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Citgo, los bonos 2020 y otros negocios de Guaidó

El equipo del diputado Juan Guaidó, con la complicidad de Gobiernos extranjeros y corporaciones globales, ha logrado tomar el control de facto de una porción significativa de los fondos públicos propiedad del Estado venezolano.

Por Clodovaldo Hernández

En el plano político esta operación es parte del intento de estrangulamiento de la economía nacional para forzar el llamado “cambio de régimen”, pero más allá de eso, es un mecanismo de enriquecimiento ilícito del que participan funcionarios y corporaciones de los países involucrados y la camarilla del pretendido Gobierno interino de Venezuela.

El “cambio de régimen” no ha funcionado, pero el mecanismo de enriquecimiento sí lo ha hecho.

Una revisión de algunos de los enclaves de este entramado político-financiero permite tener apenas nociones de la magnitud del robo que se encuentra en marcha.

Citgo, el gran golpe

El primer movimiento en este sentido fue la confiscación de Citgo, la filial estadounidense de Petróleos de Venezuela. Mediante fórmulas arbitrarias, Washington puso esa empresa bajo control del “Gobierno” de Juan Guaidó, con el argumento de que es a este dirigente del partido ultraderechista Voluntad Popular a quien EE.UU. reconoce como presidente de Venezuela.

El valor real de Citgo es un tema de discusión en los círculos de altas finanzas, pero algunos datos históricos pueden ayudar a tener una idea. En 2014, cuando Rafael Ramírez era presidente de Pdvsa, la filial fue puesta en venta. Fuentes especializadas dijeron que Venezuela aspiraba a vender la empresa en un precio de entre ocho mil y diez mil millones de dólares.

Expertos estiman que desde entonces ese valor debe haber ascendido al menos al doble, debido a la urgencia que tienen las petroleras estadounidenses de contar con capacidad de refinación, pues la producción interna ha crecido en estos años, a costa de los crudos de lutitas, obtenidos mediante la fracturación hidráulica o fraking.

Más allá de su precio estimado en caso de venta, Citgo es un activo clave para la renta venezolana. Para la época antes señalada (2014), sus ganancias anuales se estimaban en mil quinientos millones de dólares, pues se trata de una empresa que posee tres refinerías con una capacidad consolidada superior a los 790 mil barriles diarios. Al apropiarse de ellas, EE.UU. priva al Gobierno de Nicolás Maduro de un ingreso significativo, al tiempo que financia al movimiento opositor venezolano. Solo con el manejo de las cuentas bancarias de una corporación de esa magnitud (que también tiene una red de estaciones de servicio), son muchos los bolsillos particulares que se han llenado en estos cinco meses.

Al margen del control momentáneo sobre la empresa, es muy revelador el empeño que han evidenciado Guaidó y su entorno en advertir que Citgo está prácticamente perdida debido a las deudas de Pdvsa. Sus declaraciones al respecto apuntan a legitimar la entrega definitiva de la compañía a corporaciones estadounidenses.

Los bonos 2020

Aprovechando la turbulencia política generada por la llamada hoja de ruta, EE.UU. y la facción dominante de la oposición venezolana realizaron en este breve tiempo otra gran operación destinada a inflar las cuentas bancarias de unas cuantas entidades financieras e individualidades: la autorización del pago de los bonos 2020 de Pdvsa.

El caso se conecta con Citgo porque las cuentas utilizadas para el pago de esos papeles son justamente las controladas mediante la confiscación de la filial de Pdvsa. Además, en el hilo del discurso sobre la inminente pérdida de Citgo, se dijo que pagar los bonos era una forma de evitar, al menos temporalmente, que los tenedores accionaran contra la empresa.

Este caso entrará en los anales de la corrupción nacional, lo que no es fácil, dada la reñida competencia existente. Su aspecto destacado tiene que ver con el hecho de que la Asamblea Nacional había negado la legitimidad de esos bonos cuando fueron emitidos, en 2016, en otro esfuerzo por impedir que el Gobierno de Maduro recibiera fondos frescos. Ahora, en una decisión cuestionada incluso por algunos partidos opositores, cambiaron radicalmente de postura. Conocedores de los intríngulis políticos y financieros de esta decisión, afirman que al menos una parte de los diputados que votaron a favor del pago son beneficiarios directos de la medida, es decir, que se habían aprovisionado de los bonos (o habían “dateado” a sus amigos) justo antes de que su valor se elevara y que se pagaran los montos pendientes.

