Bolívar suma 15 víctimas de presunta ejecución extrajudicial entre agosto y septiembre

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La edad de las víctimas está entre 17 y 48 años. Hay un alza en el número de casos, pues el informe anterior del Observatorio de Ejecuciones Extrajudiciales registró 12 presuntas ejecuciones en Bolívar, publica Correo del Caroní.

(Foto archivo Reuters)

El segundo informe del Observatorio de Ejecuciones Extrajudiciales (OEE) del estado Bolívar, realizado por la Comisión para los Derechos Humanos y la Ciudadanía (Codehciu), registró 15 muertes potencialmente ilícitas entre agosto y septiembre que ponen en tela de juicio la pericia de las autoridades públicas, ante su deber de garantía en materia de seguridad y defensa, informó la organización a través de una nota de prensa.

Codehciu destaca que el Estado “a través de los funcionarios encargados de garantizar el cumplimiento de la ley y mantener la seguridad y el orden público”, posee toda la atribución del uso legítimo de las armas de fuego y de la fuerza. Por lo tanto, es responsable de estas presuntas muertes a manos de funcionarios públicos.

El informe anterior registró 12 presuntas ejecuciones en Bolívar. Con estas nuevas 15 víctimas, el Observatorio expone un aumento de arbitrariedades. El documento demuestra la carencia de medidas y la posible violación del derecho humano al debido proceso y a la vida.

La investigación hace referencia al Código de Conducta para Funcionarios Encargados de Hacer Cumplir la Ley. En el cumplimiento de los deberes, los funcionarios no están solamente sujetos a observancia desde un punto de vista legal interno, sino que también a un conjunto de normas y protocolos internacionales.

Negligencia y abuso

El 14 de agosto, el Observatorio plasmó el caso de Larry Cedeño, hombre de 34 años, presuntamente asesinado por funcionarios del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc). Según testigos, no hubo enfrentamiento entre él y las autoridades. El OEE también documentó seis víctimas durante una pugna en el municipio Sucre, estado Bolívar, en la que se presume que funcionarios del Estado formaron parte con cuerpos paramilitares.

Otra de las víctimas fue Víctor González, de 41 años, quien fue presuntamente asesinado por efectivos del Cicpc; nuevamente los familiares alegaron que no se trató de un enfrentamiento y que los funcionarios entraron de manera arbitraria al hogar del padre de familia.

Bajo la lupa internacional, estos casos deben ser vistos como factores que vulneran los derechos humanos. El Protocolo de Minnesota sobre muertes potencialmente ilícitas, del cual Venezuela es parte, llama a los Estados a generar estrategias de investigación que sean metódicas y transparentes, y al mismo tiempo hace énfasis en seguir líneas investigativas legítimas sobre este tipo de actos.

El mismo documento explica que “cuando las investigaciones sobre muertes potencialmente ilícitas (o ejecuciones extrajudiciales) no se realizan con prontitud, se violan el derecho a la vida y el derecho a un recurso efectivo”; por lo tanto las autoridades deben empezar los procesos investigativos sin ningún tipo de demoras para generar resultados efectivos y exhaustivos.

Pero en ninguno de los casos documentados hay siquiera un aparente interés del Estado por hacer justicia. Estos protocolos “están diseñados para evitar que tal atribución se transforme en instrumento de dominación y terror en contra de las personas”, señala el segundo informe del OEE. La realidad de Venezuela y, en consecuencia, del estado Bolívar, tiene matices diferentes a los señalados por la normativa.

La edad de las víctimas de este segundo informe OEE está entre 17 y 48 años. Los presuntos asesinatos en el municipio Caroní fueron: 3 en la parroquia Chirica, 4 en 11 de abril; 1 en Dalla Costa. En el municipio Sucre hubo 6 muertes potencialmente ilícitas, y 1 caso sin detallar el lugar de los acontecimientos.

Exigencias de justicia

Dos hermanos, Rodolfo y Javier Jiménez, fueron asesinados en la parroquia 11 de abril en septiembre cuando -según la versión oficial- se llevó a cabo un enfrentamiento. Los familiares, al igual que en los casos anteriores, también niegan el intercambio de balas.

Codehciu, en el informe OEE, alerta sobre la falta de compromiso del Estado ante la carente investigación y la persistencia de estas ejecuciones extrajudiciales; por lo que enfatiza lo que dicta el Comité Internacional de la Cruz Roja, en donde existen principios esenciales que rigen el uso de armas de fuego para mantener el orden público.

El principio de la legalidad, referente al objetivo legítimo del uso de la fuerza; el principio de precaución, moderación al emplear las armas de fuego; el principio de la necesidad, solo cuando todos los demás medios resulten ineficaces; y el principio de la proporcionalidad, justificación del uso de la fuerza.

Dentro de las disposiciones generales de estos principios entra la de “adoptar normas sobre el empleo de la fuerza y de las armas de fuego por parte de los funcionarios, (…) la evaluación, distribución y control de armas no letales, (…) marco legal que penalice el empleo abusivo de la fuerza y las armas de fuego por parte de los funcionarios”.

El Observatorio, a cargo de Codehciu, insta a los órganos estadales competentes a respetar la dignidad de la vida “de conformidad con el marco legal de protección establecido en normas internacionales”. Lo documentado por el OEE demuestra inoperancia y negligencia de funcionarios, lo que ocasiona que la mayoría de los casos de muertes potencialmente ilícitas queden impunes. (Prensa Codehciu)

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