millones de Caruna en el Banco Corporativo, una empresa de Albanisa constituida el 2 de noviembre de 2013.

La sede del banco es la misma de Albanisa y en su junta directiva inicial figuraban como directores José Francisco López, vicepresidente de Albanisa y Jorge Martínez González, presidente de Caruna. El capital del banco proviene de ALBA de Nicaragua, S.A.

El banco se inició administrando dos fideicomisos a 25 años con su entidad relacionada Albanisa, uno para administración de cartera de créditos y otro de administración de fondos, los cuales sumaban en diciembre de 2015, USD 1.357.605.912. En 2016 el banco administraba USD 1.558 millones en Fideicomisos de Caruna y cuentas por cobrar de los mismos.

De enero a diciembre de 2017, las captaciones al público se duplicaron y según informes esto habría sido por advertencias de la Embajada de Estados Unidos en el mes de septiembre del riesgo al que se exponían las empresas al tener relaciones con subsidiarias y entidades relacionadas a PDVSA, que fue mencionada en julio 2017 en una Orden Ejecutiva de Estados Unidos. Recuérdese que Albanisa es propiedad en 51 por ciento de PDVSA.

Extraoficialmente se confirmó que los flujos crecientes en depósitos de los meses de septiembre a diciembre de 2017 fue dinero retirado de bancos nacionales con los que Albanisa y sus empresas relacionadas tenían cuentas. La banca nicaragüense no deseaba correr con riesgos relacionados a activos relacionados o propiedad de PDVSA.

El banco, desde el segundo semestre de 2017, se convirtió en uno de los principales compradores de letras del Banco Central de Nicaragua y bonos de la República.

Alba Alimentos

El área de alimentos no escapa a los intereses de Albanisa, por lo que constituyó la empresa Alba Alimentos de Nicaragua, SA, Albalinisa, que se encarga de comprar productos de exportación, específicamente de consumo masivo y de primera necesidad, para realizar el repago a Venezuela de una parte de la factura de petróleo.

Dado el incremento de la factura petrolera por aumentos del precio internacional del petróleo, Albalinisa adquirió gran poder económico puesto que se dedicaba a la compra de los productos a ser exportados a Venezuela y si bien los montos no se conocen con exactitud, se calcula que se le habrían vendido a Venezuela USD 1.764 millones en productos nicaragüenses.

Se infiere que el 90 por ciento de los productos exportados a Venezuela desde Nicaragua fueron intermediados por esta empresa.

La empresa exportaba y vendía a Venezuela productos por montos notablemente mayores al precio que ellos pagaban al productor nacional, generando una ganancia a expensa de la escasez venezolana.

Las conclusiones del informe

Los analistas concluyen que el formato de “cooperación” venezolana utilizado en Nicaragua permitió administrar de manera discrecional fondos en préstamo por USD 3.743 millones al gobierno de Daniel Ortega por más de 11 años, y es una de las razones por las cuales este gobierno considerado autoritario se mantiene en el poder.

Tal discrecionalidad repercutió en una privatización de los fondos a ser utilizados tanto en negocios particulares de la Presidencia como de sus allegados, quienes se han lucrado directamente con estos dineros.

Esta circunstancia permitió que el sector privado de Nicaragua tuvo oportunidad de venta de productos nacionales a Venezuela, participando activamente en el esquema de Petrocaribe.

La reducción de los precios internacionales del petróleo y la liquidez generada por el acuerdo Petrocaribe hizo que muchos de los compromisos que la “cooperación” venezolana cubría pasaran a integrar el presupuesto de Nicaragua.

Los analistas aseguran que existen pruebas del manejo inadecuado de los fondos para empresas privadas directamente ligadas a la Presidencia de Nicaragua. Añaden que la ausencia de Estado de Derecho, así como la partidización total del sistema judicial ha propiciado la irregular operación de personas y empresas con protección del Estado.

Por último, instan a investigar la acumulación de riqueza a través de testaferros y terceras personas allegadas al Gobierno de Nicaragua en razón de que el esquema de triangulación utilizado en las operaciones hace presumir actividades de legitimación de capitales.

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