En este caso, el pago autorizado fue de setenta y un millones de dólares.

En Colombia Monómeros y rumbas

El Gobierno colombiano, siempre empeñado en mostrarse como el más aventajado alumno de Washington, ha seguido el ejemplo de EE.UU. y se ha lanzado a sacar el máximo provecho a la rebatiña que el “presidente encargado” está haciendo con aquellos activos a los que ha podido echarle mano.

En perfecta orquestación con la oligarquía neogranadina, el “embajador” de Guaidó, Humberto Calderón Berti, reputado experto petrolero, fue directo sobre los intereses de Pdvsa en tierras neogranadinas: la empresa Monómeros. En este breve lapso, ya se la repartieron como si fuese el botín del atraco a un banco. Nombres de entorno personal más cercano del propio Guaidó aparecen entre los participantes de ese reparto.

En un clásico ejercicio de cinismo político, Calderón Berti ha salido a protagonizar actos de vestiduras rasgadas ante las denuncias públicas acerca del manejo de fondos que estaban destinados a financiar la oscura operación del 23 de febrero en la frontera colombo-venezolana, bajo el paraguas de la ayuda humanitaria.

Ese asunto, impactante por la desfachatez y el desparpajo de los involucrados, es una muestra de cómo los dirigentes de todos los niveles están enfocados en el mismo objetivo: enriquecerse velozmente. Mientras los grandes jefes cuadraron su “negocio” con Monómeros, los subalternos aprovecharon su oportunidad para apoderarse de grandes sumas en dólares y de rumbearse parte del dinero que debió destinarse, entre otros gastos, a pagar la estadía en hoteles de los militares desertores de ese fallido intento de intervención extranjera.

Esta parte de la trama de corrupción es justamente la que ha reventado públicamente, a través de medios de comunicación de la derecha y de un reclamo de transparencia formulado por el secretario general de la Organización de Estados Americanos, Luis Almagro. Se asegura que esto se debe a que el dinero birlado en este caso tiene dolientes privados.

Como consecuencia de la voracidad mostrada por la facción dominante opositora con respecto al patrimonio del Estado venezolano en el exterior, autoridades gubernamentales y empresarios de varios otros países se han sentido animados a participar de esa especie de piñata internacional. Así está ocurriendo con las refinerías en las que PDV-Caribe tiene acciones en República Dominicana y Jamaica. Los expertos en estos asuntos del “Gobierno encargado” están buscando la manera de sacar también una tajada de ambos “negocios”.

Fondos congelados, pero no tanto

El contralor general de la república, Elvis Amoroso, precisó recientemente que son cincuenta las instituciones bancarias, en veintiséis países, las que mantienen fondos venezolanos congelados o que han confiscado bienes de Venezuela.

Con estas medidas cumplen, de nuevo, dos propósitos: bloquear el Gobierno constitucional en sus transacciones internacionales, y obtener ganancias ilícitas tanto para esas corporaciones bancarias como para la camarilla de Guaidó.

Periodistas de investigación (unos cercanos al Gobierno y otros a la oposición) han coincidido en que se ha creado toda una ingeniería financiera destinada a transferir comisiones a empresas establecidas en varios países como compensación por haber creado las condiciones para que los activos estatales venezolanos estén inmovilizados o puedan ser robados.

Tal sería el caso de Fivendes Ltd, una empresa fundada en Londres por Juan Salcedo Márquez, un primo de Guaidó que hasta el año pasado se desempeñaba modestamente como guía turístico en el estadio Fenway Park, de los Medias Rojas de Boston. Según el blog de periodismo de datos La Tabla, la firma que ahora dirige Salcedo Márquez es de tal potencia económica que ha contratado a asesores jurídicos de primer nivel, vinculados a magnates actuales o pasados de la banca privada venezolana.

El Reino Unido, donde se emplazó esta empresa, es uno de los centros de poder financiero que mantiene confiscados activos venezolanos. El Banco de Inglaterra se ha negado a permitir que el Gobierno nacional movilice el oro depositado en sus bóvedas, cuyo monto asciende a los mil doscientos millones de dólares. Se ignora el monto de los beneficios que obtiene la institución financiera por la permanencia forzosa de esos recursos en depósito, pero han de ser naturalmente muy cuantiosos y, de acuerdo al mecanismo ya utilizado en el caso de Libia, una comisión de esas ganancias debe ir a parar a las cuentas asociadas al llamado “Gobierno encargado”.

 

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