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Caso de waraos asesinados por policías pudiera quedar en la impunidad

Pasados nueve meses del caso conocido como “la masacre de Janokosebe” poco se conoce sobre las investigaciones ni los procedimientos administrativos de los imputados. “Las audiencias han sido diferidas en varias oportunidades”, según señalamientos aportados por un familiar de los fallecidos

La tarde del 22 de septiembre de 2017, dos jóvenes waraos perdieron la vida por impactos de armas de fuego cuando protestaban por comida en Tucupita. Las víctimas fueron identificadas como José Gregorio Moraleda Zambrano, de 21 años, y Jonás José Alcántaras, de 19 años, quienes cayeron en las inmediaciones del centro de acopio de Mercal cuando huían de la represión de los efectivos de la Guardia Nacional y la policía del estado Delta Amacuro.

De acuerdo con los testimonios de los familiares y testigos oculares, los funcionarios de seguridad dispararon directamente a los manifestantes que protestaban en la carretera nacional y en las inmediaciones de Mercal, y dejaron un saldo de cinco personas heridas y dos fallecidos.

El suceso generó protestas con cierres de la carretera nacional y tomas de la sede de la Gobernación del estado Delta Amacuro por parte de los familiares y la comunidad indígena, quienes exigían justicia.

Al respecto, el 20 de octubre de 2017, 10 funcionarios policiales fueron imputados por solicitud del Ministerio Publico, y el Tribunal Tercero de Control de la jurisdicción dictó medidas de privación para los agentes policiales.

Los privados de libertad fueron identificados como Yoenner Figueroa, de 23 años; Joel María González, de 22 años; Lesguar A. González, de 34 años; Jonnata de la Cruz Trinitario, de 37 años; José Gregorio Martínez, de 25 años; Carlos Rafael Azócar, de 22 años; Rigson Boanerge R., de 25 años; Geyvin José Flores, de 28 años; Jesús Rafael Gascón, de 27 años, y una mujer identificada como Leydimar del Valle Sánchez Martínez, de 23 años.

El equipo de El Pitazo constató la ausencia de los familiares, que optaron por marcharse hasta Brasil, acosados por el hambre y la dura situación que atraviesa el país.

En Tucupita se desconoce la situación de los 10 funcionarios que fueron imputados por delitos de homicidio calificado en segundo grado con alevosía y motivos fútiles e innobles, trato cruel y uso indebido de arma orgánica.

Pasados nueve meses del caso conocido como “la masacre de Janokosebe” poco se conoce sobre las investigaciones ni los procedimientos administrativos de los imputados. “Las audiencias han sido diferidas en varias oportunidades”, según señalamientos aportados por Armando Reinosa, familiar de los fallecidos.

Con información de: El Pitazo

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