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80.000 policías jubilados esperan por promulgación de ley especial

El instrumento fue aprobado por la AN y enviado al presidente Nicolás Maduro, que lo remitió al TSJ, instancia que lo rechazó. El gremio no cuenta con asistencia médica inmediata y no tienen para comprar medicinas

80.000 policías jubilados y pensionados de todo el país esperan desde el segundo trimestre de 2017 la promulgación de la Ley especial de seguridad social para el policía. Estos hombres que dedicaron la vida –otros la perdieron– por la seguridad de la ciudadanía padecen enfermedades de distinta naturaleza o están discapacitados por haber sufrido accidentes o por ser víctimas de la violencia. Actualmente confrontan una situación económica grave: la jubilación más alta no excede de 700.000 bolívares, no cuentan con asistencia médica ni poseen los recursos para adquirir los medicamentos indispensables.

La cifra de jubilados y pensionados incluye a ex funcionarios de la PNB, cuerpo policial que absorbió al personal de la Policía Metropolitana y de Tránsito Terrestre, además del Cicpc, la Disip, policías estadales y municipales.

Elías Eduardo Pernía, presidente de la asociación de jubilados y pensionados de las policías de la región capital, y Roberto García Rangel, integrante de la Federación que los agrupa, exponen la difícil situación que viven los funcionarios una vez que culminan su servicio.

Ante esta situación piden la Ley especial de seguridad social para el policía que se encuentra entre dos frentes: fue aprobada por la Asamblea Nacional y luego fue remitida al presidente Nicolás Maduro con el fin de que hiciera los ajustes necesarios y la promulgara, pero el mandatario la envió al Tribunal Supremo de Justicia que la rechazó por estar aprobada por la AN en vista de que este organismo está en “desacato”.

No obstante, en septiembre pasado “en un acto simbólico realizado en el Instituto Autónomo de Policía del estado Miranda con la participación de jubilados le hicimos entrega de ese proyecto de ley a los diputados de la asamblea nacional constituyente, Fernando Soto Rojas y Ricardo Sánchez, para que fuera analizado, pero hasta ahora no ha habido respuesta”, señaló García Rangel. Pero los representantes de los policías jubilados fueron más allá y decidieron enviarle una comunicación a la presidente de la ANC, Delcy Rodríguez, que tampoco ha dado respuesta.

Sin asistencia médica. Los representantes de los jubilados plantean la difícil situación que confrontan porque no hay asistencia médica inmediata y faltan recursos para adquirir los medicamentos. Actualmente el seguro es de 3.000.000 de bolívares que solo alcanza para una sola visita a una clínica en un año y de allí en adelante tienen que solicitar consultas o ser internados en hospitales donde no hay insumos.

Los jubilados padecen enfermedades como diabetes, cardiopatías, hipertensión, algunos se recuperan de un ACV y otros están discapacitados por alguna dolencia o porque durante su ejercicio profesional resultaron heridos por arma de fuego. Lo más grave es que los medicamentos no se hallan, mientras los dirigentes se encargan de conseguir donaciones para entregarlas gratuitamente a quienes las necesitan.

Pernía y García Rangel destacaron que de aprobarse la ley especial deberá crearse el Instituto de Prevención Social del Policía que, consideran, sería de gran ayuda para resolver algunos de los problemas que padecen.

La parte económica también afecta a jubilados y pensionados, y los dirigentes gremiales citan como ejemplo que un comisionado jefe de la PNB jubilado percibe mensualmente 648.000 bolívares, lo que significa 80% del sueldo que percibía cuando estaba activo. A esto se le agrega un bono por medicinas de 34.500 bolívares, además de otro por subvención de 2.858 bolívares.

Cuando el Instituto Nacional de Tránsito Terrestre dependía del Ministerio del Interior y Justicia, los funcionarios jubilados recibían cestaticket, pero al quedar adscritos a la PNB perdieron ese beneficio, asegura Pernía, quien dijo que esos derechos deben respetarse y por eso eleva esa denuncia ante el presidente Maduro y el ministro Reverol.

“Es falta de sensibilidad del Estado con hombres que dieron la vida por la seguridad de la ciudadanía y que se encuentran en indefensión porque no tienen salud”, expresó García Rangel.

Para los dirigentes de los jubilados reviste carácter de urgencia la aprobación de la ley especial porque consideran que sería la solución de los problemas de este sector de la población. Mientras tanto, para ayudar a los jubilados los gremios hacen operativos de fin de semana para venderles alimentos a precios que estén a su alcance.

El dato

Elías Eduardo Pernía, que laboró 35 años en el INTT, y Roberto García Rangel, que prestó 32 años de servicio en la Policía Metropolitana, se preguntan: ¿qué pasó con la clínica que tenía la PM en la avenida José Ángel Lamas en la parroquia San Juan?; ¿dónde están los equipos que tenía ese servicio médico que benefició a tantos funcionarios? La edificación fue derrumbada para dar paso a edificios de la Misión Vivienda.

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