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Asamblea Nacional investigará negocios entre Pdvsa y estatal rusa que serían inconstitucionales

La Asamblea Nacional venezolana investigará los negocios que adeñanta Petróleos de Venezuela (Pdvsa) con la estatal rusa Rosneft, los cuales estarían violando la Constitución.

A través de un despacho informativo de la agencia Reuters se conoció que Pdvsa ofreció a Rosneft 10% de las acciones la empresa mixta Petropiar, “compuesta por un campo de crudo extrapesado y un mejorador con capacidad de 210.000 barriles por día (bpd), y donde la venezolana tiene una participación del 70 por ciento mientras que el resto corresponde a la estadounidense Chevron”, según explica la nota

El diputado Jorge Millán, quien preside la subcomisión que investiga a la estatal rusa, recordó que está en permanente seguimiento al tema de las negociaciones de Pdvsa con la petrolera Rosneft, por tratarse de negocios que violan la Constitución, ya que ocurren sin la debida aprobación de la Asamblea Nacional. En declaraciones ofrecidas desde la Parroquia San Juan, en Caracas, el parlamentario advirtió que ante tales hechos, solicitará que la directiva de Pdvsa y de la empresa Rosneft comparezcan ante la Comisión Permanente de Energía y Petróleo, a fin de responder a las graves denuncias de violación del orden constitucional y la soberanía.

“La propuesta de Pdvsa a la Rosneft pone en evidencia la grave situación económica de Venezuela y el deterioro de la industria en manos del Gobierno que desesperadamente busca recursos de forma ilegal, tras haber arruinado al país”, denunció el también jefe de la fracción parlamentaria de Primero Justicia, quien también recordó que esta nueva investigación se suma a la ya iniciada sobre el caso de Petromonagas, donde Rosneft posee más de 40% de las acciones.
La modificación de la composición accionaria de las empresas mixtas solo es posible con la aprobación del legislativo, según lo establece el artículo 33 de la Ley Orgánica de Hidrocarburos: “La Asamblea Nacional podrá modificar las condiciones propuestas o establecer las que considere convenientes. Cualquier modificación posterior de dichas condiciones deberá también ser aprobada por la Asamblea Nacional, previo informe favorable del Ministerio de Energía y Petróleo y de la Comisión Permanente de Energía y Minas”.

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